Cuadernos de Nuestra América/Nueva Época/No. 012 / julio-septiembre 2024/
RNPS: 2529 /ISSN: 2959-9849/140 pp.
La Unión Europea y la Revolución Bolivariana
The European Union and the Bolivarian Revolution
Fecha de recepción: mayo 2024.
Fecha de aceptación: mayo 2024.
Dr. C. Leyla Carrillo Ramírez
Investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI). Doctora en Ciencias Políticas. Licenciada en Derecho. Miembro de la Sociedad de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas y de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas.
Email: leylacr157@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4809-4096
Resumen
Los grupos regionales y temáticos priorizan sus intereses específicos y los concertados con determi-nados polos de poder. Ello influye sobre sus políticas y enfoques hacia el resto del mundo, en ocasiones inobservando el consenso adoptado por el Derecho Internacional y los organismos mayoritarios. La Unión Europea no constituye una excepción, mediante su actuación y la profusión de medidas adoptadas frente a la Revolución Bolivariana, personalizada en su máximo dirigente, Hugo Chávez.
Palabras clave: Grupos regionales, Consenso, Revolución Bolivariana.
Abstract
Regional and thematic groups prioritize their specific interests and those agreed upon with certain poles of power. This influences their policies and approaches towards the rest of the world, sometimes in disregard of the consensus adopted by international law and the majority bodies. The European Union is no exception, through its actions and the profusion of measures adopted in the face of the Bolivarian Revolution, personalized in its maximum leader, Hugo Chávez.
Keywords: Regional groups, consense, Bolivarian groups
Síntesis histórica
Para analizar la interrelación causa-efecto de una situación concreta es atinado remontarse a sus orígenes, que en el caso de América Latina proviene de la apropiación de sus riquezas, la cristianización forzosa, la ocupación por los conquistadores, el control colonial y neocolonial, las dictaduras y golpes de Estado y el neoliberalismo —entre otros factores— sucedidos desde el siglo xvi hasta el xx.
Las metrópolis coloniales decidieron la explotación de los recursos del continente, la depredación del medio ambiente, la reducción y discriminación de su población autóctona, la modificación de sus fronteras y costumbres (entre otros factores), con la preeminencia europea ejercida por España, Portugal, Francia, Reino Unido y Países Bajos. La lucha independentista de los pueblos de Nuestra América1 fue sustituida, cercenada o abortada por el imperialismo estadounidense hasta nuestros días.
La historia de las relaciones venezolanas con los países europeos ejemplifica lo descrito, al ser Venezuela uno de los países más codiciados por sus recursos minerales, hídricos y geográficos en Sudamérica. Un apretado recuento de los acontecimientos venezolanos durante el siglo xx, propiciaría contextualizar las causas conducentes a la búsqueda de alternativas, que buscaron modificar el “orden” establecido, como fueron: la manifestación popular conocida como “El Caracazo”, en febrero de 1989; la difusión del Anteproyecto nacional “Simón Bolívar” y del Proyecto de gobierno de transición, culminados con un golpe de Estado fallido en febrero de 1992, dirigido por el militar Hugo Chávez en medio de una crisis política, económica y social en el país.
La presidencia de Hugo Chávez
Los sucesivos mandatos presidenciales (1999 a 2013), avalados por votación popular mayoritaria no contaron con la simpatía eurocomunitaria, en apariencia debido al cuestionamiento sobre la validez de los comicios, pero en realidad con un trasfondo político de rechazo a la democracia participativa, propugnada por la Revolución Bolivariana mediante el empoderamiento de los venezolanos, el control de sus recursos naturales (fundamentalmente petróleo y oro) y medidas adoptadas para una repartición más equitativa de las riquezas del país.
En ese sentido, el repudio y el frecuente cuestionamiento al gobierno presidido por Hugo Chávez, refleja
la lucha de clases, el impacto de nacionalizaciones o exclusión de empresas transnacionales, la raigal oposición del Norte a las conquistas del pueblo venezolano en la educación, la salud, la cultura, los deportes; de la apertura venezolana hacia nuevos mercados y la diversificación de sus relaciones con países emergentes o tercermundistas, en detrimento de la geopolítica imperialista y de sus intereses en América Latina que, además, coadyuvó, con su ejemplo, a abrir el diapasón a otros movimientos y gobiernos progresistas en la región.
Lo expuesto se enmarca en la Revolución Bolivariana, pero fue personificado en la figura de su máximo líder y el carisma que le caracterizó, actitud visible mediante el cuestionamiento constante y su demonización por los polos de poder imperialistas. De tal forma, el gobierno “chavista” fue acusado por la Unión Europea y gobiernos de los 28-27 países,2 de “ejercer dictadura o totalitarismo, violar los derechos humanos, cometer elecciones fraudulentas”, “entregarse al castrismo cubano y a Rusia”, para finalmente acogerse a la declaración del presidente, Barack Obama en el sentido de que “Venezuela constituye una amenaza extraordinaria para Estados Unidos”.
A partir de entonces fueron atizadas las campañas de descrédito que justificaron las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por Washington, imitadas mediante sanciones de Bruselas y Estrasburgo,3 enfatizadas contra personalidades y funcionarios venezolanos, en primer lugar, pero también contra empresas (Carrillo, Represalias, 2022).
Sin embargo, lejos de los pronunciamientos, las críticas y las campañas de descrédito atizadas por Estados Unidos y la Unión Europea, la presidencia de Hugo Chávez se caracterizó por la mayor celebración en América Latina de frecuentes consultas populares y procesos electorales, incomparables con los magros porcentajes de asistentes a las urnas y los resultados comiciales de los partidos ganadores en Estados Unidos, España, Francia o Reino Unido.
En las elecciones de diciembre de 1998, Chávez obtuvo el 56,5 % de los votos y asumió la presidencia el 2 de febrero de 1999 hasta 2004, período en que convocó al pueblo para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, precedida por un referéndum consultivo con el 81 % favorable para transformar la carta magna, con un 70 % de aprobación.
Las elecciones de julio de 2000, ratificaron al presidente, con el 59,7 % de los sufragios, además de gobernadores y alcaldes de proyección bolivariana, cuestionado por observadores internacionales (entre otros de la UE), que pretextaron parcialidad del Consejo Nacional Electoral. En agosto del propio año, Chávez juramentó ante la Asamblea Nacional, para un segundo mandato entre 2001 a 2007, iniciando el período histórico conocido como la Revolución Bolivariana.
En esa etapa se acometieron cambios radicales en el orden social, económico y de las relaciones internacionales, por ejemplo: la autorización para la incorporación femenina al ejército, leyes relacionadas con la agricultura, los hidrocarburos y la pesca, y un periplo efectuado por países productores petroleros que concilió las posiciones ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y afectaría los intereses de países industrializados importadores.
