La migración centroamericana. Ángulos de un problema The Centralamerican Migration. Angles of a Problem
Investigadora del CIPI sobre temas europeos y asuntos globales. Miembro de la Sociedad de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y de la Asociación Cubana de Naciones Unidas.
Los seres humanos son migrantes natos, desde el surgimiento de la especie hasta nuestros días, pero hoy son rechazados en las diversas latitudes de nuestro planeta y se incrementan las medidas restrictivas o punitivas para evitar su afluencia a los principales países receptores.
La problemática migratoria en nuestro continen- te se presenta diversa, sectorial y contradictoria. Quienes emigran hacia el Norte procuran subsistir y mejorar sus precarias condiciones de vida en me- dio de la desigualdad y el desorden económico-so- cial imperante. México es un país con dos ángulos migratorios: los nacionales que se trasladan hacia Estados Unidos y los inmigrantes centroamerica- nos que transitan hacia El Dorado americano. En tanto, el mayor país receptor universal, rechaza, pe- naliza y militariza sus fronteras.
Palabras clave: migración, rechazo, medidas pu- nitivas, desplazados.
Abstract:
Human beings are born migrants, from the emergence of our species to the present day, but today they are rejected in the different latitudes of our planet and restrictive or punitive mea- sures are increased to avoid their influx to the main receiving countries.
The migratory problem in our continent is di- verse, sectorial and contradictory. Those who emigrate to the North try to survive and impro- ve their precarious living conditions amid the prevailing inequality and economic-social di- sorder. Mexico is a country with two migratory angles: nationals who move to the United States and Central American immigrants who tran- sit to the American El Dorado. Meanwhile, the largest universal host country, rejects, penalizes and militarizes its borders.
Key words: migration, rejection, punitive mea- sures, displaced.
El problema migratorio trasciende las fronte- ras de todos los continentes, aunque el traslado corresponda a diversas motivaciones, intereses y destinos de los viajeros. Migrar constituye un acto derivado a la existencia y necesidad de supervi- vencia humanas. Lo más visible es el naufragio o la muerte durante la huida. Sin embargo, son mi- nimizados los efectos políticos, económicos, so- ciales y humanos para los acogidos o los devuel- tos y excluidos (Carrillo Ramírez, 2015: 13).
El problema migratorio se ha convertido en uno de los más acuciantes en la agenda interna- cional, al presentar una dualidad entre los intere- ses del Norte político-militar (el mayor receptor a escala universal) y el Sur, proveedor de perso- nas que, provenientes de países subdesarrollados e inestables, se trasladan con la intención de me- jorar sus condiciones socio-económicas o huir de los conflictos armados y de calamidades ecológi- cas y sanitarias.
La contradicción entre países receptores y emi- sores de migrantes y desplazados no se resuelve al corto ni mediano plazos, mientras prevalezcan las desigualdades entre el Norte y el Sur y la inequi- dad entre ricos y pobres. Centroamérica es una de las regiones con mayores desigualdades sólo erra- dicables si se aplican políticas públicas que miti- guen las causas provocadoras del éxodo hacia el Norte.
En el continente americano, los emisores se trasladan desde el sur y el centro, en un intento por sobrevivir y mejorar las condiciones elemen- tales, de las que carecen en países colonizados por las metrópolis europeas, neocolonizados por Es- tados Unidos y las transnacionales y expoliados por los más desarrollados. El artículo sobre la si- tuación migratoria expone las dificultades actua- les que afrontan los centroamericanos para que fructifique un cambio inmediato de la situación, la herencia colonial, neocolonial y neoliberal, que integra la agenda de los ejecutivos estadouniden- ses, en competencia electoralista.
Al abordar el incremento de las caravanas de inmigrantes en Centroamérica sería oportuno recordar que el ser humano es un migrante per se y sus aptitudes mutantes y móviles generaron la extensión, diversificación e interrelación entre costumbres, culturas, historia, etnias, religiones y economía en nuestro planeta.
Gracias a la voluntad migratoria del homo sa- piens, del hombre de Neardental, de los nómadas asiáticos, de los bereberes en el norte africano, de los mayas en México y Centroamérica, de los ca- ribes y taínos en el Caribe, de los incas y aimaras en América del Sur, nuestra especie se ha nutrido y vigorizado, trasmutando desde África austral hasta la Patagonia (Carrillo Ramírez, 2016).
Correspondería justipreciar un derecho, enun- ciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y refrendado entre los propósitos y prin- cipios de la Carta de las Naciones Unidas, que abo- garon por la cooperación en la solución de proble- mas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímu- lo del respeto a los derechos humanos y a las liber- tades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
También convendría recordar lo establecido por el derecho consuetudinario como son el de- recho a:
permanecer en el lugar de nacimiento
trasladarse en busca de nuevos horizontes
ser acogido y
regresar a su lugar de origen
Sin embargo, un aspecto controversial sobre las corrientes y dimensiones del actual movimiento migratorio es definir a los migrantes y sus varia- bles, que tienden a homologarse, sin conferirle las escalas de derechos diferenciados decididos por los polos de poder, las instituciones y las organi- zaciones internacionales. El problema migratorio centroamericano responde a variables comunes, contrapuestas a los intereses del actual gobierno estadounidense.
