 América Latina y el Caribe/Image_001.png){kind=small}
Nueva Época
Número 02
MSc. Elio Perera, Lic. Mayra Bárzaga, MSc. Orietta Hernández, MSc. Juan A. Cordero.
No se recuperan los niveles de actividad econó- mica pre-COVID. La región retrocede en la dis- tribución del ingreso y en la inserción en los pro- cesos económicos globales. Se amplía la brecha tecnológica respecto a otras regiones, y a lo inter- no se ensanchan tanto las brechas sociales como al interior de los sectores económicos.
Se mantiene un nivel relativamente alto de los precios de las materias primas, lo que amortigua parcialmente los efectos de la crisis, beneficiando a los productores de metales y minerales críticos como el litio, el cobre y el estaño. El incremento de la demanda y los precios de alimentos favorece a Brasil y Argentina, pero tensiona a los importa- dores netos.
La evolución de los precios de las materias pri- mas tiene efectos asimétricos: mientras una par- te de Sudamérica se beneficia de precios altos de minerales, metales y alimentos, Centroamérica y Caribe se ven afectadas por la reducción de las re- mesas, la caída del turismo y el encarecimiento de sus importaciones.
La cotización del crudo experimenta un as- censo paulatino y moderado, en una franja os- cilante y un entorno de incertidumbre marcado por un dinamismo económico inferior a la etapa pre-pandemia. El gas natural sustituye niveles de consumo de petróleo y sus derivados en la indus- tria y como combustible en el transporte maríti- mo, lo que estimula la recuperación del sector en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú.
No se prevén grandes inversiones en la prospec- ción y explotación de nuevos campos petroleros.
La explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Argentina, Colombia, y cos- ta afuera en Brasil, se ven limitadas por el impacto ambiental y su baja rentabilidad. El crecimiento del sector petrolero es modesto en combustibles automotores y condicionado por la actividad de la industria petroquímica y la recuperación del transporte aéreo.
ríodo prolongado; y la recuperación del turismo. El incremento de enfermedades crónicas aso-
ciadas al COVID-19 desafía a los sistemas de sa- lud y plantea la necesidad de cambios estructura- les. La inmunización contra el virus y la atención a sus secuelas no es universal por lo que sectores poblacionales mantienen la exposición al conta- gio y a los efectos de la enfermedad. Se acentúan las brechas sociales asociadas a las inequidades en el acceso a los servicios sanitarios y de educación, al mercado laboral y a las tecnologías digitales. Las mujeres son el grupo social más afectado por ser el núcleo de formas de trabajo no retribuidas como la economía del cuidado.
La percepción sobre la gestión gubernamental para enfrentar la pandemia deviene factor decisi- vo del comportamiento electoral, de manera que
puede provocar renuncias forzadas, procesos de enjuiciamiento político a funcionarios públicos y/o voto castigo, aunque en casos donde el ma- nejo de la pandemia sea adecuado puede ofrecer legitimidad y réditos electorales a las fuerzas de gobierno.
Los gobiernos locales adquieren relevancia como decisores políticos, en algunos casos dis- tanciándose o contraviniendo las políticas de los gobiernos nacionales. Su participación en la polí- tica exterior se consolida como vía para enfrentar problemas para los que la instancia nacional no ofrece soluciones.
La incorporación a la Ruta Sanitaria de la Seda podría otorgar preferencias en el acceso a insu- mos, pero también estimularía la intervención de Estados Unidos.
La enorme presión fiscal sobre la clase media y las mayorías empobrecidas, y el intento de aproba- ción de paquetes legislativos para reducir las obli- gaciones estatales, supuso un ciclo de protestas en varios países de la región. La respuesta violenta a la protesta social condujo al cuestionamiento de las elites políticas conservadoras por el quebran- tamiento tanto de derechos sociales y económicos como políticos, lo que propicia cambios que dan cuenta de una nueva correlación de fuerzas donde una izquierda heterogénea recupera y gana nuevos espacios; incluso aunque no alcance expresión ins- titucional, impacta las políticas institucionales.
