Cuadernos de Nuestra América/Nueva Época/No. 011 / abril-junio 2024/
RNPS: 2529 /ISSN: 2959-9849/97 pp.
La política exterior bolivariana frente a la política de máxima presión de Estados Unidos en el período 2019-2022
Bolivarian foreign policy versus the maximum pressure policy of the United States in the period 2019-2022
Fecha de recepción: abril 2024
Fecha de aceptación: abril 2024
Ms.C. Indira Herrera Yera
Máster en Ciencias Políticas. Licenciada en Relaciones Internacionales. Especialista en Relaciones Exteriores en la Dirección de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba (MINREX).
e-mail: indirahy@gmail.com
ORCID: 0009-0000-2470-8343
Resumen
En el período 2019-2022, Venezuela enfrentó la política de máxima presión y de desconocimiento de Estados Unidos que buscó la implosión del proceso bolivariano. Al recrudecimiento de las presiones económicas y el estímulo de divisiones dentro de la unión cívico-militar, se sumaron los intentos de ais-
lamiento diplomático y una brutal campaña de desinformación. La política exterior bolivariana se reajustó para hacerle frente a estas amenazas externas y al impacto multisectorial de las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre la sociedad venezolana en su conjunto. En el presente trabajo se abordarán los componentes de la política agresiva de Estados Unidos contra Venezuela en el ámbito externo, la readecuación de la política exterior venezolana para hacerle frente y los principales factores que incidieron en su desmontaje.
Palabras clave: Sanciones. Aislamiento. Chavismo. Diplomacia Bolivariana de Paz.
Abstract
Between 2019-2022, Venezuela faced a policy of maximum pressure and no recognition of the elected goverment from the United States that sought the implosion of the Bolivarian process. To the intensification of economic pressures and the encouragement of divisions within the civil-military union, were added attempts at diplomatic isolation and a brutal disinformation campaign. Bolivarian foreign policy was readjusted to face these external threats and the multi-sectoral impact of the sanctions imposed by the United States on Venezuelan society as a whole. This paper will address the components of the aggressive policy of the United States against Venezuela in the international field, the readjustment of Venezuelan foreign policy to confront it and the main factors that influenced its dismantling.
Keywords: Sanctions. Isolation. Chavismo. Bolivarian Peace Diplomacy.
Desarrollo
La política de máxima presión que ejerció Estados Unidos contra Venezuela, con marcada beligerancia entre 2019 y 2022, constituye un caso contemporáneo del intervencionismo de Washington en la región, con severas implicaciones para las relaciones internacionales. La utilización de las más variadas y extremas vías para derrocar el proceso bolivariano, han sentado precedentes negativos para el normal desenvolvimiento de las relaciones entre los países y para el Derecho Internacional. La naturaleza injerencista y abarcadora de los planes de Estados Unidos para el cambio de régimen en Venezuela llevó a que la confrontación sobrepasara los límites bilaterales y se ampliara a otros actores y regiones del mundo.
La intensa campaña de desinformación y demonización del proceso bolivariano y de la realidad política y socioeconómica del país sudamericano persiste hasta nuestros días. El imaginario sobre Venezuela que presentan los medios occidentales sigue respondiendo a fines desestabilizadores. Es común encontrarse bibliografía que presenta una falsa Venezuela autoaislada y que justifica la aplicación de medidas coercitivas unilaterales para implosionar el gobierno. A las insuficientes investigaciones con carácter científico sobre la situación del país en los últimos años, se suma el sesgo ideológico y desinformativo, que complejiza el análisis sobre este periodo crítico de Venezuela y de América Latina y el Caribe.
¿En qué consistió la política de máxima presión contra Venezuela? ¿Cómo el gobierno bolivariano la resistió y cuáles fueron algunos de los factores que incidieron en su desmontaje? Estas son algunas de las preguntas que se buscan responder en las siguientes líneas.
La política exterior es la actividad de un Estado y otros actores que conforman el sistema político de un país en sus relaciones con otros estados y demás actores del sistema internacional, en función de los objetivos exteriores que determinan los intereses de la clase dominante en un momento o período determinado. Esta es una definición construida a partir de lo propuesto por el eminente profesor Roberto González Gómez, en su libro Teoría de las Relaciones Internacionales (1990), y de la premisa de que en la actualidad las interacciones que se producen en materia de relaciones internacionales no ocurren solamente a través de estados, sino que participan diversos actores que conforman el estado y la sociedad civil.