El golpe de Estado en abril de 2002 aglutinó auspicios foráneos y de la oligarquía nacional a la subversión interna, con participación de jefes militares, representantes del clero católico, dirigentes gremiales de la empresa estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la instauración —después de secuestrado Chávez— del presidente espurio, Pedro Carmona, episodio denominado “el Carmonazo”. Al regreso del presidente constitucional, siguieron un paro petrolero y acciones desestabilizadoras de la economía venezolana.
Los programas sociales, intensificados desde 2003, conocidos como “misiones”, beneficiaron a las masas desposeídas, como la Robinson y Ribas, con gratuidad de la enseñanza, la mejoría de los índices económicos, la disminución de la pobreza extrema y la creación de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) para el control cambiario.
El referéndum revocatorio, promovido por la oposición en agosto de 2004, concluyó con el 59,6 % de los votos, (5 800 629 votantes) para un tercer gobierno entre 2007 y 2013, etapa cuando se emprendieron expropiaciones a empresas y grandes consorcios; la creación de la Productora y Distribuidora de Alimentos (PDVAL) y la fundación de las misiones Vivienda y Amor Mayor (con derecho a pensiones y atención a los adultos mayores). Entonces se promovió una reforma constitucional para consolidar la revolución y el socialismo (que fue rechazada), pero en 2009 fue aprobada con el 54,86 % (6 319 636 electores).
En el orden internacional, se ampliaron las relaciones de Venezuela: la integración del país al Mercosur, su benefactor papel para el continente en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Petrocaribe, y la ampliación de la cooperación con China, Rusia, Bielorrusia, Irán y varios Estados árabes y africanos, entre otros.
En 2011, se declara la enfermedad del presidente, y en octubre de 2012 es reelecto para un cuarto gobierno, con 8 185 120 votos, que hubiera transcurrido hasta 2019, inconcluso debido a su fallecimiento, el 5 de marzo de 2013.
El seguimiento a las opiniones y los “gestos” hostiles de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), permite anticipar que estos, en sus relaciones con Venezuela, denostaron la personalidad y actos de autodeterminación implementados por el presidente Hugo Chávez, que en esencia refleja el enfrentamiento Norte-Sur hacia la naciente Revolución Bolivariana.
Relaciones bilaterales y trilaterales
Las relaciones entre la UE y Venezuela, reflejan la unidad y lucha de contrarios, bajo la dicotomía entre representar los intereses específicos de sectores y empresas europeas para mantener un nivel “aceptable” de intercambio comercial, colaboración, estudio de mercados, presencia cultural, académica y de organizaciones no gubernamentales, en espera de un cambio de régimen,4 o imitar y acompañar decisiones adoptadas por Washington.
Es oportuno, además, estudiar la bilateralidad UE-Venezuela, incluyendo temporalmente al Reino Unido hasta su salida del grupo regional resultante del Brexit,5 pero también a otros países europeos, como Suiza y Noruega, vinculados con la Unión, y beneficiarios de los acuerdos Schengen para la liberación tributaria fronteriza.
La bilateralidad reseñada también se interrelaciona con medidas semejantes adoptadas por Estados Unidos, en el contexto económico, comercial, sobre los derechos humanos, el terrorismo y la migración, en función de las relaciones trasatlánticas, por lo que excede la bilateralidad.
Un muestreo sobre los intereses bilaterales europeos con Venezuela, readaptados durante la presidencia de Nicolás Maduro (2011-2024), facilitaría precisar la radicalización de las medidas coercitivas, alternadas con señales ambivalentes que procuran no arriesgar una ruptura total con Caracas.
La magnitud de sus relaciones podría conmensurarse, acorde con la permanencia de empresas europeas transnacionales, la importación de hidrocarburos, la recuperación parcial de las inversiones, la retención de las reservas, los auspicios y la acogida a contrarrevolucionarios, desertores, corruptos y “opositores”; la virulencia de las campañas mediáticas y cibernéticas, y las declaraciones de dirigentes de los países europeos más influyentes o más interesados en modificar la situación interna venezolana y sus posiciones internacionales. En ese orden, se citan a España, Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Italia y Hungría.
España es el segundo inversor en Venezuela, con 72 filiales de empresas, entre ellas, la compra en 2004 de Telcel por Telefónica, para convertirse en la segunda operadora de telefonía móvil del país, con más de 10 millones de usuarios; la permanencia de Repsol desde 1993, que explora y explota petróleo y gas, aunque con ganancias de 920 millones de dólares, inferiores en comparación con los 1 700 alcanzados en 2017; la compra de una aseguradora local que ampara las operaciones de Acciona, Alcatel, Santander, BBVA, Editorial Planeta, Santillana, Elecnor, Adecco, Dragados, Duro Felguera, Hesperia, Telvent o Sintel, y en la esfera turística, donde descuellan Meliá, Hesperia, y las aerolíneas Iberia y Air Europa.
Las inversiones directas españolas ascendían a 21 313 millones en 2015, pero decayeron a 1 381 debido a los efectos contables de la devaluación cambiaria. (Secretaría de Comercio, 2020). El comercio bilateral se mantiene reducido: España ocupa el noveno puesto como destino de las exportaciones venezolanas y como proveedor extranjero; mientras que 356 empresas venezolanas exportaron servicios a España por valor de 37,4 millones (un 13,8 % menos que el año anterior).
Después de dos años de enfriamiento en las rela-ciones políticas, ambos gobiernos normalizaron sus relaciones diplomáticas en 2022, a nivel de embajadores, (González, Madrid) para “continuar avanzando en la construcción de relaciones bilaterales fundamentadas en la complementariedad para beneficio mutuo”. En Venezuela residen más de 500 mil españoles. El nivel diplomático se había reducido debido al apoyo comunitario al espurio presidente Guaidó, y empeoró tras la detención en frontera de la venezolano-española, Rocío Miguel (EFE. Fortalecer…).
Reino Unido adoptó decisiones, en diferentes escalas, de impacto contra la Revolución Bolivariana, tanto durante su membresía en la UE, como desde el Brexit, ejemplificado en los contextos político y financiero.
En el orden político, reconoció a Juan Guaidó en enero de 2019, como presidente encargado de Venezuela; creó una “Unidad de Reconstrucción” (en alianza con Estados Unidos) para impulsar un posible cambio de régimen; se arrogó el derecho a exigir nuevas “elecciones justas y competitivas, así como el retorno a la estabilidad y seguridad económicas”; exigió la liberación incondicional “de todos los detenidos injustamente, la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales; la libertad de expresión, incluyendo a los miembros de la prensa y el respeto de los derechos humanos y políticos”. En 2023 saludó el acuerdo liderado por Venezuela, alcanzado en Barbados, para la “restauración de la democracia” (Cleverly, Commonwealth, 2023).
Sin embargo, lo más definitorio sobre la degradación de las relaciones británico-venezolanas ocurre ante una represalia adoptada por el Banco de Inglaterra en 2019, que retiene 31 t de lingotes de oro depositados por el gobierno venezolano, acto más perjudicial para su economía que los centenares de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, la UE y otros países durante la Revolución Bolivariana.
