Cuadernos de Nuestra América/Nueva Época/No. 020 /julio-septiembre, 2026/
RNPS: 2529 /ISSN: 2959-9849/ 142 pp.
La política exterior America First de Trump
en América Latina y Cuba
Trump’s America First Foreign Policy in Latin America and Cuba
Dr. William M. LeoGrande
Esppecialista en Relaciones EE. UU.-Latinoamérica
Profesor de Gobierno y Decano Emérito
School of Public Affairs, American University,
Washington, D. C.
e-mail: wleogra@american.edu
ORCID: 0000-0002-3723-8245
Fecha de recepción: julio de 2026
Fecha de aprobación: julio de 2026
Fecha de publicación: septiembre de 2026
Este artículo es una versión actualizada de un trabajo preparado para su presentación en la XXIII Edición de la Serie de Conversaciones “Cuba en la Política Exterior de Estados Unidos de América”, con el tema: “El regreso de Trump: Impacto presente y futuro para Cuba”. Fue traducido al español por el consejo editor de la revista
Resumen
Este análisis examina las ideas fundamentales que sustentan la política exterior del presidente Donald Trump en su segundo mandato: nativismo, neoaislacionismo (Estados Unidos primero), realismo agresivo, esferas de influencia de las grandes potencias y mercantilismo antiglobalista; y cómo la administración las ha aplicado en América Latina en general y en Cuba en particular. Esta segunda administración, integrada por menos figuras del establishment republicano, es más intransigente, menos flexible y más agresiva en la defensa de los intereses estadounidenses. También ha sido más transaccional y menos interesada en preservar alianzas y asociaciones preexistentes. Parece existir cierta tensión interna entre los responsables políticos que favorecen un enfoque más ideológico y aquellos con una perspectiva más neoaislacionista, así como entre quienes priorizan los intereses económicos. América Latina es un área de especial interés dada la experiencia e intereses del secretario de Estado, Marco Rubio. Trump ha anunciado regionalmente sus prioridades: migración, lucha contra el narcotráfico, contención de la influencia de Rusia y China, y protección de los minerales estratégicos. Envalentonada por el exitoso secuestro del presidente Nicolás Maduro en
Venezuela, la administración ha intensificado las sanciones contra Cuba, intentando acelerar el deterioro económico para provocar el colapso del régimen.
Palabras clave: Cuba, Venezuela, Doctrina Monroe, coerción económica, administración Trump, política exterior de Estados Unidos.
Abstract
This examines the basic ideas underlying President Donald Trump’s foreign policy in his second term —Nativism, Neo-isolationism (America First), Aggressive realism, Great Power spheres of influence, and Anti-Globalist mercantilism— and how the administration has pursued them in Latin America broadly and Cuba in particular. The second administration, staffed by fewer Republican establishment figures, is more hardline, less flexible, and more aggressive in asserting U.S. interests. It has also been more transactional and less interested in preserving pre-existing alliances and partnerships. There appears to be some internal tension between policymakers who favor a more ideologically focused approach and others with a more neo-isolationist point of view and those who prioritize economic interests. Latin America is an area of special interest given the expertise and interests of Secretary of State Rubio. Trump has announced his regional priorities as migration, counter-narcotics, containing the influence of Russia and China, and securing strategic minerals. Emboldened by the successful abduction of President Nicolás Maduro in Venezuela, the administration has intensified sanctions on Cuba trying to accelerate economic deterioration to bring about regime collapse.
Keywords: Cuba, Venezuela, Monroe Doctrine, economic coercion, Trump administration, U.S. foreign policy.
La política exterior del segundo mandato del presidente Donald Trump se articula en torno a cinco ideas que resumen tanto su particular forma de actuar como los valores profundamente arraigados de su electorado: nativismo, neoaislacionismo (Estados Unidos primero), realismo agresivo, esferas de influencia de las grandes potencias y mercantilismo antiglobalista. A partir de estos impulsos dispares y parcialmente contradictorios, está diseñando una política exterior sin precedentes en la historia de Estados Unidos desde su ascenso como superpotencia mundial en 1945. En 2026, Cuba se convirtió en uno de sus principales objetivos.
Nativismo
El llamamiento de Trump al nativismo ha sido un mensaje central de su movimiento político desde que bajó del ascensor dorado de la Torre Trump, anunció su candidatura a la presidencia en 2015 y declaró:
Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores [...]. Envía gente con muchos problemas, y traen esos problemas consigo. Traen drogas. Traen delincuencia. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas (Trump, 2015).
La construcción de un muro fronterizo fue una de las principales promesas enunciadas en la primera campaña electoral de Trump y una preocupación constante durante su presidencia.
El Partido Republicano ha utilizado argumentos raciales dirigidos a los votantes blancos desde la "Estrategia del Sur" adoptada por Richard Nixon en 1968. Dicha estrategia logró que la mayoría de los estados del sur se inclinaran del Partido Demócrata al Republicano, convirtiendo a este último en un partido abrumadoramente blanco. Trump simplemente amplió ese tema atacando a los inmigrantes, especialmente a los no blancos, culpándolos de las dificultades económicas que sufren los trabajadores blancos como consecuencia de la desindustrialización.
El auge del sentimiento antinmigrante evoca episodios anteriores de la historia de Estados Unidos, cuando grandes oleadas migratorias suscitaron temores de que alteraran radicalmente la cultura predominante de la población de origen. A mediados del siglo xix, el movimiento anticatólico "Know-Nothing" surgió como reacción a la inmigración irlandesa. A finales del siglo xix y principios del xx, la inmigración china se vio interrumpida por la Ley de Exclusión China de 1882 y la Ley de Cuotas de Origen Nacional de 1924, que estableció un sistema de cuotas que redujo drásticamente la inmigración de italianos y judíos procedentes del sur y el este de Europa.
Durante su segundo mandato, Trump cerró de facto la frontera sur de Estados Unidos, detuvo la inmigración procedente de varios países, se refirió a las naciones del Tercer Mundo como "países de mierda" y lamentó que tan pocos inmigrantes a Estados Unidos procedieran de Escandinavia. En sus primeros cien días en el cargo, Trump emitió 181 órdenes ejecutivas para restringir la inmigración y poner en marcha su programa de deportación masiva contra la población latina indocumentada (Smeltz y El Baz, 2026).