En el caso de Venezuela, expertos consultados plantean un grupo de características como:
La llegada al poder de las fuerzas de izquierda en Venezuela en 1998, dio comienzo a un proceso histórico de cambios sociales, políticos y económicos de gran calado. Paralelo a las transformaciones en el ámbito doméstico, la Revolución bolivariana también marcó hitos en materia de política exterior, lo que significó una ruptura respecto de las proyecciones de los gobiernos entre 1958-1998.
La política exterior bolivariana pronto se diferenció por su naturaleza emancipadora, contrahegemónica e integracionista. La caracterizaron Los aportes a la integración latinoamericana y caribeña, a la cons-trucción de esquemas de cooperación y la defensa de un “mundo “multipolar”, un “mundo equilibrado” y de paz (Chávez, 1999).
También pronto se hizo evidente que la relación Washington-Caracas no sería de respeto y cooperación, sino que, por el contrario, el objetivo de Estados Unidos de derrocar el proceso bolivariano complejizaría el relacionamiento bilateral. Son conocidos los episodios de injerencia y promoción de la desestabilización interna como el respaldo al golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año (PDVSA, 2019).
La muerte del líder de la Revolución bolivariana Hugo Chávez, en marzo de 2013; la adopción de la orden ejecutiva 13692 por el presidente Barack Obama (2009-2017) que catalogó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de Estados Unidos, en marzo de 2015; y el ascenso de fuerzas ultraconservadoras en puestos clave en Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), constituyeron eventos catalizadores para el endurecimiento progresivo de la política confrontacional de Washington contra Caracas.
Es durante la última presidencia de Nicolás Maduro (2019-2024) y ante la imposibilidad del cambio de régimen por la vía electoral y la violencia interna, que Washington implementó su política de máxima presión, para intentar provocar el aislamiento diplomático, el descrédito de las instituciones bolivarianas, la desestabilización económica y la división de la unión cívico-militar, como sus principales componentes.
Entre 2019 y 2022, se registraron los mayores niveles de conflictividad entre Caracas y Washington, a lo que se sumaron los aliados europeos y latinoamericanos de este último, así como la actitud agresiva y de boicot electoral de la oposición radical interna. Las acciones promovidas por Estados Unidos contra el proceso bolivariano en este período constituyeron una amenaza para la seguridad nacional venezolana y agudizaron la escalada de tensiones entre ambos países.
Se refuerza el plan desestabilizador
El 23 de enero de 2019 marcó el comienzo de un plan desestabilizador basado en la modelación de un gobierno paralelo, en un contexto regional de inclinación a la derecha. Poco más de 50 países en todo el mundo reconocieron al dirigente opositor de extrema derecha Juan Guaidó como presidente interino. De ellos, la mayoría de América Latina y el Caribe y Europa.
Los gobiernos de derecha de América Latina y el Caribe de aquel momento, secundaron las acciones injerencistas de Estados Unidos, y en algunos casos, se convirtieron en la cara visible de la ofensiva estadounidense.
El Grupo de Lima, constituido el 8 de agosto de 2017, aumentó su activismo a partir de este momento. Esta agrupación de gobiernos, de marcada naturaleza injerencista, promovió ataques en el ámbito multilateral en materia de derechos humanos, narcotráfico y migratorio. Igualmente, buscó limitar la participación de Venezuela en el ámbito internacional. Por citar algunos ejemplos, Venezuela fue suspendida de Mercosur, por decisión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el 5 de agosto de 2017. En el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas promovieron la creación de una “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos”, establecida el 27 de septiembre de 2019, mediante la resolución 42/25 y renovada hasta septiembre de 2024, con el mandato de evaluar presuntas violaciones de derechos humanos desde 2014. Este mecanismo, rechazado fuertemente por Caracas, continúa presentando nefastos informes sobre esta materia.
A pesar de que la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos se hizo efectiva el 26 de abril de 2019, Estados Unidos propició la aceptación ilegal de un representante de Guaidó, y la situación del país continuó siendo objeto de debates y resoluciones, motivado por razones políticas.
La hostilidad y la injerencia llegaron a niveles extremos, lo que se reflejó en el enfriamiento de las relaciones políticas entre Venezuela y los países que reconocían al pseudo interinato. El retroceso de los vínculos de Venezuela con algunos gobiernos de la región, se reflejaron en el cierre de consulados y embajadas, expulsión de diplomáticos por ambas partes y ruptura de relaciones diplomáticas. La incursión violenta en inmuebles diplomáticos, el reconocimiento de representantes de un artificial gobierno interino por encima de un gobierno electo en las urnas, fueron hechos lamentables y sin precedentes, violatorios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Carta de Naciones Unidas.