La congelación en Londres de la reserva aurífera venezolana (alrededor de dos mil millones de dólares) y de 120 millones canjeados con el Deutsche Bank por el Banco de Inglaterra fue seguida por el rechazo del Tribunal Superior de Reino Unido a la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro, después del reconocimiento gubernamental a Guaidó por parte de Estados Unidos, la UE y Reino Unido, que otorgó facultades al presidente inconstitucional para apropiarse de los fondos soberanos del Estado venezolano (BBC, 2022).
En agosto de 2021, el canciller venezolano y la encargada de negocios británica expresaron en Caracas la voluntad de “fortalecer las relaciones, con respeto a la soberanía” (Swiss Info, agosto), sin avance significativo hasta la fecha.
No obstante, una máxima martiana coadyuva a alertar sobre probables complicaciones en el escenario bilateral en el sentido de que “en política, lo real es lo que no se ve”.6 El litigio sobre la repartición soberana del Esequibo fue creado por Reino Unido hace siglos y hoy alimenta la conflictividad, porque la zona constituye una de las reservas de hidrocarburos más valiosas de América Latina, ambicionada por grandes consorcios petroleros (Chevron, Exxon y British Petroleum), entre otros (Carrillo b Diferencias).
Las relaciones con Alemania se estancaron, influenciadas por la crítica del gobierno de los Partidos de la Unión de Angela Merkel y a continuación, por la coalición “Jamaica” dirigida por Olaf Sholz,7 que cuestiona indistintamente “la democracia, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales o el uso de la tortura”, con impacto negativo sobre el empresariado alemán si intentase iniciativas comerciales o inversiones.
El 4 de febrero de 2019, la canciller Angela Merkel reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero no se ha logrado que fructifique el cambio de régimen, a pesar de que unos 50 países apoyaran al protegido de Washington y Bruselas. Contrastan críticas académicas y de algunas personalidades políticas, que proponen a Berlín “trabajar por una posición común de la oposición venezolana, por un lado, sin romper el hilo de la comunicación con el régimen de Maduro”. (Mainhold, SWP). Medios de prensa más pragmáticos sugieren “un acto de equilibrio en las relaciones” (Pieper, DW, 2020). Menos influyentes, grupos no gubernamentales, asociaciones humanitarias y venezolanos residentes en Sajonia, reclaman al gobierno federal mayor rigor de su política hacia Caracas.8
Un compendio de comentarios gubernamentales y de parlamentarios, de las campañas de prensa y de organizaciones no gubernamentales, mediante la hostilidad, recrean un clima desfavorable a las inversiones alemanas y a un incremento del comercio bilateral, entre las 400 empresas asociadas que pudieran interesarse en América Latina. (Balzert, LAV 2023). A partir de 2013 disminuyeron las importaciones de petróleo proveniente de Venezuela (71 % del total), de hierro y acero.
Las relaciones franco-venezolanas procuraron romper su estancamiento, con una visita oficial del presidente Nicolás Maduro a París en 2013, de la entonces ministra de relaciones exteriores en 2016 y del sucesor en 2017, a quien el anfitrión Le Drian manifestó “preocupación por la degradación de la situación venezolana y le alertó sobre sanciones europeas inminentes”.
En 2018, Francia desbloqueó 735 000 euros de ayuda humanitaria, contribución ascendente a dos millones de euros en 2019 y cuatro millones de euros en 2020. Este apoyo dirigido a la población venezolana lo componen subvenciones dirigidas a los organismos internacionales (ACNUR, CICR) y a las ONGs enfocadas sobre la población venezolana (Banca, agosto 2023).
Las dificultades económicas afrontadas por Venezuela reflejaron la reproducción de sanciones por los países más industrializados e impactaron sobre el intercambio comercial bilateral, con saldo deficitario para Francia desde 2017, que descendió a 96 millones de euros en 2019 (ve.ambafrance.org; www.tresor.economie.gouv.fr/pays y www.cciavf.com.ve).
El mayor deterioro de las relaciones, resultó del reconocimiento por París a Juan Guaidó, acto que deslegitimó al presidente constitucional, Nicolás Maduro, en febrero de 2019. En enero de 2020, el primero fue recibido por Emmanuel Macron, de lo que emanó un plan mediador con la “oposición venezolana”, enmarcado en el injerencista Grupo Internacional de Contacto de Montevideo (France Diplomatie, 2020).
Durante la cumbre del clima, COP 27, celebrada en Sharm el Sheij, y el Foro de París por la Paz, ambos presidentes intercambiaron brevemente, lo que podría ser considerado como el primer reconocimiento de un mandatario europeo al precipitado apoyo ofrecido a Guaidó por los Estados miembros de la UE.
En 2023, Francia implementó pasos para la normalización de relaciones, precedido por un comunicado en agosto, que los observadores sustentaron sobre el interés europeo en las mayores reservas petroleras, en una etapa de crisis, generada por el conflicto en Ucrania. Siguieron la acreditación de los embajadores en las respectivas capitales y en demostración de que “Europa estaba atrapada en el juego de reconocer o no a Maduro y Venezuela vuelve a estar en el mapa geopolítico” (Angarita, Universidad Caracas).
A partir de entonces, abundan señales sobre el interés galo en ampliar las relaciones económicas (inversionistas y comerciales). Por ejemplo: el consorcio petrolero Maurel & Prom en negociaciones con PDVSA; la visita de una representación del Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF) “para evaluar el establecimiento de alianzas estratégicas y promover una economía diversificada y productiva” (Banca y Negocios, EFE); contrato entre Devexport y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa y la firma de un acuerdo entre MEDEF y Fedecámaras para las operaciones en los sectores energético, de transporte, el turismo y la tecnología (Aliado, 2023).
Otros países europeos, como Suiza, repitieron actos sancionadores aplicados por la Unión Europea. Un detalle a seguir en el orden financiero fue la custodia por la Banca suiza de activos depositados ilícitamente por exfuncionarios venezolanos, que aprovecharon su momentánea inmunidad para estafar al gobierno bolivariano.
Bajo una proyección aperturista, en noviembre de 2023, los ministros de relaciones exteriores venezolano y de relaciones exteriores y de comercio de Hungría efectuaron una reunión plenaria en Caracas, con vista a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación. Venezuela es el país con la tercera población húngara en el mundo.
La colaboración acordada incluye los sectores energético (petróleo y gas); agrícola, científico-tecnológico, industrial y educativo, supresión de visas para pasaportes diplomáticos, de servicio, deportivos y comerciales (Gallardo, M. Poder Popular). Esto se plasmó en un memorando de entendimiento (para becas Stipendium Hungaricum hasta 2026) y ambas partes abordaron la “posibilidad de aprovechar la flexibilización de algunas sanciones estadounidenses para comprar gas natural mediante una tecnología húngara para la explotación de pozos petrolíferos” (www.elsiglo.com.ve).