El nativismo racializado del electorado principal de Trump refuerza el instinto neoaislacionista de su administración. Se trata de un electorado aislado, con escaso conocimiento o experiencia del mundo más allá de las fronteras estadounidenses, y poco interés en él salvo cuando lo perciben como una amenaza. En 2024, 83 % de los republicanos consideraba que la llegada de un gran número de inmigrantes y refugiados a Estados Unidos suponía una amenaza crítica para los intereses vitales del país (Consejo de Asuntos Globales de Chicago, 2026).
Neoaislacionismo: "Estados Unidos primero"
No es casualidad que el movimiento político de Trump se autodenomine America First, evocando el movimiento aislacionista de derecha más popular y poderoso de la historia de Estados Unidos: el movimiento America First de la década de 1930, cuyo objetivo era mantener a Estados Unidos al margen de la Segunda Guerra Mundial. Pero el aislacionismo tiene una larga tradición en Estados Unidos, que se remonta a la fundación de la nación. Los fundadores coincidían en que Estados Unidos debía evitar verse envuelto en los conflictos perennes entre las naciones europeas. El presidente George Washington, en su Discurso de Despedida (Washington, 2017), advirtió a sus compatriotas que no "comprometieran nuestra paz y prosperidad con las ambiciones europeas". En su discurso inaugural, el presidente Thomas Jefferson (1801) aconsejó a la nueva nación que evitara "alianzas que la enredaran", y el presidente John Quincy Adams advirtió célebremente que Estados Unidos no debía "ir al extranjero en busca de monstruos que destruir" (1821).
A lo largo del siglo xix, los océanos Atlántico y Pacífico sirvieron como amplias barreras, aislando a Estados Unidos —en su mayor parte— de la participación en las guerras europeas. En 1823, el presidente James Monroe proclamó la Doctrina Monroe, que prohibía a las potencias europeas en guerra intentar establecer nuevas posesiones coloniales en el hemisferio occidental; una declaración de facto tanto del aislamiento del hemisferio respecto a Europa como de la preeminencia de Estados Unidos en la región.
El aislacionismo fue uno de los sentimientos que impulsaron el movimiento antimperialista a finales del siglo xix en respuesta a la guerra hispano-estadounidense, un movimiento que también se opuso a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial (Tompkins, 1970). El aislacionismo republicano logró bloquear la aprobación del Tratado de Versalles en el Senado estadounidense, y cuando estalló la guerra en Europa en 1939, el Comité Americano Primero se convirtió en una fuerza poderosa que se opuso a la participación de Estados Unidos (Brands, 2024).
El sentimiento aislacionista retrocedió cuando Japón atacó Pearl Harbor. Con el inicio de la Guerra Fría a finales de la década de 1940, los republicanos aislacionistas liderados por el senador Robert Taft parecieron abandonar su oposición a la participación global al apoyar a la Organización de Naciones Unidas (ONU), los acuerdos de Bretton Woods, el Plan Marshall para reconstruir Europa y toda la estructura del orden de posguerra que Estados Unidos había creado.
Durante la Guerra Fría, existió un consenso bipartidista en cuanto a que Estados Unidos era, como lo expresó la secretaria de Estado Madeleine Albright (1998), "la nación indispensable" en los asuntos mundiales, el garante del orden global. Sin embargo, en las dos primeras décadas del siglo xxi se ha observado un resurgimiento del sentimiento aislacionista en la opinión pública estadounidense, arraigado en la aparentemente interminable "guerra contra el terrorismo" lanzada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las fallidas intervenciones en Irak y Afganistán. Durante ese mismo período, la desindustrialización del corazón de Estados Unidos se aceleró, debido en parte a la "globalización": una serie de acuerdos de libre comercio que abrieron el mercado estadounidense a productos manufacturados extranjeros de bajo precio, especialmente con el rápido crecimiento de la economía china y la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001.
Si bien la opinión pública republicana muestra disposición a usar la fuerza militar en el extranjero bajo ciertas circunstancias, también revela una desconfianza aislacionista hacia otras formas de compromiso internacional. Menos del 30 % de los republicanos considera que combatir el hambre en el mundo, fortalecer la ONU, limitar el cambio climático y proteger a los aliados de Estados Unidos de la agresión son objetivos de política exterior "muy importantes". Solo un tercio opina que defender a los aliados de Estados Unidos es muy importante (Chicago Council on Global Affairs, 2026).
Donald Trump supo capitalizar el descontento público por los conflictos exteriores de Washington y su incapacidad para proteger la industria manufacturera estadounidense de la competencia extranjera. Prometió poner fin a la participación de Estados Unidos en guerras extranjeras interminables e imponer aranceles a los competidores extranjeros desleales (Daniels, 2026). Su neoaislacionismo es antiglobalista, contrario al libre comercio, escéptico ante las alianzas permanentes —en particular la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— y hostil hacia las organizaciones internacionales y los pactos multilaterales como el Acuerdo de París sobre el clima, del que se retiró en dos ocasiones. Además, Trump trata los tratados y obligaciones internacionales vigentes del mismo modo que ha tratado los contratos a lo largo de su trayectoria empresarial: los cumple solo mientras le benefician y los incumple cuando le conviene. En su primer mandato, por ejemplo, repudió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), insistiendo en que se negociara, lo que se concretó en 2020, como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). En su segundo mandato, Trump se negó a prorrogar el T-MEC como preludio a extorsionar más concesiones a México y Canadá o a abrogar el acuerdo por completo. Eligió el 1.o de julio, Día de Canadá, para hacer el anuncio. (Swanson et al., 2026).
Este impulso neoaislacionista se ha manifestado en las reiteradas amenazas de Trump de abandonar la OTAN, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). El 7 de enero de 2026, Trump emitió un Memorando Presidencial ordenando al gobierno retirar a Estados Unidos de 35 organizaciones y acuerdos internacionales no relacionados con las Naciones Unidas y de 31 agencias y acuerdos de la ONU (Trump, 2026a). Además, la financiación estadounidense para diversas organizaciones internacionales se redujo de 1500 millones de dólares a prácticamente nada. La imposición de aranceles por parte de Trump en 2025 violó varios acuerdos comerciales que Estados Unidos había firmado a lo largo de los años (Becker, 2025). Finalmente, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump (Casa Blanca, 2025) prometía una "predisposición al no intervencionismo", citando la sabiduría de los padres fundadores aislacionistas.