No todos los migrantes se reubican por causas idénticas ni propósitos semejantes. El migrante se traslada por voluntad propia en busca de ho- rizontes económico-sociales o ambientales más ventajosos; el desplazado huye de condiciones ex- tremadamente adversas o es forzado a trasladar- se; el refugiado solicita y recibe amparo del país receptor o de una organización internacional; el asilado sería protegido por un Estado (en Amé- rica Latina) y es denominado refugiado entre los europeos. El apátrida resulta de una u otra cate- goría, pero carece de ciudadanía o la ha perdido, ocupando la escala inferior de todos los viajeros. En el actual decenio se arraiga la tendencia a cuestionar, ilegalizar, demonizar, rechazar y de- portar a los migrantes, cuyo detonante respon- de primordialmente (según la región emisora), a factores económicos, sociales, ambientales, ecológicos, sanitarios, políticos y militares, entre otros. Con esos antecedentes, cualquier medida migratoria que se adopte debe respetar princi- pios elementales del comportamiento hacia los humanos y, no en último lugar, hacerse en el marco de los derechos humanos (Díaz Barrado,
2009: 20).
La oleada migratoria centroamericana y mexi- cana hacia Estados Unidos resulta de la agudiza- ción de la herencia colonial y neocolonial, que exacerbó las desigualdades entre el Norte y el Sur, instauró el neoliberalismo, prodigó el hambre, la pobreza extrema, la inseguridad, el desempleo, el analfabetismo, la insalubridad, los efectos nocivos del cambio climático, el incremento de la violen- cia (incluidos el paramilitarismo, el narcotráfico, la trata y el tráfico de seres humanos, de armas y órganos, entre otros), la proliferación y prolonga- ción de los conflictos.
La génesis de la migración centroamericana resulta de factores semejantes, pero también di- versos, porque ningún país es idéntico a otro, aunque la explotación y la práctica transnacio- nales o la violencia constituyan sus principales motivaciones. Hoy afrontamos una problemática
que escapa a la voluntad de los cientistas, porque para detener y mitigar el flujo migratorio habría que resolver primero sus causas generadoras y para ello se precisa cambiar el sistema distribu- tivo de la riqueza, empoderar a todos los miem- bros de la sociedad y que los países industriali- zados aporten el mínimo comprometido con las Naciones Unidas para dedicar el 0,7% de su PIB, destinado al desarrollo proporcional y sustenta- ble de los pueblos subdesarrollados.
Las medidas adoptadas contra las caravanas migratorias centroamericanas, aunque infe- riores en cifras a las que arriban a Europa, se asemejan, en cambio, a algunos métodos de la contención europea contra los desplazados e inmigrantes provenientes de África y Medio Oriente. El común denominador es acusarlos de ilegalidad por el principal país receptor (Es- tados Unidos), mientras se incrementan la re- clusión y la deportación, con mayor empleo del uso de la fuerza y de la militarización fronteri- za y la separación entre padres e hijos, acto re- pudiado por las organizaciones y la comunidad internacionales.
La panorámica expuesta a continuación siem- pre estará desactualizada, tanto debido a la diná- mica migratoria y de desplazados, como por la dificultad de precisar matemáticamente los flujos, las pérdidas de seres humanos o el control de las fronteras terrestres y marítimas, que constituyen los principales corredores humanos.
Al investigar sobre las características de su mo- vilidad, se aprecia que, en el recorrido desde Áfri- ca y Medio Oriente hacia Europa, preponderan los desplazados sobre los migrantes, mientras que en el trayecto Centroamérica-México- Estados Unidos hay más migrantes que desplazados. El más reciente informe de la Oficina Internacional de Migraciones (OIM) sobre el incremento mundial migratorio en 2017 plantea que este aumentó en un 51% hacia Eu- ropa; 19% hacia el Medio Oriente y el norte de Áfri- ca, 17% en África Subsahariana, 31% en Asia y el 12% en el continente americano (OIM, 2018).
Según la OIM hubo 244 millones de migran- tes en 2015 (3,3% de la población mundial), en su mayoría desplazados por conflictos civiles y transnacionales, con el 52% de hombres y el 48% mujeres (entre 20 y 64 años) y el 72% en edad la- boral.
Adicional a las categorías antes expuestas, re- saltan las cifras reportadas por la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que añade 22,5 millones de refugiados y solicitan- tes de asilo (17,2 protegidos y 5,3 de ellos en el Medio Oriente), correspondiendo el 51% a meno- res de 18 años de la población total de refugiados reportados (ACNUR/UNHCR, 2017).
El año 2017 se caracterizó por la continuación de múltiples crisis de desplazamiento y el surgi- miento de otras. Por ello la población mundial de desplazados forzosos aumentó a 68,5 millones de personas, frente a los 65,6 de 2016.
Los nuevos desplazamientos significativos tu- vieron lugar en la República Democrática del Congo y Myanmar, mientras continuaba el cau- sado por el conflicto sirio. Otros desplazamientos importantes han ocurrido en Burundi, Irak, Su- dán del Sur, Sudán, Ucrania y Yemen.
De la cifra reportada, 25,4 millones fueron re- fugiados, de ellos más de la mitad menores de 18 años de edad y 10 millones de apátridas, lo que significó que cada dos segundos durante el perío- do reportado, una persona se había visto obligada a desplazarse, como resultado de los conflictos y la persecución. También en los últimos diez años se produjo un crecimiento sustancial de la pobla- ción mundial de desplazados forzosos. Mientras en 2007, la cifra ascendía a 42,7 millones de per- sonas, en el decenio se incrementó en 50%.