La criminalización y persecución de dirigentes chavistas continuó, impulsada por Estados Unidos y sus aliados regionales. El 27 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la Corte Penal Internacional la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde febrero de 2014. Este caso, nombrado Venezuela I, ha continuado su curso en esta instancia (Corte Penal Internacional, 2023). Se trata de la primera vez que la Corte abre una investigación formal en América Latina (de Alba, 2021).
Igualmente, en marzo de 2020, el fiscal general estadounidense William Barr, anunció la presentación de cargos en tribunales de su país contra el presidente venezolano y otros funcionarios, por los presuntos delitos de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos. Se anunció la recompensa de 15 millones USD para la captura del mandatario venezolano (Pablo y Manetto, 2023).
Con la administración de Donald Trump (2017-2021) la presión económica se recrudeció hasta niveles excesivos. La adopción de 6 órdenes ejecutivas entre 2017 y 2019 brindó el marco jurídico para el endurecimiento del régimen sancionatorio contra las principales fuentes de ingresos nacionales y la capacidad de compra del país. Washington sancionó de manera quirúrgica a 69 buques y a 156 empresas nacionales y extranjeras por operar con Venezuela (Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2024). El efecto disuasivo de las sanciones generó aprensión en las empresas petroleras que históricamente habían mantenido negocios con el país sudamericano.
Según datos oficiales (Castillo, 2023), las sanciones provocaron la contracción de la producción petrolera en un 72 %, entre 2015 y 2022. Venezuela pasó de producir un promedio de 2,5 millones de barriles diarios, a producir en su punto más bajo, en junio de 2020, 340 mil barriles por día. Esto condujo a una caída estrepitosa de la economía. En 2020 los ingresos del país fueron 743 millones USD, lo que representó una caída de un 99 % con respecto de los obtenidos en 2014. Las pérdidas totales de la economía fueron de 642 mil millones USD entre 2015 y 2022.
Precisamente, el desconocimiento a la institucionalidad bolivariana, tanto por Estados Unidos como otros países del mundo, sentó las bases para el despojo de los activos del estado venezolano en el exterior. El Observatorio Venezolano Antibloqueo identificó 22 mil millones de dólares bloqueados en bancos privados y organismos multilaterales, que son recursos venezolanos (Castillo, 2023).
Como se ha apreciado, la política de desconocimiento y aislamiento de Estados Unidos, el balance desfavorable de la correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe, el impacto de las sanciones estadounidenses a la industria petrolera y a la capacidad de compra del Estado, fueron variables que incidieron en la configuración de un escenario internacional adverso para Venezuela entre 2019 y 2022, e influyeron en la elaboración e implementación de los objetivos de política exterior del país.
La estrategia bolivariana
En este complejo contexto que enfrentó el proceso bolivariano entre 2019 y 2022, la política interna se dirigió a dos frentes principales: la recuperación de la economía y la estabilización política. El Ejecutivo adoptó un conjunto de medidas económicas que incluyó el fortalecimiento de alianzas con el sector privado, el estímulo a la producción nacional, y la diversificación de socios económicos (Misión Verdad, 2021).
Los objetivos de política exterior bolivariana se alinearon con la política económica interna y necesidad de enfrentar las amenazas provenientes del exterior y al impacto multisectorial de las sanciones. La proyección de los principales dirigentes del país, y en particular, del presidente Nicolás Maduro, acentuó los valores de la denominada diplomacia bolivariana de paz, caracterizada por el respeto a la soberanía de los estados, la disposición al diálogo y la negociación y el compromiso con la integración.
Uno de los objetivos fue el reforzamiento de la legitimidad del gobierno y de las instituciones nacionales. Esto se expresó en un grupo de acciones para consolidar el liderazgo de Venezuela en la región, la reinserción en espacios regionales y multilaterales y la recomposición de vínculos bilaterales con varios países.
En este contexto, fueron vitales los respaldos políticos de las naciones africanas y caribeñas (Matheus, J., 2019), del Oriente Medio y otros países de peso en el sistema de relaciones internacionales como China y Rusia, por lo que Caracas intensificó los contactos con estos actores. Esto explica la visita del entonces canciller Jorge Arreaza por África, Asia y Medio Oriente, entre marzo y abril de 2019 (AVN, 2019).