Emergen nuevos actores que canalizan las insa- tisfacciones acumuladas con gobiernos y partidos tradicionales de todo el espectro político. Aunque mayoritariamente no son antisistémicos, la natu- raleza de muchos de sus reclamos los acerca a la izquierda.
El gobierno peruano encuentra límites en la fal- ta de mayoría legislativa, la camisa de fuerza de la legislación vigente y una gobernabilidad frágil. En Chile, el gobierno transforma parte de la
institucionalidad, devolviéndole al Estado temas sensibles como la seguridad social y ampliando las garantías materiales para el ejercicio de los de- rechos en salud e instrucción.
Una alianza entre fuerzas progresistas logra fracturar el bipartidismo tradicional colombia- no, lo que abre espacios al restablecimiento de los diálogos de paz. La violencia política paramilitar recobra auge e impacta en la frontera. Se logra un control fronterizo más efectivo y se reducen los niveles de conflicto con Venezuela.
En Brasil, llega al gobierno un nuevo bloque de fuerzas en una negociación de consensos míni- mos que mesura la proyección política del Parti- do de los Trabajadores, y dirige las prioridades a la recomposición de la institucionalidad y el pacto social. Brasil recupera posiciones que perdió du- rante el gobierno de Bolsonaro en la arena inter- nacional, sin alcanzar los niveles de activismo lo- grados en los mandatos petistas previos.
En Argentina, tras el duro revés legislativo en 2021, las fuerzas peronistas logran reagruparse y reeditar con estrecho margen el éxito electoral de 2019 frente a las fuerzas de Juntos por el Cambio. El gobierno de Morena en México, bajo un nue- vo liderazgo, continúa desarrollando su activismo diplomático regional con posiciones críticas al in- jerencismo evitando que se deteriore la relación
bilateral con Estados Unidos.
En Ecuador se produce un tenso ciclo de luchas y resistencias ciudadanas. Se acentúa la crisis de representatividad de los partidos políticos y de las organizaciones indígenas.
En Bolivia, el gobierno del Movimiento al So- cialismo logra gestionar con acierto la pandemia y sostener el crecimiento económico bajo la presión de una derecha fragmentada y sectores asociados.
En Venezuela, las restricciones financieras, los reducidos niveles de importación, la todavía limi- tada capacidad productiva del sector petrolero, la inflación, la depreciación del bolívar, las sancio- nes de Estados Unidos y los efectos de la pande- mia continúan condicionando la evolución de la
economía venezolana. El desarrollo del sector pe- trolero sigue dependiendo de inversiones para su modernización, pero a pesar de las sanciones y el intento de saqueo de CITGO, tiene lugar una re- cuperación moderada de la capacidad productiva de este sector y de refinación en la Franja Petrole- ra del Orinoco, y la conversión de crudo pesado a ligero, lo que permite incrementar la disponibi- lidad para el sector automotor. Una eventual fle- xibilización de las sanciones propiciaría una re- cuperación gradual de la industria petrolera sin alcanzar niveles máximos.
La agresividad de Estados Unidos y la Unión Europea tiende a flexibilizarse a partir de la eva- luación de que la política de la administración Trump no fue efectiva, que su continuidad podría acarrear problemas en la seguridad regional y de la expectativa de lograr los mismos objetivos por vías diferentes.
El gobierno venezolano mantiene el control po- lítico, la mayoría legislativa y en gobernaciones y alcaldías en los procesos electorales del período, y el apoyo de las Fuerzas Armadas, al tiempo que se muestra abierto al diálogo tanto con las fuerzas de oposición interna como con otros actores ex- ternos, bajo condiciones de respeto mutuo y no injerencia.