En esa fecha ACNUR reportaba que, de un to- tal de 173 800 menores de edad durante el quin- quenio, 45 500 de ellos viajaban no acompañados, solicitando asilo individuamente en 67 países, a los que se añadieron 138 700 niños registrados por operaciones de búsqueda de la citada oficina, lo que significaba que el 52% eran menores de 18
años, para más de la mitad de la población refu- giada en 2017.
Las causas más frecuentes por regiones corres- ponden a:
África: migración interna y externa, provoca- da por la desertificación, los conflictos, el terro- rismo, los efectos del cambio climático y las pan- demias.
Asia: aumento de la migración interregional (40 millones de personas extracontinentales), motivado por el cambio de la pirámide demo- gráfica, la disminución de la natalidad y el flujo circular de estudiantes; desde China (una de las principales receptoras de divisas por remesas); las redes de tráfico humano; los conflictos de larga duración; los efectos del cambio climático; la mi- gración transitoria; el terrorismo y la intensifica- ción de la violencia sectaria.
Medio Oriente: Incremento, duración y leta- lidad de los conflictos armados y del genocidio practicados por grupos terroristas islamistas, mercenarios, coaliciones participantes en las gue- rras y la expansión israelita en Palestina, Líbano, Libia y Siria.
En América Latina y Caribe. En 2015 (25 mi- llones de migrantes residían en América del Nor- te). México constituye el segundo país de origen (12,5 millones de migrantes), es el mayor corredor del continente y un sugerente lugar de destino, de- bido a una mejoría comparativa con la región res- pecto a la situación económica y el aumento del nivel educacional. Le siguieron en calidad de paí- ses emisores: Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras (imitados a distancia por Brasil, Perú y Jamaica), todos hacia Estados Unidos, que desde 1970 es el principal Estado receptor mundial con 48 millones de migrantes residentes y el 78% del total centroamericano. Además, se intensificó la migración intrarregional en Suramérica, debido al aumento salarial, que también atrajo a inmi- grantes procedentes de España, Italia y Portugal.
A pesar de la imprecisión de los registros esta- dísticos sobre las muertes y desapariciones de los
migrantes, una cifra tentativa ofrecida por la AC- NUR arrojó en 2016:
390 en la frontera con Estados Unidos
180 en América Central
105 en el Caribe
5 143 en el Mediterráneo;
61 en la Unión Europea
114 en Europa central
235 en Medio Oriente
161 Australia y
250 en Asia
La historia migratoria centroamericana hacia Estados Unidos abarca décadas, pero se ha exa- cerbado particularmente desde 2018, etapa carac- terizada por mayor inseguridad económico-so- cial y catástrofes derivadas del cambio climático y de epidemias, como Covid-19.
Los países que conforman el Triángulo Norte centroamericano (El Salvador, Guatemala y Hon- duras) representan el 86% de todos los que bus- can acomodo y refugio en la “tierra prometida” de nuestro continente. En 2017, los inmigrantes cen- troamericanos formaban parte del 8% del total de los 44,5 millones de inmigrantes en Estados Uni- dos, cuyo flujo migratorio se desglosa como sigue:
México. 12,1 millones
El Salvador. 1,2 millones
Guatemala. 880,000
Honduras. 530,000
Resulta evidente, que los efectos del cambio cli- mático han afectado con una sequía que dura un decenio, las plantaciones de productos imprescin- dibles para el consumo por los pobres centroame- ricanos, particularmente en el denominado “co- rredor seco”, que precisamente abarca Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y multiplica las tasas de desnutrición, miseria y desempleo. Se añaden los efectos de las tormentas y huracanes que han sacudido a Centroamérica en 2020.
Un informe firmado por el subdirector gene- ral del departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO, Kostas Stamoulis enfatiza que la migración irregular de los últimos meses es una consecuencia directa de la inseguridad ali- mentaria, las crisis climáticas, la erosión del teji- do social y la falta de oportunidades económicas en las aldeas y territorios rurales de esos países. (Stamoulis, 2019).
A partir de 2011 se constató una mayor pre- sencia de niños que viajaban solos y de fami- lias inmigrantes, contra los cuales la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza efectúa arres- tos de más del 58% de los infantes, triplicados hasta junio de 2019 (alrededor de 363 000 inmi- grantes)
Cerca de una tercera parte de los inmigrantes centroamericanos han alcanzado la ciudadanía estadounidense, fundamentalmente a través de canales de reunificación familiar, habiendo sido de los mayores beneficiarios de DACA.1 Sin em- bargo, con la “demonización” de los inmigran- tes, desatada por el presidente saliente estadou- nidense en 2018 se les acusa de narcotraficantes y pandilleros y de competir por empleos y sala- rios de los norteamericanos más pobres (Trump, 2018).
El politólogo costarricense, Abelardo Mo- rales Gamboa expone que las migraciones forman parte de un continuo regional entre desplazamientos por razones económicas, polí- ticas o sociales, no siempre como una decisión individual y voluntaria, sino bajo distintos pa- trones de dominación política, de explotación económica, de violencia social o de calamida- des ambientales, que han relegado a los grupos sociales tradicionalmente excluidos a peores condiciones de desigualdad (Morales Gamboa, 2013).