Desde abril de 2023, Italia y Venezuela se pronunciaron por potenciar sus relaciones bilaterales. 400 mil italianos residen en el país suramericano. La agenda trazada incluye la promoción de una Diplomacia de Paz con el mundo, emanada indirectamente de la declaración conjunta emitida el 17 de octubre del propio año por los ministros de relaciones exteriores de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y por el alto representante de asuntos exteriores de la Unión Europea, que dieron la bienvenida al acuerdo político liderado por Venezuela.
El denominado postchavismo
Desde el inicio de la presidencia de Nicolás Maduro se recrudeció la reacción de la Unión Europea, mientras que, en fecha más reciente (2021 en adelante) varios Estados miembros dan señales de flexibilizar sus posiciones sobre esferas específicas (comercio y diálogo), colaboración y un deslinde del inicial apoyo a la oposición, sin llegar a reconocer públicamente la injerencia que ello representa sobre la soberanía venezolana ni su derecho a la autodeterminación.
Comportamientos evidentes para la crispación de las relaciones euro-venezolanas han sido el apoyo a Juan Guaidó, acogido por instituciones comunitarias y, particularmente, por los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Francia, en sintonía con la promoción del espurio dirigente por el gobierno y fuerzas intencionadas de la Florida, mientras desconocían al presidente constitucional, Nicolás Maduro.
El tiempo transcurrido evidencia la inviabilidad de apoyar al catapultado “opositor” venezolano y mostró que los intereses pragmáticos europeos podrían ser más beneficiosos mediante el ejercicio de una coexistencia, sin reconocer públicamente el error de haber apuntalado al candidato de Washington ni renunciar a la lista de sanciones, críticas ni acusaciones u otros actos hostiles.
En la fase actual descuellan actos injerencistas, opuestos al Derecho Mercantil e Internacional, como el decomiso del oro venezolano en bancos británicos, además de campañas en torno a una supuesta amenaza venezolana contra la estabilidad continental, debido a la ampliación de sus relaciones con Rusia, China e Irán.
A semejanza de la geopolítica estadounidense y británica, también se esboza la intención de exacerbar un conflicto en América Latina, debido a la demanda venezolana reivindicatoria de una porción del Esequibo, que en su trasfondo persigue el control de una de las reservas petrolíferas más privilegiadas en la región.9
El litigio sobre el Esequibo (con el segundo estuario) es uno de los conflictos “congelados” en nuestro continente sobre el que Venezuela argumenta ante el secretario general de la ONU, haberse incurrido en vicios de nulidad y actos contrarios a la buena fe por el gobierno británico, mediante una supuesta confabulación de algunos miembros del laudo de París.
El 18 de junio de 1970, durante el gobierno de Rafael Caldera, fue suscrito el Protocolo de Puerto España, Trinidad, vigente por 12 años para dirimir y hallar soluciones al litigio, sin alcanzar una solución hasta la fecha. (Carrillo, Diferencias, 2017). Actualmente potencias, como Estados Unidos y Reino Unido reaniman la presencia de sus transnacionales petroleras y recién instaló una base militar en Guyana, atentatoria contra el acuerdo de la CELAC que declaró a América Latina zona de paz.
Medidas coercitivas de la Unión Europea
Convendría citar varias definiciones jurídicas sobre las medidas coercitivas más frecuentes, incrementadas durante el último decenio, sin olvidar un principio humanista que debe respetarse, debido a su mayor obstrucción e impacto contra los derechos humanos fundamentales de cualquier población en el mundo.
La represalia, las sanciones y el bloqueo constituyen actos cada vez más agresivos contra la vida, la paz, la alimentación, la salud, la educación, el derecho al desarrollo, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, supuestamente amparados en un derecho autoasignado por los polos de poder para castigar a sus oponentes (no por casualidad de países en desarrollo).
La represalia contrataca, con el uso o no de la fuerza, implica amenaza o ruptura de la paz, en respuesta a otra medida de fuerza que lesione los intereses de un Estado10 (Carrillo, Represalias, 2022).
En cambio, las sanciones internacionales, se enfocan primordialmente para constreñir la economía, la ciencia y la técnica de un país determinado o un grupo de ellos. El Derecho Internacional Público refrenda la legalidad de las sanciones y los recursos utilizables por los Estados, la trascendencia sobre sus decisiones propias y el compromiso de soberanía, interdependencia y globalización en las relaciones internacionales. Algunos autores comentan la inexistencia de un control mundial fiscalizador, que también puede amparar el incumplimiento de una norma, lo que sucede cada vez más frecuentemente, particularmente al ser utilizadas por dos actores preponderantes en las relaciones internacionales: Estados Unidos y la Unión Europea.
En el plano exclusivo del derecho, una sanción es el efecto producido por una acción que infringe una ley u otra norma jurídica, y también puede implicar castigos económicos (multas, boicot, cese de créditos, entre otros). El Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas establece la base jurídica para la imposición de medidas coercitivas en el seno de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es el órgano facultado para adoptar medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada, con el objetivo último de mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. Hasta la segunda década del siglo xxi, los regímenes de sanciones más frecuentes se destinaban a la no proliferación de armas nucleares, a la lucha contra el terrorismo, la resolución de conflictos, o el apoyo a regímenes democráticos.
Vale reseñar que el artículo 41 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas otorga facultades al Consejo de Seguridad para decidir en el caso de haberse agotado todos los medios pacíficos sin el uso de la fuerza, y decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de las relaciones internacionales.
Durante el actual decenio se ha ampliado el diapasón sancionador, si se toman en cuenta las nuevas prácticas incorporadas, consistentes en:
Una práctica frecuente es el ejercicio del poder por algunos países industrializados por medio del castigo ilícito unilateral no avalado por el Derecho Internacional. Por ejemplo, Estados Unidos, mediante las frecuentes y persistentes sanciones contra Irán, Cuba, Venezuela, Siria, Rusia y China o la Unión Europea, por medio de declaraciones, concertación de misiones y sanciones que intensifican el deterioro de la situación socioeconómica de los gobiernos demonizados. Autores de países latinoamericanos ofrecen una panorámica histórica sobre las diversas sanciones, como (J. Álvarez y J. Herrera,1998) y (Padilla, 2021), quienes analizan el desempeño sancionador durante los años más recientes.
Entre las sanciones contra determinados países se halla el bloqueo, que conjuga pretextos y agresiones contra Cuba y Venezuela, entre otros, “cuyos elementos cardinales del concepto significan cortar, cerrar, incomunicar con el exterior para lograr la rendición del sitiado, por la fuerza o el hambre” (Miranda, 1996).
Venezuela se halla entre los países más sancionados del mundo en el actual siglo, a partir de una estrategia de Estados Unidos para infligir daños a su economía, abortar sus logros socioeconómicos y desestabilizar su defensa nacional, todo en función de acelerar un cambio de régimen. La tarea es compartida —con particularidades— por la UE y los citados gobiernos europeos no comunitarios.