Sin embargo, las decisiones de Trump de ofrecer pleno apoyo a las guerras de Israel en Gaza y Líbano, y luego su decisión de unirse a Israel para lanzar una guerra contra Irán, apuntan a una tendencia contraria en la administración: la disposición a usar la fuerza militar cuando la Casa Blanca cree tener superioridad militar.
Realismo agresivo
Es improbable que Donald Trump haya leído alguna vez la Historia de las Guerras del Peloponeso de Tucídides, pero posee una comprensión instintiva del Diálogo de Melos: "Los fuertes hacen lo que quieren; y los débiles sufren lo que deben". El enfoque de Trump en política exterior, al igual que en los negocios, consiste en usar el poder para forzar concesiones de sus adversarios cuando la balanza de poder le es favorable, y en mostrarse complaciente cuando no lo es. Sus acciones son estrictamente transaccionales, impulsadas no por un conjunto coherente de valores, sino por un mero interés propio, sin límites de derecho internacional ni nacional, acuerdos internacionales ni normas.
Desplegó el poder económico y militar de Estados Unidos para extorsionar concesiones tanto de aliados como de adversarios: amenazó con retirarse de la OTAN a menos que los aliados europeos aumentaran su gasto en defensa, amenazó con abandonar Ucrania a Rusia a menos que Kiev cediera los derechos mineros a Estados Unidos, impuso aranceles del 50 % a Brasil para obligarlo a liberar al expresidente Bolsonaro de prisión, amenazó con apoderarse de Groenlandia y el Canal de Panamá por la fuerza militar, impuso sanciones económicas sin precedentes a Venezuela y Cuba para obligarlos a hacer concesiones a las demandas estadounidenses y, finalmente, el ataque del 3 de enero de 2026 contra Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia, y coaccionar al liderazgo restante de Venezuela para que accediera a las demandas estadounidenses de tomar el control financiero de la industria petrolera venezolana o enfrentar acciones militares adicionales (Wendler, 2026).
El colmo de este unilateralismo fue la decisión de Trump de iniciar una guerra con Irán por objetivos inciertos —cambio de régimen, fin del programa nuclear iraní, fin del apoyo iraní a grupos afines en la región, acceso de Estados Unidos al petróleo iraní o alguna combinación de los anteriores; todos ellos fueron mencionados favorablemente en algún momento (Sheinerman y Ruehl, 2026). Trump no hizo ningún esfuerzo por consultar a los aliados europeos, buscar la aprobación del Congreso en virtud de la Ley de Poderes de Guerra ni explicar los objetivos de la guerra al público estadounidense.
La política arancelaria de Trump ha sido un ejemplo de coerción económica: impuso aranceles masivos a más de cien socios comerciales de Estados Unidos, sin importar las obligaciones estadounidenses en virtud de los acuerdos de libre comercio vigentes o la Organización Mundial del Comercio (OMC), y exigió concesiones comerciales a cambio de reducir los aranceles perjudiciales. En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional eran inconstitucionales (Marimow, 2026), pero él ha seguido imponiendo nuevos aranceles utilizando otras facultades legales.
Esta postura agresiva enfatiza el "poder duro" en lugar del "poder blando". La nueva Estrategia de Seguridad Nacional se centra especialmente en el fortalecimiento del poder militar. Diversas formas de poder blando —como expandir la influencia de Estados Unidos fomentando una imagen positiva del país a través de la asistencia exterior, la radiodifusión internacional y la cooperación en organizaciones multilaterales— han sido relegadas en favor de un mayor gasto militar.
El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) eliminó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y recortó la asistencia humanitaria, la asistencia para el desarrollo y los fondos relacionados con la salud en más del 50 %. Suspendió la Voz de América (mientras que preservó TV y Radio Martí, las favoritas del secretario de Estado Marco Rubio). Propuso recortar los programas de intercambio cultural y educativo en un 93 % para 2025, pero el Congreso lo rechazó; este año, el recorte propuesto es del 68 % (Nash, 2026).
En el hemisferio occidental, la Cumbre de las Américas, originalmente programada para finales de 2025, se pospuso por falta de consenso entre los participantes y, hasta la fecha, no se ha reprogramado. Washington no estaba dispuesto a permitir la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y otros presidentes latinoamericanos amenazaron con boicotear la reunión. En su lugar, Trump convocó una cumbre aparte de líderes hemisféricos de derecha afines, el Escudo de las Américas. Diecisiete países enviaron representantes. El presidente Trump y todos los altos cargos de su gabinete asistieron y presentaron una agenda de seguridad centrada en trabajar juntos para "impulsar estrategias que detengan la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, las bandas criminales y narcoterroristas, los cárteles y la inmigración ilegal y masiva" (Departamento de Estado, 2026). Cabe destacar la ausencia de México, Brasil, Colombia y Uruguay, entre otros.
Esferas de influencia de las grandes potencias
Una consecuencia del realismo agresivo es la idea decimonónica de que las grandes potencias pueden evitar conflictos entre sí dividiendo el mundo en esferas de influencia. El presidente Trump respeta el poder. En ocasiones, ha hecho comentarios que sugieren que envidia el poder de gobernantes autoritarios como Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un.
Se ha mostrado reacio a confrontar a Rusia en asuntos económicos o militares y, si bien ha amenazado a China con aranceles, generalmente ha evitado intensificar el conflicto con Pekín. Su visión de las relaciones internacionales parece basarse en una división del mundo en la que Rusia es la potencia europea dominante (y las potencias de Europa occidental están en declive), China es la potencia asiática dominante, Estados Unidos domina el hemisferio occidental e Israel es la potencia hegemónica regional en Oriente Medio.