En 2017 fueron presentadas a Estados Unidos, 1,7 millones de nuevas solicitudes de asilo, que,
1DACA: Programa para los inmigrantes arribados siendo menores de edad. (Ver acápite sobre Estados Unidos).
con 331 700 peticiones aceptadas, se mantuvo como el país mayor receptor, seguido mundial- mente por Alemania, Italia y Turquía.2 ACNUR reportó el aumento de refugiados y solicitantes de asilo procedentes del norte de Centroamérica, fundamentalmente en México y Estados Unidos (47% mujeres y 20% infantes). Sin embargo, esas cifras fueron sobrepasadas por las provenientes de África Central, el Cuerno Africano, África del Sur y Occidental. En nuestro continente Colombia fue el principal país fuente de desplazados inter- nos, provocado fundamentalmente por la prolon- gación de la violencia y las redes del narcotráfico. La fragilidad del mencionado acuerdo se evi- dencia con el recrudecimiento de la cruzada con- tra los solicitantes de asilo provenientes, fun- damentalmente, de Guatemala, Honduras y El Salvador, países que, junto a Costa Rica, Belice y Panamá, firmaron el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, con vista a atender las necesidades de migrantes y anfitriones en materia de seguridad, salud, medios de vida y educación, según estipula el Pacto Mundial acordado por la
ONU (Goodman y Moynihan, 2019).
La otra arista de la migración centroamerica- na y caribeña es el envío de remesas por quienes han logrado establecerse en Estados Unidos, lo que también condiciona la política de los países con familiares beneficiarios. En 2018 las remesas se incrementaron en 10%, con 88 000 millones de dólares. México fue el primer receptor de remesas (para un aumento del 11%), seguido por Guate- mala (+13%), República Dominicana y Honduras (+10%) (BBC, 2019) según cifras difundidas por el Banco Mundial (Anexo 6).
Aunque existe un común denominador en la mi- gración centroamericana, sería Necesario precisar algunas particularidades. Por ejemplo, en El Salva- dor, la violencia ejercida por pandillas que matan, violan, extorsionan y acosan a la población, instigan
a un desplazamiento en busca de seguridad. Según la ACNUR, en 2018, alrededor de 46 800 salvado- reños solicitaron asilo en otros países y al menos 71 500 fueron desplazados internos. La presidencia de- claró procurar que su país sea un lugar más seguro y por ello decidió firmar el documento citado upra. Los presidentes mexicano y salvadoreño han esta- blecido también un acuerdo bilateral, que busca me- jorar las condiciones de los migrantes.
En Guatemala la situación humanitaria exhibe mayores vulnerabilidades, debido a una nefasta herencia del período dictatorial, la proliferación de los denominados maras y la insostenibilidad económica del país (Segura, 2019). De 17 millo- nes de habitantes, más de 3 millones viven en po- breza extrema, debido al marcado deterioro de las condiciones de vida entre 2006 y 2014 y cerca de 12 millones (67% de la población) sufren caren- cias que vulneran su bienestar (PNUD, 2018).
Estados Unidos aseguró con Guatemala la con- dición de “tercer país seguro”, luego de amenazar a ese gobierno con la prohibición de viajar a Esta- dos Unidos y de aplicar impuestos y aranceles a los productos guatemaltecos exportados. El documen- to no fue ratificado parlamentariamente y es recha- zado por asociaciones como Amnistía Internacio- nal, cuya delegación regional opina que el acuerdo viola el artículo 52 de la Convención de Viena, al ser nulo al adoptarse bajo el ejercicio de amenazas. En Honduras, a semejanza del resto centroame- ricano, concurren varios factores detonantes del éxodo: la pobreza alcanza al 68% de la población; según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo representa el 59%; las pandi- llas (maras) recrudecen su acción y han converti- do al país en uno de los más violentos, con la tasa más alta de homicidios (43 por cada 100 000 habi- tantes); el acceso a la educación, la salud y los ser- vicios públicos se precariza y los costos de energía
y agua se multiplican (Sousa).
2Con Italia y Turquía la Unión Europea acordó “paquetes” de aporte financiero, a cambio de que esos países recibieran a los deportados indeseables, en calidad de receptores en tránsito hacia terceros países. Grecia (en menor escala) y Li- bia también son utilizados con esos fines.
Se añaden las crisis motivadas por el cambio climático, agravadas en 2019, como la sequía, los incendios forestales, las plagas en los bosques y en cultivos agrícolas; los daños al medio ambiente y las enfermedades derivadas, con la consiguien- te afectación de los derechos humanos. Un fac- tor omitido por los grandes medios, es también la persecución y los asesinatos cometidos contra dirigentes sociales del país, desde el golpe de esta- do en 2009. México ofreció 20 000 empleos a los inmigrantes hondureños, ubicados en la produc- ción cafetalera.
En cambio, el flujo migratorio nicaragüense no responde a iguales causas de índole económico-so- cial, ya que el país avanzó en sus ritmos de creci- miento y asistencia social a la población; sino que se ha incrementado desde 2018, como resultado de la inestabilidad artificial creada mediante actos de calle para provocar un cambio de régimen en el país, auspiciado desde el extranjero. Una de las me- tas de la administración estadounidense (plasma- da en su más reciente Estrategia de Seguridad Na- cional y voceada por sus principales dirigentes), es precisamente derrocar al gobierno sandinista por cualquier medio, incluidas las acciones militares y el cerco económico. La mayoría de los solicitantes de asilo y migrantes se dirige hacia Costa Rica.