Caribe
El COVID recuperó el valor de la acción coor- dinada en el campo de la cooperación en CARI- COM. No obstante, las dificultades en la cons- trucción del Mercado y Economía Únicos, que motiva el cuestionamiento de los compromisos comunitarios de algunos miembros, y divergen- cias ocasionales entre algunos de ellos pueden comprometer la proyección común.
Los temas de la relación con Venezuela —en es- pecial el impacto de la migración venezolana, la posición en torno al reconocimiento del gobier- no bolivariano, y el diferendo del Esequibo— así como la percepción sobre cómo la región incor- pora el tema del cambio climático y el tratamien- to diferenciado a los pequeños estados insulares
en su agenda, son determinantes en el estado de la relación entre el Caribe y América Latina, con impacto en la importancia que los caribeños otor- guen a la Comunidad de Estados Latinoamerica- nos y Caribeños (CELAC).
En ambos niveles —interno y externo— Esta- dos Unidos presiona para dividir la CARICOM y dinamitar los puentes de intercambio desarrolla- dos con América Latina. El énfasis estadouniden- se en el cambio de la matriz energética —que le garantiza dividendos económicos a largo plazo— satisface el interés caribeño y favorece la articula- ción con la subregión.
El cambio climático se mantiene como tema central en la agenda multilateral del Caribe, y de- viene exigencia de los gobiernos en foros interna- cionales y regionales como la OEA y en la rela- ción con actores externos.
El acceso a financiamiento, en un contexto de elevado endeudamiento y escasez de divisas, es un factor determinante para el desarrollo económico de las naciones del Caribe. Dada su clasificación como países de renta media —que los coloca en desventaja para acceder a financiamiento concesio- nal—, demandan en todos los foros multilaterales y en el diálogo bilateral con países desarrollados, la utilización de un índice de vulnerabilidad en lugar del PIB per cápita como criterio de definición de las necesidades de financiamiento. La deuda puede ser utilizada por Estados Unidos y sus aliados para presionar a los gobiernos caribeños en sus relacio- nes con Cuba, Venezuela y China.
La actividad turística en el Caribe no se recu- pera completamente en el período. El ritmo de la recuperación está determinado por: la evolución de la pandemia en países de origen y de destino; la velocidad de adaptación a las nuevas condicio- nes; el impacto del balance entre bajos niveles de actividad y altos costos operativos en la supervi- vencia de la industria, lo cual depende en gran medida del estímulo fiscal que puedan sostener los gobiernos; y la reactivación plena de los viajes internacionales.
El transporte continúa siendo un tema de alto impacto, dadas las limitaciones en la interco- nexión entre los países Caribe. Las principales ru- tas permanecen vinculadas fundamentalmente a puertos y aeropuertos de Estados Unidos.
El foco de atención subregional de Estados Uni- dos se concentra en Centroamérica, priorizando el tema migratorio y la violencia, especialmente vinculados a los flujos del Triángulo Norte. Otor- ga apoyo a gobiernos que acojan a migrantes ve- nezolanos. Se mantiene la centralidad de la lucha contra la corrupción con la novedad de atribuir la pobreza y la migración a ese flagelo.
El tema del cambio climático es asumido bajo enfoques más exigentes, por lo que la posición ne- gligente de algunos gobiernos latinoamericanos deviene factor de tensión.
La utilización de sanciones es un elemento de continuidad, pero se busca una mayor efectividad sumando a los aliados a adoptarlas. Las sanciones directas están dirigidas a apoyar la política de cam- bio de régimen contra Venezuela, Nicaragua y Cuba. Gana peso la tendencia a privilegiar al sector privado y las organizaciones de la sociedad civil como receptores y distribuidores del financia-
miento en detrimento del sector estatal.
La actualización del Departamento de Estado, con la inclusión y rescate de figuras conocedoras y relaciones previas con la región, permite recons- truir los canales de comunicación y el tratamiento a temas sensibles, aunque le resulta difícil encon- trar interlocutores regionales que viabilicen arti- culaciones políticas.