El 2 de diciembre de 2025, aniversario de la firma de la Doctrina Monroe, Trump proclamó el "Corolario Trump" a dicha doctrina (Trump, 2025): "Que el pueblo estadounidense (American people) —no las naciones extranjeras ni las instituciones globalistas— siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio". A lo largo de la declaración, utiliza el término American para referirse no a las naciones y pueblos de América, sino a Estados Unidos. Para que no quede ninguna duda, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, presentada en noviembre de 2025, declara: "Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental".
Esta afirmación de hegemonía hemisférica fue precedida por las declaraciones de Trump al inicio de su segundo mandato, en las que afirmó que Estados Unidos debía anexar Canadá, tomar posesión de Groenlandia de Dinamarca por motivos de "seguridad nacional" y reclamar el Canal de Panamá para evitar que cayera en manos de China. La reivindicación del derecho estadounidense a lanzar ataques militares contra supuestos buques de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y a atacar territorio venezolano son expresiones de una actitud que considera que las demás naciones del hemisferio gozan de una soberanía limitada, la cual Estados Unidos puede violar a su antojo.
Mercantilismo
El electorado blanco de clase trabajadora que Trump movilizó en un movimiento populista de derecha se ha opuesto al libre comercio durante décadas. Una de las primeras manifestaciones fue la oposición del movimiento obrero organizado al TLCAN. El apoyo del Partido Demócrata al TLCAN, a pesar de la oposición obrera, marcó un hito importante en el distanciamiento de los trabajadores respecto a los demócratas, que habían sido su partido desde el New Deal en la década de 1930. A medida que la fuerza política del movimiento obrero organizado disminuía gradualmente durante los doce años de gobierno republicano bajo Ronald Reagan y George H. W. Bush, y mientras la financiación corporativa adquiría mayor importancia en las campañas políticas, el Partido Demócrata, bajo el liderazgo de Bill Clinton, un "Nuevo Demócrata" favorable a las empresas, se alejó de su tradicional alineación con los trabajadores manuales. Con los republicanos partidarios del libre mercado ya comprometidos con el libre comercio y la libre circulación de capitales, los trabajadores manuales no contaban con un partido político dispuesto a defender sus intereses económicos en el ámbito internacional, lo que los hizo vulnerables a una retórica populista de extrema derecha.
Trump parece tener una visión del comercio exterior propia del siglo xix, como un juego de suma cero en el que un país que compra más de lo que vende pierde. Al anunciar aranceles globales generalizados en el llamado Día de la Liberación en abril de 2025, Trump afirmó que Estados Unidos estaba siendo "estafado" por otras naciones. "Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado, pillado, violado y expoliado por naciones cercanas y lejanas" que mantenían superávits comerciales con Estados Unidos (Hutzler, 2025). Inicialmente, vinculó las tasas arancelarias al tamaño del superávit comercial de un país extranjero con Estados Unidos: cuanto mayor era el superávit, mayor era el arancel. Esto carece de sentido económico; los déficits comerciales severos solo son problemáticos en conjunto, no país por país. Incluso en conjunto, dado que los consumidores estadounidenses compran más que los consumidores de cualquier otro lugar del mundo y ahorran menos, es casi inevitable que Estados Unidos compre más de lo que vende y registre un déficit comercial global.
Trump también ha afirmado que los aranceles generarán tantos ingresos que eliminarán el déficit presupuestario federal y eventualmente harán innecesarios los impuestos sobre la renta, lo cual es imposible, ya que los aranceles encarecen los bienes importados, lo que provoca una disminución en su volumen y, por lo tanto, también en los ingresos generados por los aranceles. Finalmente, la imposición de aranceles de represalia y otras contramedidas —como la suspensión por parte de China de la compra de soja estadounidense y la venta de tierras raras vitales— implica que los aranceles tienden a generar consecuencias económicas internas negativas, además de elevar los precios. La Tax Foundation estimó que los aranceles de Trump costaron al hogar promedio estadounidense 1000 dólares en 2025 y 700 en 2026 en precios más altos (York y Durante, 2026).
Trump prometió a su base obrera que los aranceles darían como resultado la reindustrialización de Estados Unidos. Si bien es cierto que algunos sectores industriales podrían trasladar parte de su proceso de producción a Estados Unidos para evadir los aranceles, los altos costos laborales estadounidenses y la escasez de mano de obra calificada representan obstáculos para una relocalización significativa. No obstante, Trump podría presentar los aranceles como una promesa cumplida a sus votantes de clase trabajadora.
Trump en América Latina
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump identifica cuatro prioridades para la política estadounidense en América Latina:
- Detener la inmigración "ilegal".
- Intensificar y militarizar las operaciones antinarcóticos.
- Garantizar el acceso a los minerales estratégicos de la región.
- "Reducir la influencia extranjera", especialmente la de China.
Sin embargo, un objetivo tácito, pero cada vez más evidente, era derrocar a los gobiernos de Venezuela, Cuba y tal vez Nicaragua, la misma política que siguió la primera administración Trump cuando John Bolton era asesor de Seguridad Nacional y prometió derrotar a la "troika de la tiranía" (Bolton, 2018).
Al concluir el primer año de la Administración, Venezuela se había convertido en el blanco de la aplicación más agresiva de esta política, con una flotilla de lanchas patrulleras estadounidenses desplegadas frente a sus costas y constantes amenazas de ataque militar a menos que el presidente Maduro renunciara. Venezuela era un objetivo conveniente porque podía ser presentada como cómplice del narcotráfico (aunque las afirmaciones del gobierno al respecto eran exageradas) y de enviar intencionalmente inmigrantes ilegales a Estados Unidos (aunque la mayoría de esos inmigrantes odiaban al gobierno venezolano tanto como el secretario Marco Rubio).
Incluso entonces, Trump se enfrentó a la resistencia de algunos republicanos en el Congreso y miembros influyentes de su base electoral a un ataque militar contra Venezuela, quienes se tomaron en serio la promesa de campaña del presidente de evitar guerras extranjeras interminables (Sledge, 2025). La tensión inherente entre el neoaislacionismo y el realismo agresivo, así como las esferas de influencia de las grandes potencias, se ejemplificó en el caso de Venezuela. Esta tensión se hizo evidente entre Rubio, quien desde hace tiempo defiende el cambio de régimen, y el enviado especial Richard Grenell, quien lideró las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Venezuela que garantizara los derechos de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano (Gangitano y Kelly, 2025).