Sin embargo, valdría la pena reflexionar sobre la “legalidad” de los pretextos empleados por los países occidentales más industrializados para justificar el acoso y las sanciones contra Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez entre 1999 y 2013, y la de su continuador, Nicolás Maduro, hasta el año en curso.
Las indagaciones conducen a identificar que la personalización de las acciones coercitivas persigue el fin supremo de eliminar la Revolución Bolivariana a la que ambos mandatarios han consagrado sus respectivos mandatos. De hecho, “las declaraciones y las sanciones persiguen la asfixia, obstaculizar y obstruir el desarrollo económico del país, provocar un descontento popular que socave su confianza en el gobierno, dé al traste con el orden constitucional y produzca un cambio de régimen” (Dávalos, Embargo, 2012).
En ese contexto no es ocioso recordar que el amplio espectro de actos coercitivos propugnados y ejercidos por Estados Unidos y la Unión Europea, trasponen la frontera extraterritorial, porque también incluye a entidades y empresas radicadas en México, Panamá, Islas Vírgenes y Reino Unido.
El inventario de pretextos incluye: represión de las protestas en 2014, 2017, 2019 y 2019 (llamadas guarimbas, frecuentemente inducidas y costeadas por instituciones foráneas); las acusaciones sobre imposición desde el ejecutivo de una Asamblea Constituyente dirigida por el partido mayoritario Socialista Unido de Venezuela porque “usurpa las atribuciones, competencias, funciones y potestad legislativa”, y la celebración anticipada de las elecciones presidenciales, que estadounidenses y europeos calificaron de ilegítimas.
Un estudio pormenorizado sobre las críticas y las sanciones adoptadas durante las presidencias de Chávez y Maduro revela tres características entre sus principales emisores:
1. Las sanciones promovidas por Estados Unidos desde la presidencia de Barack Obama, de las que la incautación de la filial petrolera CITGO por Washington ha infligido los peores daños económicos sobre el poder adquisitivo y las carencias socioeconómicas de la población, avalada por la orden presidencial de Donald Trump, con efectos de un bloqueo (Anexo 1).
2. Las declaraciones y medidas coercitivas de la Unión y de otros Estados europeos, entre las que destacan la exacerbación sobre la “violación de los derechos humanos, represión contra los opositores (guarimberos); el cuestionamiento al Estado de derecho; el acelerado reconocimiento comunitario al presidente inconstitucional venezolano, promovido por Washington, y la atribución a este por la Banca de Londres para emplear la reserva en oro venezolana. (Anexo 2)
3. Mociones promovidas o presentadas, en primer lugar, por países del grupo occidental (Estados Unidos, UE, Reino Unido, Israel, Australia, Japón, Nueva Zelanda, indistintamente) con la finalidad de aprobar resoluciones condenatorias en organismos o dependencias de la ONU, como el Consejo o el alto comisionado de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional (Anexo 3).
Conviene destacar que, durante la presidencia de Hugo Chávez, los pronunciamientos y los acuerdos de la UE y de gobiernos más influyentes, se enfocaron sobre su personalidad, reflejo de la preocupación y del rechazo a las medidas socioeconómicas adoptadas por la Revolución Bolivariana.
Durante la actual presidencia de Nicolás Maduro, las sanciones han sido arreciadas y multiplicadas, con semejante proyección, con impactos redoblados sobre las masas, imposibles de ser aplacados con una pingüe y ocasional ayuda humanitaria, que apenas puede mitigar los efectos de las sanciones sobre la alimentación, la salud, la estabilidad del país, o la migración inducida hacia países limítrofes, resultantes de la penuria existencial.
Las sanciones europeas han sido aplicadas especialmente contra funcionarios gubernamentales, activos y jubilados, jueces, consejeros del ministerio público, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, la Contraloría y Defensoría; miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad, y empresas privadas, acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, degradación del Estado de derecho, y represión de la democracia.
El informe presentado por el ministro venezolano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022, reveló el resultado de las 913 sanciones impuestas, al costo de más de 150 mil millones de dólares en los últimos años como “crímenes de lesa humanidad, que impiden vender y comprar lo necesario para el desarrollo y bienestar de la población e implican sufrimiento, privaciones e intentos de desestabilización, asfixia política y económica a su país”, al que durante el peor momento de la pandemia le imposibilitaron adquirir insumos médicos y vacunas” (Lindquist, Noticias ONU).
En la mencionada comparecencia el titular acusó a Europa y Estados Unidos de “robarle 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, con un valor equivalente a 1 300 millones de dólares”, y de provocar una migración inducida, exacerbada con falsas promesas de algunas naciones y una propaganda constante que omite el regreso voluntario de un 60 % de los migrantes y, particularmente, los efectos tangibles de represalias, sanciones, y bloqueo adoptados por Washington y Bruselas.
En tal sentido, la principal incógnita que se debe despejar sería: si Venezuela no ha declarado, ni está en guerra contra los países que la asedian y sancionan, ¿cuál es el derecho de estos a transgredir las normas jurídicas consensuadas por la comunidad internacional para aplicar las represalias y sanciones que constriñen los derechos humanos, la soberanía del Estado y la autodeterminación de la mayoría de la población venezolana?
Consideraciones finales
Bibliografía
Textos
Carrillo Ramírez, Leyla. “Represalias, sanciones y bloqueo. La Unión Europea ¿Legalidad o castigo?” 22 julio 2024- CIPI. Cuadernos de Nuestra América.
Carrillo (b). “Diferencias, acuerdos y conflictos en América Latina”. CIPI. Cuadernos de Nuestra América. Vol XXVI No.50. Julio-diciembre 2017. Pp 85-89.
Chávez, Hugo: Biografía, gobierno, aspectos, obras y más. (historiadevenezuela.org)
Consejo de Derechos Humanos
-Resolución sobre Venezuela, 2018. https://www.hrw.org/es/news/2018/09/27/venezuela-resolucion-historica-del-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu#:~
Consejo de la Unión Europea: (selección
de acuerdos)
-Venezuela: respuesta del Consejo a la crisis -Consilium (europa.eu)
-Venezuela: el Consejo revisa las medidas restrictivas (comunicado de prensa, 13.11.2023)
-Declaración del Alto Representante en nombre de la UE sobre las elecciones a la Asamblea Nacional.
Dávalos Fernández, Rodolfo. ¿Embargo o bloqueo? La instrumentación de un crimen contra Cuba. Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2012. p. 41
Grupo de los 7. Declaración de los dirigentes del G-7 sobre Venezuela (comunicado de prensa, 23.5.2018
Maihold, Günter. Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad de Berlín (SWP):
Miranda Bravo, Olga. Cuba/USA: Nacionalizaciones y bloqueo. Editorial de Ciencias sociales. La Habana, 1996. p. 44
REAL INSTITUTO Elcano, “La crisis de Venezuela y el tablero geopolítico internacional”. Paz y seguridad. 24 Septiembre 2022
Publicísticos
BBC News Mundo. “El Tribunal Superior de Reino Unido niega al gobierno de Maduro el acceso a las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra 29 julio 2022
El Nuevo País. “En un esfuerzo por fortalecer las relaciones bilaterales, el embajador español discute el caso de la defensora de derechos humanos detenida arbitrariamente”. 6/8/23
El País. España política exterior. “España elevará a la categoría de embajador a su encargado de Negocios en Venezuela”, 23/3/23
El País. Las sanciones internacionales a Venezuela se convierten en un problema crónico
Europa Press. 13 de mayo, 2024.” La UE retira sanciones a dirigentes en Venezuela para apoyar esfuerzos para unas elecciones democráticas”.