Panamá reporta primordialmente el arribo de migrantes y solicitantes de asilo, pero no su propia emigración. Su condición de país fronterizo con Costa Rica y Colombia la sitúan como tránsito fa- vorito, oscilante entre 2 y 3 mil personas alber- gadas, distribuidas en Chiriquí y Darién (Ifobae, 2019). Entre enero y mayo de 2018 habían entra- do a Panamá más de 11 103 migrantes, de ellos 258 niñas y 202 niños (SENAFRON, 2000). Pero el problema más preocupante para las autorida- des del país es la explotación humana, por ban- das traficantes de migrantes, precisamente cru- zando la frontera selvática de Darién, incluido un laboratorio en la capital, donde se confeccionan
3Transmigrante: de paso por un territorio, para llegar a otro.
documentos falsos para los viajeros (Cubadebate, 2019/01/03).
La migración en México podría considerar- se atípica, si se parte de sus manifestaciones: a) una constante migración hacia Estados Unidos (presenta la mayor cifra de trabajadores ilegales, sub-asalariados e indocumentados latinoameri- canos) y b) constituye el corredor de los centroa- mericanos hacia Estados Unidos.
La diáspora más numerosa en Estados Unidos es la mexicana, que se calcula en alrededor de 11,5 millones de personas, mientras que le siguen los restantes latinoamericanos (unos 9,5 millo- nes). Cifras tentativas señalan que la colectividad mexicana representa el 27,7% del total inmigrante (Muñoz Bravo, 2018)
La problemática migratoria mexicana es analiza- da por varios politólogos de ese país, como resulta- do de problemas acumulados por la inestabilidad económico-social, la degradación y corrupción de sucesivos gobiernos, la inseguridad ciudadana, la concurrencia de factores externos, el desequilibrio poblacional y regional, la impunidad criminal de cárteles y agencias (entre otros factores).
Entre los analistas se halla el Profesor Mario Ruiz Sotelo, quien atribuye parte de los proble- mas migratorios a “las regresiones, desde el últi- mo decenio del siglo pasado de la política exte- rior solidaria del país con perseguidos políticos; al despliegue del Plan Mérida (que fue un retroce- so para la concesión de asilo); a los compromisos con Estados Unidos mediante el TELECAN, que frenó y militarizó las fronteras contra los ‘trans- migrantes’3 y la discriminación estructural de los emigrantes mexicanos hacia el Norte, sujetos a la extorsión, la violación femenina e infantil y a mayor vulnerabilidad ante el crimen organiza- do”(Ruiz Sotelo, 2016).
A su vez, el experto de OIM, Lelio Mármora, considera que la lógica de seguridad y la crisis financiera de 2018 fueron caldo de cultivo para generar, por políticos y grupos de presión, una percepción negativa de los migrantes, incluso xe- nofóbica y, particularmente en contra de los indo- cumentados, a quienes se les ubicó como amena- za latente (Mármora, 2018).
En 2019 la presidencia mexicana propuso un programa denominado “Sembrando vida” para mejorar las condiciones de vida y educación de los jóvenes, con la finalidad de reducir su emigra- ción y garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos a los integrantes de las nue- vas caravanas que transiten hacia Estados Unidos, respetando su libertad de movimiento y promo- viendo que el gobierno estadounidense concilie opciones con los gobiernos de los países mayores emisores centroamericanos.
El acuerdo migratorio suscrito entre México y Estados Unidos en junio de 2019 aproximó al- gunas posiciones de ambas partes, pero persis- tieron las divergencias sustanciales en el enfoque de ambos gobiernos para mitigar los problemas incrementados por la afluencia centroamericana. Al inicio de las conversaciones el presidente es- tadounidense pretendió que México costeara la construcción del muro.
El acuerdo estableció un tope de deportados solicitantes de asilo de 100 diarios por tres puntos fronterizos y la posibilidad de permanecer hasta 180 días en el territorio mexicano en calidad de turistas. Pero entre junio y agosto se incrementó el flujo migratorio y el presidente estadouniden- se amenazó al gobierno mexicano con elevarle los aranceles a sus productos, si no detenía el tránsito. En agosto de 2019 empeoró la situación, de- bido a la ocurrencia de crímenes de odio en El Paso, donde perdieron la vida migrantes, a ma- nos del cártel de los Zetas,4 unido a las acciones
de autoridades estadounidenses que denigran a mujeres, incrementan la trata femenina e infan- til, separan a los hijos de sus padres, aplican un régimen penitenciario inhumano a los alberga- dos y ponen en peligro la vida de infantes.
El gobierno mexicano rechazó al inicio la pre- sencia de fuerzas armadas estadounidenses, soli- citando asesoría a organizaciones internacionales para evitar fricciones o conflictos con su vecino y plantea proseguir la búsqueda de soluciones a la problemática de más de medio millón de per- sonas que han transitado en 2019 por su territo- rio, de los cuales 10 mil esperan asilo en territorio mexicano, una solución diferente de la planteada por Washington de utilizar a México como un tercer país seguro. A partir de las presiones aran- celarias, México ha desplegado quince mil guar- dias en la frontera.
sis desde 2001).5
Al ser el territorio estadounidense el más ambi- cionado por los migrantes centroamericanos y los mexicanos en su conjunto, resulta atinado resu- mir su comportamiento ante el tema de estudio.