El ataque del 3 de enero contra Venezuela resolvió decisivamente esa tensión a favor del intervencionismo, y su éxito —tanto en el derrocamiento y la captura de Maduro como en el consiguiente control estadounidense sobre el petróleo venezolano— llevó a Trump a considerar la operación venezolana un rotundo éxito. Su corta duración, su resultado positivo y la ausencia de bajas estadounidenses acallaron a los escépticos de su base aislacionista, impulsaron su objetivo de dominación hemisférica y aseguraron el control del petróleo venezolano. Casi de inmediato, la administración Trump centró su atención en Cuba con la esperanza de replicar su éxito en Venezuela.
Política de Trump hacia Cuba
Aunque Marco Rubio ha ocupado los dos cargos más importantes de política exterior en la segunda administración Trump —secretario de Estado y asesor de seguridad nacional—, Cuba no fue una prioridad durante el primer año de este mandato. Como era de esperar, Trump revirtió de inmediato las medidas adoptadas por el presidente Joe Biden en enero de 2025 para mejorar las relaciones, que incluían la eliminación de Cuba de la lista del Departamento de Estado de estados patrocinadores del terrorismo internacional, la suspensión del Título III de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática y la derogación del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM) de Trump de 2017, que incluía prohibiciones para que los visitantes estadounidenses se alojaran en hoteles propiedad del gobierno o hicieran negocios con entidades cubanas administradas por las fuerzas armadas (Roy, 2026).
Pero más allá de eso, Trump solo tomó algunas medidas para endurecer el embargo, retomando esencialmente la política de sanciones que impuso durante su primer mandato. La administración cortó casi todos los intercambios culturales al negar visas a visitantes cubanos y permisos de viaje a visitantes estadounidenses a Cuba. Volvió a poner fin a la transmisión de remesas por correo, como lo hizo en su primer mandato, pero esto tuvo poco impacto práctico, ya que la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio informal del dólar estadounidense hacía que el envío de remesas por esta vía fuera poco atractivo, por lo que los cubanoamericanos encontraron otras maneras de ayudar a sus familias (Runde y Higashi, 2021). La administración no hizo ningún esfuerzo por bloquear esos canales informales. Tampoco intentó restringir las ventas estadounidenses al sector privado cubano, que dominaba el mercado de bienes minoristas e importó más que el gobierno en 2025. La mayoría de los insumos del sector privado provienen de Estados Unidos y serían vulnerables a las sanciones si la administración quisiera imponerlas.
El Departamento de Estado cortó prácticamente todo diálogo diplomático con el gobierno cubano, incluida la consulta semestral sobre migración, y la embajada de Washington en La Habana se centró en brindar un apoyo público a los disidentes cubanos, tal como lo había hecho durante la administración de George W. Bush (McMahon, 2025). El Departamento también intensificó su campaña diplomática para presionar a terceros países a que rescindieran sus contratos de servicios médicos con Cuba, con el fin de limitar, aún más, la capacidad de Cuba para obtener divisas (Bergengruen y Dubé, 2026). El Departamento de Estado lanzó una campaña de presión similar para lograr que los estados se abstuvieran o votaran en contra de la resolución anual de la Asamblea General de la ONU que pedía el fin del embargo estadounidense, la cual, a pesar de ello, fue aprobada por abrumadora mayoría en 2025 (Kornbluh, 2026).
Finalmente, Trump restableció el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5 (NSPM 5) de 2017, que Biden había revocado. El nuevo NSPM no impuso sanciones adicionales, por lo que tuvo escaso efecto práctico, ya que la mayoría de las sanciones impuestas por el NSPM 5 en 2017 fueron mantenidas por el presidente Biden; tanto es así que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro no necesitó emitir enmiendas a las Regulaciones de Control de Activos Cubanos para implementar el nuevo NSPM. El único cambio sustancial fue que el Departamento de Estado publicó nuevas Listas de Entidades Restringidas (empresas administradas por las fuerzas armadas cubanas con las que ningún ciudadano estadounidense puede hacer negocios) y la Lista de Alojamientos Prohibidos (hoteles propiedad parcial o total del gobierno cubano donde los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hospedarse). Las nuevas listas añadieron hoteles inaugurados o construidos desde que se publicaron las listas iniciales en 2017.
La aparente satisfacción de Trump con simplemente restablecer el statu quo anterior a su política hacia Cuba de 2017 cambió drásticamente el 3 de enero de 2026. Tan pronto como Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, accedió a cooperar con Washington, Venezuela suspendió los envíos de petróleo a Cuba, un duro golpe para la economía cubana, ya que Venezuela había sido la principal fuente de petróleo de la Isla durante más de dos décadas. En 2025, Venezuela enviaba a Cuba entre 13 y 20 millones de barriles de petróleo cada mes. Después del 3 de enero, dejó de enviar petróleo. En este caso, Rodríguez tenía pocas opciones, ya que incluso antes de la operación para capturar a Maduro, la Armada estadounidense había estado interceptando y confiscando petroleros que salían de Venezuela.
Si existía alguna duda de que Cuba sería el próximo objetivo en la agenda de Trump y Rubio para dominar el hemisferio occidental, esta desapareció el 29 de enero de 2026, cuando Trump emitió la Orden Ejecutiva 14380 (Trump, 2026b), declarando una emergencia nacional basada en la afirmación de que Cuba representaba "una amenaza inusual y extraordinaria [...] para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos". Esta declaración facultó a Trump para imponer nuevas sanciones contra Cuba, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La orden ejecutiva amenazaba con imponer aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a Cuba, ya fuera comercialmente o como ayuda humanitaria; en la práctica, un bloqueo petrolero.