France Diplomatie. “Francia busca mediar entre gobierno y oposición de Venezuela”. 08/11/20228 de noviembre de 2022.
Gallardo, Orlando. Gobierno bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 10/11/2023 .
González Miguel, Madrid. “Exteriores quiere normalizar las relaciones con el régimen de Maduro poniendo fin a un vacío diplomático de más de dos años”.05 DIC 2022 –
Muñoz-Ledo, Rocío. CNN en español. “¿Por qué la Unión Europea extendió sanciones a Venezuela por seis meses en lugar de un año?
Pieper, Oliver. Deutsche Welle. “Política de Alemania hacia Venezuela: un acto de equilibrio”. Septiembre de 2020
Swiss Info. Oro de Venezuela: por qué el Banco de Inglaterra retiene 31 toneladas de lingotes del país sudamericano. 3/2/21
Swiss Info. Venezuela fortalecerá relaciones con Reino Unido con “respeto a la soberanía”. publicado en 12 agosto 2021 -Caracas, 12 ago (EFE).-
Team Aliado. “Venezuela y Francia se unen en búsqueda de crecimiento: Misión empresarial histórica marca el inicio de una colaboración estratégica”. 30 May 2023
Digitales
EFE. BANCA Y NEGOCIOS 2023 10/05/2023
Gov.UK. Embajada Británica en Caracas y Department for International Trade Venezuela La sección comercial (UKTI) de la Embajada Británica en Caracas, conjuntamente con el EIC Energy Industries Council (Consejo de Industrias Energéticas. 2 December 2013
Com.ve. El siglo Hungría podría compra gas natural
Foreign, Commonwealth & Development Office y The Rt Hon James Cleverly MP 18 October 2023
https://ve.ambafrance.org/-Accueil-ES- Embajador de Francia en Venezuela: Romain Nadal Página web de la embajada de Francia en Caracas:
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/venezuela/
Anexo 1
Represalias y sanciones de Estados Unidos contra Venezuela11
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Fecha |
Entidad o documento |
Característica |
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2008 |
Departamento del Tesoro |
Congelación de cuentas bancarias y bienes del exministro del interior, Ramón Rodríguez Chacín y colaboradores, acusados de apoyo material a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para el narcotráfico. |
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2014 |
Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de Venezuela (S. 2142) (Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act), presentada por los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio; aprobada por, el Senado el 7 de diciembre, por la Cámara el 10, y firmada por el presidente Obama el 18 de diciembre. |
Congela activos y bienes en territorio estadounidense de medio centenar de altos cargos venezolanos, señalados como responsables de la represión de las protestas, el arresto o enjuiciamiento de los manifestantes. |
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2015 |
D2 IMAGINEERING, C.A DEL BROS OVERSEAS, S.A DMI TRADING INC FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A GRUPO CONTROL 2004, C.A GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. (PLM INMOBILIARIA C.A INVERSIONES MALAMAR R INVERSIONES PMA 243, C.A MATSUNICHI OIL TRADER, C.A MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12 PLM SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A PLM. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A PLM CONSORCIO, C.A PLM CONSULTORES, C.A PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A PLM TRANSPORTE, C.A TECHNO TRANSPORTE ML, C.A VIC DEL INC. (OFF SHORE) |
Sanciones contra 20 empresas radicadas en Venezuela y Panamá, y contra tres propietarios venezolanos, acusándolos de tráfico de drogas y lavado de activos. |
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2 de febrero |
Departamento de Estado |
Restricción de visados a funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos y corrupción política, y a sus familiares. |
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9 de marzo |
Ordenanza del presidente Barack Obama al Departamento del Tesoro |
Congelación de los bienes y activos, prohibiciones de transacciones con estos, y de viajes y embargo de armas de siete funcionarios. Sanciones adicionales a las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca. |
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2016, |
Departamento del Tesoro |
Sancionado vicepresidente Tareck El Aissami por presunto lavado de dinero y un empresario supuestamente vinculado. |
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19 de mayo |
Departamento del Tesoro |
Sancionadas 13 compañías con sede en Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Venezuela e Islas Vírgenes Británicas. |
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9 de agosto |
Departamento del Tesoro |
Sanciones a Maikel Moreno y 7 miembros de la Sala Constitucional, por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y permitir al presidente Nicolás Maduro gobernar por un decreto de emergencia. Congelación de todos los activos de Nicolás Maduro sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. |
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2018 |
Oficina de Washington para Latinoamérica |
A 78 venezolanos “asociados” con Maduro. |
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19 de marzo |
Orden ejecutiva del presidente Donald Trump |
Impide a ciudadanos norteamericanos y a las personas en el territorio de los Estados Unidos, a realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital (incluido el petro) emitida por, para, o en nombre del gobierno de Venezuela. |
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25 de septiembre |
Departamento del Tesoro |
Actualización de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (en inglés Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), añadiendo a Diosdado Cabello y otros funcionarios. |
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Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) |
Nueva ronda de sanciones personales contra altos funcionarios venezolanos. |
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2019, |
Departamento del Tesoro |
Nuevas sanciones contra siete figuras relacionadas con el gobierno. |
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28 de enero |
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) |
Sanciones a 23 entidades, incluyendo al canal Globovisión, para impedir vínculos con empresas o ciudadanos estadounidenses. |
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5 de abril |
Departamentos de Estado y del Tesoro |
Cancelación de las órdenes de compra a PDVSA, y cesión del control de su filial CITGO, y de cuentas bancarias del Estado venezolano en su territorio, al denominado Gobierno de Transición de Guaidó. |
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17 de abril |
Departamento del Tesoro |
Sanciones contra 34 embarcaciones que PDVSA utiliza para transportar petróleo venezolano a Cuba. |
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5 de agosto |
Departamento del Tesoro y OFAC |
Sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV) para prevenir que sea usado “como una herramienta del régimen de Maduro e inhabilita la mayoría de las accio-nes de esta entidad. |
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5 de septiembre |
Firma de una orden ejecutiva por el presidente D. Trump |
Sanciones a quien brinde apoyo al presidente Maduro, decreta bloqueo económico total, salvo excepciones. Todos los bienes en disputa en Estados Unidos, están bloqueados. (Por primera vez se utiliza la palabra bloqueo en las acciones coercitivas estadounidenses). |
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4 de diciembre |
Departamento del Tesoro |
Sanciones a cuatro empresas navieras por llevar crudo venezolano a Cuba y suspensión del ingreso a Estados Unidos de todos los funcionarios de la Asamblea Nacional Constituyente, viceministros y cargos superiores. |
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OFAC |
Sanciones a 6 petroleros venezolanos propiedad de PDVSA. |
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2020, |
Departamento de Estado |
Sanciones a siete diputados y dos vicepresidentes por “autojuramentarse” en la directiva de una nueva Asamblea Nacional. |
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26 de marzo |