La virulencia adoptada por el Grupo de Lima y la potente campaña de manipulación construida desde las maquinarias políticas y mediáticas hizo difícil el avance de relaciones con estos gobiernos, por lo que Venezuela apostó por estrechar puentes con movimientos sociales y políticos de la región. En estos años, Venezuela fue sede de numerosos eventos de corte progresista y social como el XXV Foro de Sao Paolo, el I Congreso Internacional Afrodescendiente, el I Congreso Internacional de Mujeres por la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, el 18 Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes (CLAE), entre otros. Además, se creó el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, el 19 de agosto de 2020.
En estos complejos años, se confirmó el papel del ALBA-TCP como espacio de concertación política y de promoción de la unidad y la cooperación, ante los intentos de sembrar la desunión. Los países miembros de la Alianza constituyeron un importante bastión de defensa de la Revolución bolivariana y de solidaridad entre sus miembros. El fortalecimiento del ALBA-TCP continuó siendo una prioridad dentro de la agenda de política exterior de Venezuela, que ha preservado su activismo e iniciativa a pesar del fuerte impacto económico de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Cuba mantuvo una posición activa, de respaldo al proceso bolivariano, al presidente Maduro y a la unión cívico-militar. El rechazo a la imposición de medidas coercitivas unilaterales y a la injerencia externa en los asuntos venezolanos han sido posiciones invariables de la política exterior cubana.
Otro de los objetivos de la política exterior bolivariana fue contribuir a la recuperación económica y de la industria petrolera. Para lograrlo, era necesario debilitar los efectos del sistema de sanciones estadounidenses, a través del estrechamiento de vínculos con socios extrarregionales y economías emergentes como Irán, Turquía, China y Rusia, y la denuncia de las medidas coercitivas unilaterales en el ámbito multilateral. Con los países mencionados, Venezuela mantenía relaciones cercanas desde el triunfo de la Revolución Bolivariana e incluso antes, en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Varios analistas coinciden que estos países fueron clave en el esfuerzo de Caracas frente a los intentos de cerco diplomático y económico. Al verse afectado el sistema de comercialización y producción de crudo, las refinerías y los suministros de insumos imprescindibles para el normal funcionamiento de la industria petrolera, producto de las sanciones de Estados Unidos, las relaciones con países desafiantes a los intereses dominantes de Washington se convirtieron en estratégicas.
El papel de Irán para para encarar la crisis de refinación ha sido públicamente reconocido por el presidente Maduro (Misión Verdad, 2021). El mandatario, a inicios de 2021, dio a conocer que Irán suministró repuestos para las refinerías nacionales, con lo que la producción de gasolina logró niveles de recuperación.
En el caso de Turquía, las relaciones cobraron un importante impulso a partir de 2017, con múltiples visitas mutuas de alto nivel (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, 2024). Entre 2017 y 2022, el presidente Maduro realizó 4 visitas a Turquía y su homólogo, Recep Tayyip Erdoğan, realizó una visita oficial a Caracas el 3 de diciembre de 2018. Esta fue la primera visita a Venezuela de un presidente turco. Entre 2019 y 2022, se sucedieron varias visitas a nivel de vicepresidente y canciller, y se firmaron acuerdos en diversas áreas de la economía. El volumen de comercio entre ambos países fue de aproximadamente 852 millones USD a finales de 2021, lo que significa un aumento significativo, si se tiene en cuenta que en 2019 era de apenas 150 millones USD (TRT, 2022).
Rusia y China continuaron siendo socios estratégicos de Venezuela. En ambos casos las relaciones son históricas y abarcadoras, con acuerdos firmados en numerosas áreas como la cooperación militar, energética, comercio, agricultura y de salud. En particular con Rusia, se mantuvieron los contactos al más alto nivel. El presidente Maduro visitó Rusia en diciembre de 2018 y en septiembre de 2019, el canciller ruso Serguéi Lavrov visitó Caracas en 2020, y el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov lo hizo en octubre de 2019 y febrero de 2022 en el marco de un encuentro de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia. Venezuela ha reconocido en varias ocasiones el apoyo prestado por estos países para romper el cerco económico que supuso las sanciones estadounidenses (Maduro, 2022).
La denuncia de los efectos de las medidas coercitivas unilaterales se convirtió en tema central de la agenda de política exterior del país. Tanto en Naciones Unidas, como en otras instancias multilaterales, Venezuela se ha convertido en una voz líder en la condena a la aplicación de sanciones en sistema de relaciones internacionales y en la búsqueda de iniciativas para visibilizar los daños de las medidas restrictivas en la sociedad venezolana.