El bloqueo petrolero fue verdaderamente sin precedentes. En al menos tres ocasiones anteriores, presidentes estadounidenses consideraron bloquear Cuba para interrumpir el suministro de bienes esenciales. El presidente Dwight D. Eisenhower sugirió la idea en 1960, afirmando: "Si ellos (el pueblo cubano) tienen hambre, expulsarán a Castro". El embajador estadounidense en Cuba, Philip Bonsal, lo disuadió, respondiendo: "No debemos castigar a todo el pueblo cubano por los actos de un individuo anormal", y el presidente cedió. El presidente John F. Kennedy consideró un bloqueo naval total, pero optó por una "cuarentena" de armas ofensivas para reducir el riesgo de un enfrentamiento con la Unión Soviética en alta mar. Durante la crisis migratoria de los balseros en 1994, Jorge Mas Canosa, fundador y presidente de la influyente Fundación Nacional Cubanoamericana (CANF), exigió al presidente Bill Clinton que bloqueara la Isla a cambio del apoyo de la CANF a la decisión de Clinton de internar a los refugiados cubanos en la base naval de Guantánamo. Clinton se negó por razones humanitarias (LeoGrande y Kornbluh, 2015).
En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, por seis votos contra tres, en el caso Learning Resources, Inc. contra Trump, que el uso que Trump hizo de la IEEPA para imponer aranceles era inconstitucional porque los aranceles equivalían a un impuesto. La IEEPA no otorgaba al presidente autoridad explícita para imponer impuestos, un poder reservado expresamente al Congreso por el Artículo I de la Constitución. Como resultado, la administración Trump se vio obligada a revocar decenas de órdenes ejecutivas que había emitido en los doce meses anteriores, imponiendo aranceles a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos. Entre ellas se encontraba la EO 14380, que imponía el bloqueo petrolero a Cuba. Pero no sirvió de nada. Otros países entendieron que Trump estaba dispuesto a castigarlos económicamente si enviaban petróleo a Cuba, por lo que ningún país se arriesgó, con la excepción de un único petrolero ruso que llegó en marzo. México, que era el segundo mayor proveedor de petróleo de Cuba e incluso podría haber superado a Venezuela en 2025, no se atrevió a enviar nada. La negativa de Washington a extender el acuerdo comercial T-MEC obligó a México (y a Canadá) a renegociar el pacto, lo cual era fundamental para la salud de la economía mexicana. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó públicamente el derecho de México a enviar petróleo a Cuba, no envió ninguno (Reuters, 2026a).
Las declaraciones públicas de Trump sobre Cuba se volvieron cada vez más audaces y amenazantes. Declaró repetidamente que Estados Unidos se apoderaría de Cuba. "Puede ser una toma de control amistosa. Puede que no lo sea", dijo en marzo (Meredith 2026). "Creo que tendré el honor de tomar Cuba", dijo unos días después. "Es un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma. Es decir, ya sea liberándola o tomándola. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella, si quieren saber la verdad" (Trotta, 2026).
Si los cubanos no aceptaban su derrota en la mesa de negociaciones, Washington lo lograría por la fuerza. En mayo, durante un discurso en Florida, prometió tomar el control de Cuba "casi de inmediato". "De regreso de Irán, haremos que uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, se detenga a unos cien metros de la costa", dijo. "Dirán: 'Muchas gracias. Nos ren-
dimos'" (Mitchell, 2026).
El 1.o de mayo, mientras los cubanos celebraban el Día Internacional de los Trabajadores con cientos de miles de personas protestando contra las políticas de Trump frente a la embajada de Estados Unidos, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que autorizaba la imposición de sanciones secundarias a cualquier persona o entidad extranjera que mantuviera relaciones comerciales con entidades cubanas sancionadas (Trump 2026c). Esta nueva orden ejecutiva representó una expansión masiva del embargo original, que se aplicaba principalmente a personas y empresas estadounidenses. Inicialmente, solo imponía sanciones a entidades cubanas, incluyendo al Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA), el conglomerado empresarial administrado por las fuerzas armadas. Sin embargo, el gobierno estadounidense advirtió a las empresas extranjeras que hacían negocios con GAESA y otras entidades sancionadas que tenían 30 días para romper sus vínculos con las empresas cubanas o también serían sancionadas. Una empresa extranjera sancionada se enfrentaría a la congelación de todos sus activos en Estados Unidos, la prohibición de hacer negocios en Estados Unidos o con cualquier entidad estadounidense, y el bloqueo del sistema financiero internacional. En resumen, la amenaza de sanciones obligó a las empresas a elegir entre hacer negocios en Cuba o en Estados Unidos.
Moa Nickel, una empresa conjunta entre la compañía estatal de níquel de Cuba y Sherritt International, una minera canadiense, figuraba en la lista inicial de entidades sancionadas. Parecía un intento de Estados Unidos por expulsar a Sherritt, el mayor inversor extranjero en la Isla. Si se lograba obligar a Sherritt a abandonar su participación en Cuba, serviría de ejemplo para otros inversores y potenciales inversores. A los pocos días, Sherritt anunció su salida de Cuba, pero revirtió la decisión tras acordar la venta del control mayoritario a Gillion Capital, LLC, una empresa estadounidense con estrechos vínculos con un exfuncionario y donante de la administración Trump. Los departamentos de Estado y del Tesoro aprobaron el acuerdo (14ymedio, 2026).
En los días y semanas siguientes, la administración añadió más entidades cubanas a la lista de sanciones, incluido el Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR). Al incluir a GAESA y sus empresas filiales que operan en el sector turístico, así como al MINTUR, la administración Trump aisló al sector turístico cubano, su principal fuente de divisas, del resto del mundo. Los socios extranjeros eran fundamentales para el sector turístico; no solo aportaban experiencia en gestión, sino que también se encargaban del marketing internacional, atrayendo clientes gracias a la reputación de su marca. Dos de los socios más importantes, Iberostar y Meliá, anunciaron que dejarían de trabajar con los hoteles cubanos gestionados por GAESA, y Meliá posteriormente también rompió su alianza con el MINTUR, alegando "dificultades significativas", tanto legales como financieras, ante las sanciones estadounidenses (14ymedio, 2026). Dos de las mayores compañías navieras que transportaban mercancías a Cuba, Hapag-Lloyd y CMA CGM, anunciaron que ya no manejarían carga cubana porque el puerto de Mariel estaba gestionado por GAESA (Trompiz et al., 2026).