La presencia de actores extrarregionales consi- derados adversarios es una preocupación crecien- te para Estados Unidos, en especial: China, por las inversiones en infraestructura y tecnología; Rusia, por la cooperación militar, la venta de armamento, e incluso la participación en la lucha contra el nar- cotráfico; e Irán, por la incidencia en Venezuela.
Se profundiza el trabajo coordinado entre el Departamento de Estado, de Justicia, de Defensa, de Seguridad Interna, la Comunidad de Inteligen- cia y el Comando Sur, lo que incide en la agenda de seguridad de la región y en el uso de las emba- jadas como instrumentos de injerencia. Se incre- mentan las acciones encubiertas y de desestabili- zación de la USAID y la NED.
Estados Unidos intenta fortalecer instituciones del Sistema Interamericano como la Corte Inte- ramericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Junta Interamericana de Defensa (JID), e impulsa la institucionalización de una Comisión Intera- mericana de Defensa subordinada a la OEA que articule las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, Jefes de Ejércitos, Marina y Avia- ción, y de los subsistemas regionales de defensa existentes.
Se reduce el número de efectivos en la región, y se retoma el principio de defensa y seguridad compartidas, que jerarquiza la cooperación con aliados y en el ámbito multilateral interamerica- no. No se prevé la construcción de bases impor- tantes, aunque se amplían las facilidades tempora- les con énfasis en los Centros de Operaciones de Emergencia. Aumenta la presencia de contratistas civiles y militares, el entrenamiento de fuerzas ar- madas y policiales y las operaciones antidroga a gran escala en la región.
Se refuerza el papel del Comando Sur como in- terlocutor y su participación directa en el enfren- tamiento a la pandemia, lo que facilita el control territorial. Extiende su rango de acción al ciberes- pacio, a través de “guerras de información” que monitorean las redes sociales y regulan la libertad de expresión en Internet.
Frente al deterioro de la OEA, a pesar de los es- fuerzos por recuperar su credibilidad y eficiencia política, Estados Unidos pretende reconstruir su liderazgo regional a través del BID y las Cumbres de las Américas. El BID adquiere mayor protago- nismo en la competencia con el financiamiento de China.
Tras el incremento de su capital social, el BID se presenta como promotor de la integración regio- nal y articulador en la captación de recursos inter- nacionales para la recuperación. El nuevo énfasis en la integración podría indicar una actualización de viejas propuestas (América Crece), o el lanza- miento de nuevas vinculadas a la infraestructura o la tecnología, asociadas al llamado estadouni- dense a conformar una alianza tecnológica entre países democráticos.
En las Cumbres de las Américas, la administra- ción Biden da a conocer su enfoque de las rela- ciones con la región, focalizando la lucha contra la corrupción; la democracia; los derechos huma- nos; propuestas para la recuperación en salud; el tema migratorio; la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos; el cambio climático; y las redes limpias para enfrentar a China.
La Cumbre de 2022 encuentra un cambio sus- tancial en la orientación política de varios gobier- nos a escala regional. Estados Unidos restringe la lista de invitados a similitud de la Cumbre de la Democracia. En el intento de recomponer su ima- gen ante la región y asestar un golpe mediático a China, en la Cumbre podría presentar una pro- puesta de condonación selectiva y condicionada de la deuda. Será un espacio para buscar alinea- mientos tecnológicos contra China.
En condiciones de fragmentación y polarización interna —en especial en torno al reconocimiento al gobierno bolivariano y a las posiciones respecto a los cuestionamientos a la OEA por parte de varios miembros—, la vitalidad de CELAC depende en gran medida del papel del país que asuma la Pre- sidencia Pro Témpore, su habilidad para gestionar las diferencias políticas de manera que preserven el reconocimiento a la funcionalidad del mecanismo, y la importancia estratégica que le otorguen los miembros, más allá de ser el foro privilegiado por China para el diálogo con la región y ser un espacio de interlocución con la Unión Europea.