No obstante, la renovación demográfica de ese país depende, en gran medida de los inmigrantes y su descendencia, siendo los latinoamericanos los más jóvenes arribados a su territorio, con superior tasa de nacimientos (72,1 por cada mil mujeres). Es paradójico, que a pesar de hallarse Estados Unidos entre los 10 primeros países por desarrollo huma- no, es muy limitado el presupuesto destinado a los
4Que recuerda, a menor escala, la masacre de San Fernando, en Tamaulipas (se calcularon entre 72 y 279 cuerpos, eje- cutados por el cártel narcotraficante y de tratantes femeninos de los Zetas en 2010).
5Explosión de las Torres Gemelas de Nueva York, 11 de septiembre de 2001.
servicios sociales, justicia y salud para inmigrantes y, mucho más, para indocumentados.
Un estudioso sobre la materia, Tomás Milton Muñoz Bravo, extrae conclusiones sobre la cri- minalización de las migraciones, su politización y securitización. En tal sentido señala: “la crimina- lización de la migración se ha convertido en una constante durante tres lustros e incluso, durante la administración de Barack Obama. Estados Uni- dos se aprovecha de la mano de obra barata para costear áreas como la agricultura, los servicios y la construcción” (Muñoz Bravo, 2018).
Al abordar la situación actual sobre los pro- blemas que origina y provoca la migración cen- troamericana, sería prudente registrar que la ra- dicalización de las medidas prohibitorias o de rechazo adoptadas por el principal país receptor mundial no son novedosas, aunque hayan expe- rimentado una transformación, según las diver- sas épocas.
A pesar de que Estados Unidos es una nación multiétnica y se ha conformado a partir de un constante flujo migratorio que sustituyó como mano de obra barata a las diezmadas tribus au- tóctonas, la normativa adoptada para impedirlo proviene desde el siglo XVIII. A continuación un resumen de sus normas más conocidas:
En 1798, la primera de ellas, procuró frenar la influencia político-social de los migrantes euro- peos, desde la ocurrencia de la Revolución Fran- cesa.
6Dreamers: soñadores. Los requisitos para ser beneficiario del DACA son: ser menor de 31 años en 2012; haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años; ser residente continuo desde 2012; estudiar en la escuela, haberse gra- duado o haber servido en guardia costera o fuerzas armadas y no haber sido sancionado por delito grave o amenaza a la seguridad nacional o pública.
7DAPA: por sus siglas en ingles
(ICE) promovieron no retener a la mayoría de los 11 millones de inmigrantes clandestinos.
2018-2019 la decisión presidencial estadouni- dense para erigir un muro blindado en la frontera con México costó, en su primera fase, la parálisis presupuestaria del gobierno, traducido en un cie- rre parcial de la administración. Ante la negativa del Senado a otorgar fondos ascendentes a 5,700 millones de dólares, la presidencia propuso otor- gar un permiso temporal para los dreamers y ex- tender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los refugiados extranjeros. Un posterior planteamiento reclamó el otorgamiento de 8,600 millones de dólares con tal propósito (BBC Mun- do-Univisión, 2017).
En 2019 y 2020 las contradicciones internas de la administración estadounidense han girado en torno a las medidas relacionadas con la inmi- gración y, en medio de la campaña reelectoral del presidente Donald Trump, pretenden beneficiar su imagen hacia el establishment y los electores blancos, pero augura el rechazo de parte del elec- torado de origen hispano y musulmán.
La remilitarización de la frontera, la aceleración constructiva del muro —con presupuesto suple- mentario— y la más reciente decisión de la ofici- na de inmigración y extranjería de no autorizar el acceso a los aspirantes supuestamente afiliados a un partido comunista, se suman a las crecientes regulaciones que proscriben la acogida a los mi- grantes.
Las más recientes medidas antiinmigrantes esta- dounidenses preocupan a la ACNUR. Por ejemplo: respecto a las nuevas condiciones para el asilo, por- que “la medida restringe excesivamente el derecho a
solicitarlo y pondrá en riesgo a las personas vulne- rables que necesitan protección internacional y hu- yen de sus países por la violencia o la persecución, considerando la medida severa y que no es la mejor forma de avanzar” (ACNUR/Dreifuss, 2019).
Entre otras disposiciones, se suman la modifi- cación del programa de visados EB-5, que facili- taba la residencia permanente para inversionistas (Cubadebate, 2019/07/23), el inicio de restric- ciones de los servicios educativos y recreativos y la asistencia legal para los niños migrantes que permanecen en refugios gubernamentales (re- portados alrededor de 13 200, internados en 100 albergues), con oposición de organizaciones hu- manitarias (Cubadebate, 2019/06/05); así como el nombramiento de un nuevo jefe del Servicio de Migración, que “aplique una política migratoria fuerte, sólida y justa” (Cubadebate, 2019/05/05).