Anuncio de cargos de narcoterrorismo, lavado de dinero y corrupción contra Nicolás |
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18 de junio |
Departamento del Tesoro |
Sanciones contra una red dirigida por Alex Saab y el ministro Tareck El Aissami Maddah bajo el programa “petróleo por alimentos”. Empresas involucradas: Libre Abordo S.A., radicada en Ciudad México, y Schlager. |
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18 de diciembre |
Departamento del Tesoro |
Sanciones contra “socios confiables” de Maduro e hijo, por “utilizar” transacciones, que incluyen la venta de oro venezolano. |
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2021 |
Departamento del Tesoro |
Sanciones contra EX-CLE Soluciones Biométricas, empresa de servicios al CNE en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Sanciones a tres personas relacionadas con la venta de petróleo de PDVSA a México, 14 entidades y 6 embarcaciones consideradas una red más amplia involucrada en la venta de petróleo venezolano, con sede en México. |
Anexo 2
Medidas coercitivas y declaraciones de la UE y otros paises europeos12
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Fecha |
Institución o país |
Asunto o Resolución |
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2016 |
Conclusiones del Consejo |
Petición a todos los agentes políticos e instituciones de Venezuela que trabajen de forma constructiva en pro de una solución y reconciliación política. |
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2017 |
Consejo |
Embargo de armas y material susceptible de ser utilizado para “la represión”. |
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25 de junio |
Consejo |
Añade a 11 funcionarios a la lista de sanciones, para un total de 18, “por socavar la democracia y violar derechos humanos”. |
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30 de julio |
Alta representante de política exterior y seguridad |
Declaración sobre situación en Venezuela. |
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13 de noviembre |
Conclusiones del Consejo |
Embargo de armas y equipos “destinados a la represión interna”; prohibición para viajar e inmovilización de bienes de 54 funcionarios. Declaradas como medidas selectivas flexibles y reversibles “que no perjudiquen a la población”. |
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2018 |
Consejo + siete países asociados |
Sanciones a 7 funcionarios señalados como “autores del deterioro de la democracia en el país” con prohibición de efectuar transacciones con personas o entidades, y de entrada a las naciones de UE (Diosdado Cabello entre ellos). Prórroga de las sanciones. |
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Junio |
Consejo |
“Elecciones de mayo no fueron ni libres, ni limpias ni creíbles, y adolecieron de falta de legitimidad democrática. La UE está profundamente convencida de que una solución democrática, inclusiva y pacífica es la única salida duradera al actual estancamiento político y a la grave crisis social que este ha provocado”. |
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30 de julio |
Consejo |
Declaración de cara a la elección de la Asamblea Constituyente, el 30 de julio de 2017. Pide al Gobierno y a la oposición abrir los cauces del diálogo, y reanudar negociaciones políticas serias. |
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6 de noviembre |
Comisión |
35,1 millones de euros en ayuda de emergencia y al desarrollo, para apoyar a los venezolanos y los países de la región más afectados por esta crisis. |
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4 de diciembre |
Consejo de Asuntos Exteriores |
Deliberación sobre creación de Grupo de Contacto. |
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Comisión |
20 millones de euros para “responder a las necesi-dades acuciantes de los afectados por la crisis socioeconómica”. |
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2019 |
Consejo |
Declaración sobre el nuevo mandato del presidente Maduro “sin elecciones democráticas”. |
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31 de enero |
Alta representante de Política Exterior y Seguridad |
Creación del Grupo de Contacto “para generar confianza que permita elecciones con todas las garantías[…]”. Reúne a 7 de sus Estados miembros: Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia y a 4 latinoamericanos : Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. |
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5 de febrero |
Alta representante de Política Exterior y presidente de Uruguay |
Acuerdo sobre la reunión inaugural del Grupo Internacional de Contacto (SEAE). |
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7 de febrero |
Comisión |
Asignación de 5 millones de euros en asistencia humanitaria para ayudar a los más necesitados. |
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24 de febrero |
Comisión |
Declaración sobre los últimos acontecimientos en Venezuela (disturbios, represión…). |
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7 de marzo |
Alta Representante |
Declaración sobre la negativa del régimen a reconocer urgencia humanitaria. |
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4 de abril |
Alta Representante |
Declaración de condena por haberse instado al Embajador de Alemania a abandonar el país. |
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18 de junio |
Consejo |
Declaración sobre decisión de retirar inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. |
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27 |
Consejo |
Declaración a favor del Informe de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, sobre situación. |
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11 |
Alto Representante de Política Exterior |
7 nuevos sancionados, miembros de fuerzas de seguridad e inteligencia. |
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21 |
Comisión |
Prórroga de medidas restrictivas por un año hasta el 14 de noviembre. |
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2020 |
Alto Representante de Política Exterior |
Declaración contra intentos de bloquear por la fuerza, el 5 de enero, un proceso electivo legítimo para nombrar a la junta directiva de la Asamblea Nacional, y el uso de la fuerza contra su presidente y varios diputados para impedir su acceso a la Asamblea Nacional. |
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3 de abril |
Consejo |
Declaración. “Es el momento de que todas las partes aúnen sus esfuerzos para encontrar una manera de hacer frente juntos a la emergencia del coronavirus. UE acoge favorablemente el Marco de Transición Democrática de Venezuela propuesto por los Estados Unidos”. |
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16 de junio |
Comisión |
Declaración sobre el Comité de Postulaciones Electorales y al levantamiento de las prohibiciones que afectan a los partidos de la oposición. “Todas las partes nacionales deben regresar a la mesa de negociación”. |
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29 de junio |
Consejo |
Se añaden 11 cargos públicos venezolanos a la lista de sanciones, acusados de “actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y privar de inmunidad a Juan Guaidó”. |
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30 de junio |
Comisión |
Declaración sobre 72 h decretadas por gobierno venezolano para que el Embajador de UE salga del país. |
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Julio |
Secretario de Exteriores de Reino Unido y Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (Her Majesty’s Treasury, HM) |
Adopta iguales sanciones de la UE contra 11 dirigentes chavistas, que eleva a 36 el total de sancionados. |
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12 de agosto |
Alto Representante de Política Exterior |
Añade 11 personas físicas y jurídicas, entidades y organismos, y se suman países candidatos y candidatos potenciales: Islandia, Liechstenstein, Ucrania, República de Moldavia y Georgia. |
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12 |
Consejo |
Declaración. Prorroga las sanciones a Venezuela hasta el 14 de noviembre de 2021. |
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7 de diciembre |
Consejo |