El impacto acumulativo del aumento de las sanciones estadounidenses fue devastador, afectando a una economía cubana ya debilitada por deficiencias estructurales y los efectos persistentes de la pandemia de Covid-19. Las medidas estadounidenses para bloquear los ingresos en divisas obligaron al gobierno a reducir drásticamente las importaciones, lo que provocó escasez de alimentos, combustible, medicinas y otros bienes de consumo. La generación de electricidad, que depende en gran medida de centrales termoeléctricas obsoletas, cayó drásticamente debido a la falta de combustible y repuestos, sumiendo al país en la oscuridad durante la mayor parte del día, todos los días. Las escuelas y fábricas cerraron o funcionaron con horarios reducidos, los hospitales no pudieron atender eficazmente a los pacientes por falta de suministros, el transporte público dejó de funcionar y los alimentos cultivados en el país no pudieron llegar al mercado por falta de transporte (Augustin y Nicas, 2026; Augustin y Poole González, 2026; Augustin y Robles, 2026a; Augustin y Robles, 2026b; Augustin, 2026). Los cubanos que tenían cierto acceso a divisas, ya fuera a través de remesas o de ingresos del sector privado, podían comprar artículos de primera necesidad en comercios privados, pero los cubanos que vivían de salarios en pesos se vieron sumidos en la pobreza.
En junio de 2026, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció las sanciones estadounidenses sin rodeos:
Estos severos paquetes de sanciones, que afectan a sectores enteros de la economía y producen efectos generalizados, indiscriminados y severos en la población, son incompatibles con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos [...]. Esto es inaceptable. Estas sanciones deben levantarse de inmediato (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2026).
La búsqueda de una solución
Pocas semanas después del secuestro del presidente Maduro por parte de Estados Unidos, ambos países abrieron canales de comunicación para explorar la posibilidad de negociar una reducción de las tensiones y las sanciones. En febrero, Axios informó que el secretario Rubio había mantenido conversaciones secretas con el coronel Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y jefe de su seguridad personal; no se trataba de negociaciones, sino de conversaciones sobre el futuro, según un alto funcionario de la administración Trump (Caputo, 2026a).
Durante la reunión de la CARICOM en San Cristóbal y Nieves ese mismo mes, Rodríguez Castro se reunió cara a cara con uno de los asesores de Rubio. Diplomáticos caribeños que hablaron con Rubio afirmaron que el secretario les dijo que "las conversaciones con el gobierno cubano estaban muy avanzadas [...] y que Estados Unidos estaba muy cerca de lograr que los cubanos cambiaran su sistema", una valoración que, en retrospectiva, parece demasiado optimista. Tras las reuniones en San Cristóbal, Rubio se mostró conciliador y declaró a la prensa: "Cuba necesita cambiar, y no tiene que cambiar de golpe. No tiene que cambiar de un día para otro. Aquí todos somos maduros y realistas" (Charles y Gámez Torres, 2026).
En abril, el empresario cubano Roberto Carlos Chamizo González viajó a Estados Unidos con una nota diplomática cubana que Rodríguez Castro le había entregado para el presidente Trump. La carta pretendía entregarla directamente en la Casa Blanca, sin utilizar los canales diplomáticos habituales. En ella, la aduana estadounidense le confiscó la carta a Chamizo, en la que proponía un diálogo para explorar vías de cooperación económica y el levantamiento de las sanciones (Pentón, 2026).
Posteriormente se produjeron intercambios diplomáticos más tradicionales. En abril, una delegación del Departamento de Estado de EE. UU., se reunió con funcionarios cubanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana, seguida de un viaje a Cuba del director de la CIA, John Ratcliffe, quien se reunió con altos mandos militares y de inteligencia cubanos. En la reunión diplomática, Estados Unidos presentó una lista de demandas, advirtiendo a la parte cubana que disponían de un plazo limitado para aceptarlas. "El presidente Trump está comprometido a buscar una solución diplomática, si es posible", declaró un funcionario estadounidense, describiendo el mensaje transmitido a los cubanos, "pero no permitirá que la Isla se convierta en una grave amenaza para la seguridad nacional si los líderes cubanos no están dispuestos o no son capaces de actuar".
La lista de demandas estadounidenses incluía temas recurrentes en la agenda de Washington: la libertad de los presos políticos y la compensación por las propiedades estadounidenses nacionalizadas al inicio de la Revolución. También incluía reformas económicas que fomentaran la inversión extranjera, fortalecieran el sector privado e impulsaran la transición a una economía de mercado. Además, Cuba debía abrirse políticamente y aceptar celebrar elecciones libres y justas, lo que implicaría el desmantelamiento efectivo del sistema político cubano vigente. Finalmente, la delegación estadounidense expresó la preocupación de Washington por las relaciones de seguridad de Cuba con Rusia y China (Caputo, 2026b).
Según se informa, la reunión de Ratcliffe fue aún más unilateral. El director de la CIA viajó a La Habana no para discutir la cooperación en materia de seguridad sobre asuntos de interés mutuo, sino para advertir que "Cuba ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental", según un funcionario de la CIA. Trump estaba dispuesto a dialogar con Cuba, "pero solo si Cuba realiza cambios esenciales" (Caputo, Ravid y Lawler, 2026).
Las conversaciones se estancaron. En mayo, al preguntársele si Estados Unidos y Cuba podrían llegar a un acuerdo, Rubio respondió: "La probabilidad de que eso ocurra… no es alta" (Reuters 2026b). Ese parecía ser el único punto de acuerdo entre los dos gobiernos. Un mes después, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que no se había logrado ningún progreso en las conversaciones (Naranjo y Sherwood, 2026). Cuba manifestó su disposición a dialogar sobre prisioneros, compensaciones y relaciones económicas en general, y realizó varios gestos de buena voluntad, incluyendo la liberación del artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara y el anuncio de amplias reformas económicas orientadas al mercado. Sin embargo, en un tema, Cuba se mostró inflexible. "Estamos dispuestos a hablar de todo […] con una sola excepción", explicó la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal. "Cualquier asunto relacionado con la independencia, la soberanía, la autodeterminación de Cuba y el orden interno del país. Esas cuestiones son solo para que las decida el pueblo de Cuba" (Sánchez Jiménez, 2026). Mientras tanto, Marco Rubio se mostró igualmente inflexible al exigir cambios en el liderazgo y el sistema político de Cuba, declarando: "Tienen que poner a gente nueva al mando" (Meyn, 2026). Esa brecha parecía insalvable.