Las cuestionables medidas antiinmigrantes se ejemplifican con detenciones en Texas de 168 in- migrantes irregulares procedentes de Centroamé- rica, Cuba y Venezuela (Cubadebate, 2019/06/06), un aumento del 32% de las detenciones en el mes de mayo, en comparación con abril (144 278 de- tenidos y 11 391 declarados inadmisibles); la pro- puesta al gobierno de modificar el protocolo de detención en las fronteras, con vista a garantizar la seguridad de los menores, después del escán- dalo provocado por la muerte de varios infantes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza (CBP); la redada en Misisipi a 680 inmigrantes y el inicio de 6 848 investigaciones en 2018 para el 300% de in- cremento en comparación con el año precedente. Más recientemente, la puesta en vigor de la nor- mativa SB 168 antiinmigrante en el estado de la Florida, prohíbe las llamadas ciudades santuario que se oponían a cooperar con las autoridades federales durante el proceso para deportar a ex- tranjeros indocumentados y mantenerlos en las cárceles para deportar a los detenidos, a veces por
simples infracciones (Cubadebate, 2019/07/01).
La campaña electoral sirve de marco para la búsqueda de votos por algunos candidatos, como
el demócrata Joseph Biden, quien promete un giro en la política migratoria, que incluiría lega- lizar a los denominados dreamers, proporcionar facilidades para la concesión de la ciudadanía a unos 11 millones de personas y dar la bienveni- da a quienes solicitan asilo, determinando previa- mente sus motivos. El nuevo presidente demócra- ta ha planteado entre sus prioridades durante los primeros cien días, procurar soluciones al proble- ma migratorio.
El derecho, como expresión de la voluntad de la clase dominante o de organismos internacionales preponderantes, ha proliferado los marcos con- ceptuales, las definiciones, los pactos, las conven- ciones, los tratados y otras normas jurídicas, con la finalidad de regular, directa o indirectamente, el comportamiento a seguir, relacionado con la migración.
Las tendencias fundamentales para el rechazo, la deportación y las sanciones contra los migran- tes, transitan desde lo planteado por los polos de poder en el sentido de que los problemas sociales de la migración “amenazan su seguridad”, lo que constituye un pretexto para militarizarse más con- tra el “peligro migratorio”. Aducen, además, que los migrantes pueden desestabilizar la integración do- méstica, amenazar el orden público; acoger a pre- suntos vinculados con el terrorismo; provocar una aversión social al no asimilar costumbres foráneas de religiones, etnias ni culturas diferentes y una preocupación económica ante el desplazamiento laboral por personas no calificadas.
Tanto en América, como en la Unión Europea, donde se hallan los principales países receptores de migrantes y desplazados, renacen corrientes fascis- tas discriminatorias de las personas no autóctonas, que complejizan el tratamiento a los foráneos.
Lo más visible en los mayores países recepto- res es que, a partir de la exacerbación de los des- plazamientos y las migraciones, se incrementa la tendencia a calificarlos como culpables de un de-
lito, a penalizar la ayuda humanitaria al migran- te, a reprimir o multar el trabajo indocumentado
—tanto al empleador como al empleado— y a ra- dicalizar las sanciones o impedir el arribo de in- migrantes procedentes de países específicos.
Más que la teoría y los conceptos, sería opor- tuno reflejar la trascendencia de la legislación in- ternacional adoptada desde el siglo XX, que puede reconocerse como un empeño por “humanizar” la situación migratoria, pero que padece de dos de- fectos: su carácter no vinculante y la incapacidad (dependiente de la voluntad política de las partes) para resolver las causas que detonan la migración como un problema global.
Resultaría infinito relatar las principales inobser- vancias o transgresiones de las normas inherentes a los derechos humanos y a la migración existentes, por lo que seleccionamos planteamientos de la De- claración Universal de los Derechos Humanos, del preámbulo de la Carta ONU, de los estatutos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNI- CEF) y de las Convenciones de los derechos del niño y contra toda discriminación de la Mujer. A modo de alerta, importantes países receptores es- tán pendientes de suscribirlos. (Anexo 1)
Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible hasta el año 2030, aprobado por las Naciones Uni- das plantean entre sus 17 propósitos dignificar la migración como una reserva de potencialidades y entendimiento entre los pueblos. En tanto el do- cumento más reciente que intenta normalizar la situación es el Pacto Mundial sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular, acordado en 2018 (ONU, 2018) Entre sus 23 objetivos resaltan:
Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen; aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular; abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración; salvar vidas y em- prender iniciativas internacionales coordinadas so- bre los migrantes desaparecidos; prevenir, comba- tir y erradicar la trata de personas en la migración internacional; utilizar la detención como último
recurso y buscar alternativas; empoderar a los mi- grantes para su plena inclusión social; crear condi- ciones necesarias para que migrantes y diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sosteni- ble; promover transferencias de remesas más rápi- das, seguras y económicas y fortalecer la coopera- ción internacional y las alianzas mundiales.
El citado Pacto está plagado de buenas inten- ciones. Su resultado efectivo dependerá —entre otros factores— de la voluntad política, las con- diciones económico sociales, medidas efectivas para la adaptación al cambio climático, la dismi- nución de las amenazas de violencia y conflictos en nuestro continente (no solo en Centroaméri- ca), del aporte pendiente del 0,7% de los países más industrializados para contribuir al desarro- llo a los pueblos menos favorecidos, de la com- prensión y el cese de actitudes y medidas discri- minatorias contra migrantes y desplazados y de que fructifique una mayor propensión a la paz y el cese de la amenaza y del uso de la fuerza.