Conclusiones sobre resultado de elecciones legislativas del 6 de diciembre, que no reconoce. |
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Alto Representante de Política Exterior |
Declaración. “La UE no puede reconocer este proceso electoral como un proceso integrador, transparente y digno de crédito, ni considerar sus resultados representativos de la voluntad del pueblo venezolano”. |
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9 de diciembre |
Consejo |
Decide que las medidas restrictivas deben prorrogarse por un período adicional de doce meses, hasta el 14 de noviembre de 2021. Se incorporan: Albania; países candidatos; Islandia y Liechtenstein, países de la AELC y miembros del Espacio Económico Europeo; Ucrania, República de Moldavia y Georgia. |
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2021 |
Consejo |
19 funcionarios más sancionados, para un total de 55 personas. |
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25 febrero |
Alto Comisionado de Política Exterior |
La jefa de la Misión ante la UE es declarada «persona non grata» en respuesta a declaración semejante sobre jefe de Misión de la UE en Caracas. |
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18 de marzo |
Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Islandia, Liechtenstein. Ucrania, Moldavia y Georgia. |
Adoptan decisión de la UE del 22 de febrero. |
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15 de mayo |
Consejo Federal de Suiza |
Congela fondos de 7 ministros y altos funcionarios “a causa de violaciones de derechos humanos, al deterioro del Estado de derecho y de instituciones democráticas, con prohibición de entrada al país”. |
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26 |
Parlamento Europeo |
Resolución peyorativa número PP9_TA0019 que recuenta acciones de la UE y propone proseguir e incrementar sanciones. |
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26 |
Alto representante |
Sobre adhesión de determinados países a las medidas restrictivas, prorrogadas hasta el 14 de noviembre de 2022: Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia (primera vez), Albania, Islandia, Liechtenstein, República de Moldavia y Georgia. |
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2022 |
Consejo |
Extensión por un año más las sanciones principalmente contra personajes y funcionarios del gobierno venezolano. |
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2 de diciembre |
Consejo |
Actualización de las medidas restrictivas y prórroga hasta el 14 de noviembre de 2023. |
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2023 |
Consejo |
Prórroga excepcional de sus medidas restrictivas por 6 meses, hasta el 14 de mayo de 2024, como respuesta humanitaria. |
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2024 |
Consejo |
Decisión de aliviar sanciones contra presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE y a tres antiguos, con suspensión temporal de las restricciones de viaje. Prorroga el resto de las sanciones hasta enero de 2025. |
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15 de junio |
Sección de Acción Exterior de Alto Representante |
Envío de una misión exploratoria a Venezuela para examinar “si se dan las condiciones mínimas para enviar una misión de observación electoral”. |
Anexo 3
Declaraciones y documentos en organismos, organizaciones e instituciones internacionales13
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Fecha |
Instancia |
Característica |
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2018 |
Grupo de los 7 |
Declaración conjunta que rechazó proceso para elecciones presidenciales del 20 de mayo. |
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27 de septiembre |
Consejo de Derechos Humanos |
Resolución presentada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Paraguay y Perú. Aprobada por 23 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones. Condena abusos y sugiere que: “Gobierno venezolano debería abrir sus puertas a la asistencia humanitaria para hacer frente a escasez de alimentos y medicamentos”. |
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Human Rights Watch |
Se identifica con la citada resolución del Consejo de Derechos Humanos. |
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2019 |
Grupo de Contacto con los siguientes destinatarios: gobiernos y parlamentos del Grupo de Lima; Asamblea Parlamentaria Euro- Latinoamericana; secretarios generales de la OEA y la ONU |
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2020 |
Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos |
Acuerdo: reitera importancia de mantener estrecha cooperación con aliados internacionales, en particular con nuevo gobierno de Estados Unidos, para reactivar un amplio esfuerzo diplomático para “devolver la democracia, el Estado de Derecho y prosperidad al pueblo venezolano. |
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Octubre |
Consejo de Derechos Humanos |
Resolución 42/25 establece Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. |
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Resolución 45/20. Prorroga el mandato de la MIIV por dos años, hasta septiembre de 2022. |
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2021 |
Consejo de Derechos Humanos (MIIV) |
Segundo informe, centra su investigación en el sistema de justicia y su respuesta ante las violaciones de los derechos humanos, y los delitos documentados por la Misión. |
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3 de noviembre |
Fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional |
Después de su visita a Venezuela, 6 Estados miembros de la Corte Penal Internacional solicitaron que Fiscalía investigara presuntos crímenes de lesa humanidad. |
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2022 |
Consejo de Derechos Humanos (MIIV) |
El tercer informe se centra en dos temas: - Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado y estructuras, y; - La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar. |
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2023 |
Corte Penal Internacional |
Fiscalía autoriza reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Nueva decisión no es inalterable. |
Notas
1 Nuestra América: concepción martiana que incluía desde el Río Bravo hasta La Patagonia.
2 28 cuando Reino Unido integraba la UE, antes del Brexit en 2000.
3 Sedes de la UE y del Parlamento Europeo, respectivamente.
4 Que allanen objetivos opositores o subversión. Léase: fundaciones como la alemana “Konrad Adenauer”, que responde al partido CDU (cristiano demócrata).
5 Brexit: retirada oficial del Reino Unido de la UE en 2020.
6 José Martí, 1893. Héroe y apóstol de la independencia cubana.
7 Integrado por los partidos tricolor, a semejanza de la bandera caribeña.
8 Sächsischer Flüchtlingsrat, ProVenezuela Alemania, Coalición por Venezuela, Einheit für Venezuela, Save my Identity y Venezolanos en Sajonia.
9 Los orígenes del citado diferendo datan del siglo xvi, desde su establecimiento como frontera oriental durante los dominios inglés y holandés hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Inglaterra heredó los territorios holandeses en 1814, apropiándose de Demerara, Berbice y Esquibo. En 1886 —después de algunas desavenencias—, Estados Unidos e Inglaterra conciliaron el Tratado de Arbitraje, con la firma venezolana el 2 de febrero de 1887. Venezuela y Reino Unido se comprometieron a resolver el problema limítrofe, sobre el que, en 1889, el Tribunal Arbitral de París falló en favor de los ingleses. Mediante el laudo del 3 de octubre de 1899, Venezuela perdió 149 500 Km2 de territorio fluvial, terrestre y marítimo. La prolongación de la crisis política, económica, social y militar interna, postergó cualquier solicitud de reclamación por Caracas hasta 1962, culminada con una demanda internacional del Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966, entre Venezuela (Estado demandante), Reino Unido y su entonces colonia Guyana Británica.
10 ONU, Asamblea General. Resolución 2025.
11 Elaboración propia. Selección cronológica, desde fuentes incluidas en bibliografía.
12 Elaboración propia. Selección cronológica desde documentos institucionales de la UE.
13 Elaboración propia. Selección cronológica de documentos en bibliografía.