Mientras tanto, Washington continuó aumentando gradualmente las sanciones y preparando el terreno para una intervención militar. Se filtraron al Wall Street Journal y al New York Times afirmaciones exageradas sobre bases de espionaje chinas y rusas en la Isla (Ward y Bergengruen, 2026; Crowley 2026), seguidas de informes que indicaban que Cuba había adquirido 300 drones que potencialmente podrían atacar la base naval de Guantánamo, buques estadounidenses en alta mar o incluso Key West, Florida. "Es una amenaza creciente", declaró un alto funcionario estadounidense a Axios, "El hemisferio occidental no puede ser el patio de recreo de nuestros adversarios" (Caputo, 2026c).
Marco Rubio se refiere constantemente a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, insinuando en ocasiones que el colapso social y la migración masiva —que la política estadounidense promovía activamente— serían una razón legítima para la intervención (Por ejemplo, Rubio, 2026).
El dilema de Washington a mediados de 2026 era que ninguna de las opciones militares disponibles parecía capaz de lograr el objetivo de la administración Trump de un cambio de régimen a un costo aceptable. Trump se jactaba con frecuencia del gran éxito de su operación en Venezuela, y la acusación del Departamento de Justicia contra Raúl Castro sentó un precedente para la intervención, similar a la acusación contra Maduro por narcotráfico. Sin embargo, Castro tenía 95 años y se había retirado de todos sus cargos oficiales ocho años antes. Ya no dirigía el gobierno en el día a día, por lo que apartarlo de la escena no cambiaría nada. Los ataques aéreos como los que Trump ordenó contra Irán sumirían rápidamente a Cuba en una crisis humanitaria aún más profunda, pero la lección de Irán fue que las guerras aéreas no producen un cambio de régimen; para eso se necesita una intervención terrestre.
No cabe dudas de que el ejército estadounidense podría ocupar Cuba, aunque el costo en vidas humanas sería terrible, incluyendo bajas estadounidenses. Sin embargo, entrar sería más fácil que salir. Desde la década de 1980, las fuerzas armadas cubanas se han entrenado en la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo, que aboga por librar una guerra de guerrillas asimétrica y prolongada contra un ocupante. Además, dado que no existe una oposición organizada significativa en la Isla, Washington se haría responsable de mantener el orden y proveer a diez millones de personas que carecen de alimentos, medicinas y combustible suficientes, en un país cuya infraestructura se ha deteriorado drásticamente. Y el costo político interno de dicha ocupación, sumado a la guerra en Irán, sería considerable. Una encuesta realizada en mayo de 2026 reveló que 61 % de los adultos estadounidenses se oponía a un ataque militar contra Cuba y solo 13 % apoyaba la idea (Hayes, 2026).
Un enfoque realista del diálogo
Si las opciones militares disponibles resultan poco atractivas e incluso las aplastantes sanciones económicas no han convencido al gobierno cubano de cometer un suicidio político, la única salida al estancamiento en las relaciones que prevalece a mediados de 2026 sería una solución negociada. Irónicamente, la política exterior cubana no necesariamente entra en conflicto con Washington en los temas que la administración Trump ha señalado como sus prioridades en América Latina. En materia de inmigración, Cuba y Estados Unidos comparten un interés mutuo en una migración segura y legal, y han mantenido un buen historial de cooperación en este tema desde 1994. El cumplimiento por parte de Cuba de los acuerdos migratorios de 1994, 1995 y 2017 ha sido constante. El de Washington ha sido esporádico. La administración Trump ha designado a unos 600 000 cubanos que se encuentran actualmente en Estados Unidos como sujetos a deportación, pero no hay manera de que una parte considerable de esos migrantes pueda ser devuelta a Cuba sin diálogo con el gobierno cubano.
En materia de lucha contra el narcotráfico, las políticas cubanas son más drásticas que las de
Washington. La Guardia Costera estadounidense y la Guardia Fronteriza cubana han trabajado eficazmente para cerrar las rutas de narcotráfico en el Caribe durante más de 30 años. Cuba recibe una alta calificación por su cooperación en el Informe Anual de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (2024) del gobierno estadounidense.
En cuanto al acceso de Estados Unidos a minerales estratégicos, Cuba posee importantes yacimientos de níquel y cobre, y acogería con agrado inversiones extranjeras adicionales para desarrollar sus reservas. Si el objetivo de Washington es competir eficazmente con China por el acceso a los minerales de la región, Cuba sería un lugar lógico para que Estados Unidos establezca relaciones comerciales.
En lo que respecta al objetivo de Washington de contrarrestar a las potencias extrahemisféricas, Cuba ha sido un punto conflictivo desde la década de 1960, cuando buscó una alianza estratégica con la Unión Soviética para contrarrestar los intentos estadounidenses de cambio de régimen. Poco ha cambiado. Washington sigue buscando un cambio de régimen y Cuba sigue recurriendo a otras grandes potencias —Rusia y China— para contrarrestar la presión estadounidense. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con ventajas que le permitirían superar a estos rivales mediante una estrategia de acercamiento.
Estados Unidos es un socio económico natural para Cuba: una fuente potencial de comercio, turismo e inversión que supera con creces lo que Rusia o China pueden ofrecer. Además, una sólida relación económica con Estados Unidos incentivaría a Cuba a limitar su cooperación militar y de inteligencia con adversarios estadounidenses. Asimismo, los cubanos tienen una afinidad cultural mucho mayor con Estados Unidos que con Rusia o China, una ventaja comparativa que debería aprovecharse flexibilizando, no endureciendo, las restricciones a los intercambios culturales y educativos, así como a los viajes.
En resumen, Estados Unidos podría impulsar muchos de sus intereses fundamentales en política exterior, así como ampliar la cooperación en una amplia gama de asuntos de interés mutuo, dialogando con Cuba en lugar de intentar doblegar a los cubanos y devolverlos al estatus neocolonial que tenían antes de 1959. La única concesión que Washington tendría que hacer sería abandonar la idea de que no puede coexistir con el actual régimen cubano y que debe derrocarlo para exorcizar finalmente el fantasma de haber perdido la Isla hace 67 años.
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