Para quienes migran o se desplazan desde América Central, el Dorado estadounidense les mitigaría las carencias, les facilitaría emplearse eventual o clandestinamente, pero al costo de su desarraigo sociocultural y de riesgos fami- liares en los que pierde la identidad y arriesga la familia.
Para el principal Estado receptor del mundo, los inmigrantes y desplazados son individuos ilegales, por lo tanto, objeto del rechazo, porque transgreden sus fronteras y la seguridad nacional, compiten en el mercado laboral e introducen há- bitos y culturas ajenos.
Los impactos más visibles en la actualidad con- sisten en:
Contravención de principios de humanidad, solidaridad e igualdad de derechos.
Fragmentación y disfunción familiares.
Desarraigo, incertidumbre, inestabilidad, re- chazo, discriminación y xenofobia.
Insalubridad en campamentos de detención o en albergues.
Incremento de la trata y del tráfico humanos.
Retroceso hacia la esclavitud sexual y econó- mica.
Muerte.
Desempleo geométrico.
Abandono del hábitat.
Asimilación discriminatoria a nuevas costum- bres.
Desestructuración de bienes patrimoniales e históricos.
Omisión de principios refrendados por el De- recho Internacional Humanitario, como la no de- volución hacia lugares donde corren peligro.
Sanciones penales por migrar o por acogerlos.
La afluencia migratoria centroamericana es inferior en cifras que la oleada africana y me- soriental hacia Europa, pero presenta los rasgos del desarraigo, el rechazo, la discriminación, la xenofobia, la violencia y las sanciones contra mi- grantes y desplazados, elementos que contradicen principios del Derecho Internacional y del Dere- cho Internacional Humanitario, refrendados por una parte importante de la comunidad interna- cional.
El problema migratorio requiere ser analizado en su contextualidad, justicia y equidad, mediante la prioridad a las causas que lo originan y no me- diante la punición a quienes viajan para huir de sus problemas.
Eliminar las medidas y acciones xenófobas, depende de factores culturales, voluntad políti- ca y utilización de prácticas comprometidas para evitar los enfrentamientos y la aplicación de me- didas coercitivas militarizadas, que conducen a situaciones violatorias de los derechos humanos.
Migrar no constituye un delito, sino un dere- cho establecido. Por tales motivos, el migrante y el desplazado no deben ser juzgados como ilegales, sino como viajeros irregulares.
La virulencia en sucesivas declaraciones de la presidencia estadounidense contra la inmigra- ción, insiste sobre el peligro atribuido a los cen- troamericanos indeseados contra la seguridad, las fronteras, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero en realidad incrementa la xeno- fobia y el racismo, instigando algunos crímenes individuales o lo que podríamos denominar te- rrorismo doméstico estadounidense.
La campaña electoral de 2016 en Estados Uni- dos utilizó como tema central la inmigración. Du- rante la campaña para la reelección en 2020, el can- didato republicano arguye el peligro migratorio,
incrementa los fondos para su ambicioso muro de contención, provoca una crisis en el Departamento de Seguridad Interna de su país y radicaliza las me- didas represivas contra las familias de los extran- jeros indeseados, luego de haber obtenido escasos frutos de las medidas restrictivas contra los musul- manes, centrándose contra México y Centroamé- rica.
Como parte de la citada campaña, un cam- bio del ejecutivo podría inclinar la balanza hacia un eventual cambio de la política migratoria es- tadounidense, que mitigue la crisis actual prove- niente de Centroamérica.
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País | 2017 | 2018 | Aumento |
Colombia | 5 531 | 6 411 | 15,90 % |
Guatemala | 8 449 | 9 573 | 13,30 % |
Uruguay | 98 | 110 | 11,70 % |
México | 32 271 | 35 659 | 10,50 % |
Rep. Dominicana | 6 178 | 6 789 | 9,90 % |
Honduras | 4 323 | 4 746 | 9,80 % |
Haití | 2 722 | 2 986 | 9,70 % |
Argentina | 450 | 493 | 9,70 % |
Brasil | 2 699 | 2 934 | 8,70 % |
Ecuador | 2 849 | 3 086 | 8,30 % |
El Salvador | 5 054 | 5 458 | 8,00 % |
Nicaragua | 1 395 | 1 505 | 7,90 % |
Perú | 3 051 | 3 250 | 6,50 % |
Venezuela | 279 | 297 | 6,48 % |
Chile | 45 | 46 | 2,82 % |
Panamá | 533 | 538 | 0,90 % |
Bolivia | 1 305 | 1 284 | -1,60 % |
Costa Rica | 564 | 528 | -6,30 % |
Paraguay | 704 | 573 | -18,57 % |
Fuente: Banco Mundial, 2018.
Región y País | Número de inmigrantes | Porcentaje (%) |
Centroamérica (total) | 3,527,000 | 100.0 |
El Salvador | 1,402,000 | 39.7 |
Guatemala | 959,000 | 27.2 |
Honduras | 655,000 | 18.6 |
Nicaragua | 263,000 | 7.5 |
Panamá | 107,000 | 3.0 |
Costa Rica | 83,000 | 2.4 |
Belize | 49,000 | 1.4 |
Otros | 10,000 | 0.3 |
Fuente: Tabulación de datos de Migration Policy Institute (MPI) con ci- fras de la Encuesta de Comunidades Estadounidenses (ACS) de la Ofici- na del Censo de los Estados Unidos en 2017.