Un ejemplo de ello, es la introducción de un recurso ante la Corte Penal Internacional por el Estado venezolano, el 19 de febrero de 2020, para favorecer una investigación sobre crímenes de lesa humanidad como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales cometidas por Estados Unidos contra Venezuela desde 2014. A diferencia del caso Venezuela I, introducida por países del Grupo de Lima, el caso Venezuela II, promovido por Caracas, ha tenido un desarrollo más lento y no ha rebasado aún los exámenes preliminares.
En el ámbito multilateral, Venezuela también ha sido activa en espacios como el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas, el cual coordina y que fue fundado en 2021. Además, en el Consejo de Derechos Humanos impulsó la resolución sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. En dicha resolución, aprobada por la mayoría de los miembros el 31 de marzo de 2021, se solicita a los estados a abstenerse de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales.
Una iniciativa con importantes resultados por la difusión y cuantificación de las afectaciones ocasionadas por las sanciones, fue la creación del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Esta es una unidad técnica dirigida a la “investigación, sistematización y seguimiento a los procesos económicos y sociales vinculados a la aplicación de Medidas Coercitivas Unilaterales” (Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2024).
Además, el gobierno bolivariano mantuvo en ese periodo una posición de bienvenida a visitas de altos funcionarios del sistema de Naciones Unidas y de otras instancias internacionales, aun cuando algunas de ellas mantuvieran pronunciamientos críticos. En estos años se registraron las visitas de Michelle Bachelet, en ese entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el 19 y el 21 de junio de 2019, antecedida por un viaje de su equipo entre el 11 y el 22 de marzo de ese año. Igualmente, visitó el país, Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, entre el 1ro. y el 12 de febrero de 2021. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, realizó su primera visita a Venezuela entre el 31 de octubre de 2021 y el 3 de noviembre de 2021. Después de esta fecha, el fiscal concretó tres visitas más.
La intensificación de estos vínculos condujo a acuerdos para la ampliación de la asistencia y cooperación en estas áreas, y encaminaron la apertura de oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de una oficina de asistencia técnica de la Corte Penal Internacional. Todas estas acciones propiciaron el reconocimiento de estas instancias, de manera progresiva, al impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la situación social y económica del país.
El parteaguas
El efecto Guaidó se desinfló entre 2019 y 2020, y condujo a un atolladero a Estados Unidos al quedar en evidencia su fracaso. En el ámbito interno, el chavismo recuperó la mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2020, donde participó un sector del antichavismo opuesto a las sanciones, y resultó victorioso en los comicios regionales y municipales de 2021. Se inició un nuevo proceso de diálogo con el sector radical de la oposición y la elección de una nueva directiva del ente electoral nacional fue saludada por diferentes actores internacionales.
La visita de una delegación de altos funcionarios estadounidenses a Caracas, en marzo de 2022, marca el parteaguas de la política de máxima presión estadounidense. Este fue el primer acercamiento público entre ambos países, tras la ruptura de relaciones diplomáticas el 23 de enero de 2019 y antecedida por señales de moderación del discurso del presidente estadounidense Joseph Biden.
La inflexión en la política estadounidense hacia Venezuela y la apertura a posibilidades de negociación bilateral, ausente en la proyección de máxima presión, respondió a sus propios objetivos de política exterior hacia la región, en un contexto de reconfiguración de las relaciones internacionales, la crisis energética mundial y el conflicto en Ucrania.
Coadyuvó a este desmontaje, el cambio en el balance de la correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe, iniciado con la victoria del presidente Manuel López Obrador en México y de Alberto Fernández en Argentina, en 2018 y 2019, respectivamente.
La política exterior bolivariana jugó un papel determinante para defender el país de los intentos de aislamiento, resquebrajar la intensa campaña desinformativa y el régimen sancionatorio impuesto por Estados Unidos y sus aliados contra el país, y complementar la política económica interna. Esto hubiera sido insuficiente, de no haberse confirmado el apoyo popular y la cohesión alrededor del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, y la fortaleza que representa la unión cívico-militar. Son estos, factores definitorios que condujeron al fracaso del carril de máxima presión.
El cambio de régimen sigue siendo el eje de la política de Estados Unidos contra el proceso bolivariano, que continúa enfrentando numerosos retos en el ámbito internacional, a partir de la persistencia de la injerencia, las presiones políticas y económicas y el impacto abarcador de las medidas coercitivas unilaterales contra la sociedad venezolana.
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