Durante la pandemia se desarrollan actividades de carácter técnico que concitan menos rechazo y se impulsan iniciativas que al menos intentan dar respuesta mancomunada a problemas comu- nes, ante la insuficiencia de los mecanismos in- ternacionales y de la cooperación extrarregional, por ejemplo, en el campo de la salud y el cambio climático, que se perfilan como los pivotes para la construcción de consensos.
Un tema que podría afianzar el interés estraté- gico de los miembros en la CELAC es el de pro- mover la discusión para proponer un marco glo- bal para reestructuraciones de deuda soberana con el sector privado.
Las peculiaridades de la membrecía del Grupo de Puebla le permiten una cobertura amplia a te- mas relevantes como la demanda de condonación de la deuda, la atención a la pobreza y las desigual- dades, la preservación de la paz con énfasis en Co- lombia, el papel del Estado en la pos-pandemia y el rescate del multilateralismo. Aunque se ha intenta- do que gobiernos afines a las motivaciones del gru- po lleven estos temas a la ONU, no se ha logrado.
Entre sus miembros gana fuerza la idea del res- cate de la integración en el ámbito sudamericano, especialmente de la Unión de Naciones Surameri- canas (UNASUR). La pandemia se presenta como oportunidad para construir bajo lógicas diferentes. El Grupo de Puebla incrementa su articulación con otras agrupaciones del progresismo internacional.
Estados Unidos utiliza a sus aliados para inten- tar cerrar el paso a la participación china, cubana y rusa en la producción y suministro de vacunas para enfrentar el COVID-19 y otras pandemias.
El tema tecnológico es el núcleo que mayores ten- siones generan a los gobiernos latinoamericanos
en las relaciones controversiales entre Estados Uni- dos y China. El primero intenta forzar el desacople de las tecnologías chinas como condición para las relaciones con empresas estadounidenses y presio- na a sus aliados a tomar medidas similares.
Los países de la región se ven en la disyuntiva de decidir qué participación tendrán las empresas chinas en la actualización tecnológica. Muchos lí- deres latinoamericanos, incluidos los de derecha, adoptan un “no alineamiento activo” que les per- mita sacar alguna ventaja de la competencia entre Estados Unidos y China. El tema suscita debates y divisiones al interior de los legislativos, de los propios ejecutivos y de la sociedad.
Las presiones estadounidenses para revertir al máximo posible las relaciones con China se en- frentan a su incapacidad de competir con el mon- to del financiamiento que oferta el país asiático, y el peso de sus relaciones comerciales financie- ras con la región. A ello se suma su participación temprana y amplia en la vacunación, que ha con- solidado las relaciones, incluso en países con go- biernos cercanos a Estados Unidos. La llamada ‘diplomacia de las mascarillas’ sentó un preceden- te positivo para la cooperación incluso con países que no tienen relaciones oficiales con China.
El gobierno de Xiomara Castro en Honduras reconoce diplomáticamente a China y rompe re- laciones con Taiwán.
Argentina profundiza sus relaciones con China y plantea su incorporación a la Franja y la Ruta, pero antes debe sortear la renegociación de su deuda.
Se profundizan las relaciones entre China y las instancias subnacionales de países de la región, lo que genera tensiones con los gobiernos naciona- les cuando por razones políticas estos restringen las relaciones con el gigante asiático, aunque tam- bién puede funcionar como una alternativa me- nos comprometida frente a las presiones de Esta- dos Unidos.
Estados Unidos nuclea a sus aliados extrarre- gionales para compartir los costos de la compe-
tencia creando asociaciones en tecnología e in- fraestructura para ofrecer una alternativa a las iniciativas chinas a los países en desarrollo.
El otorgamiento de préstamos y la renegocia- ción de deudas son condicionados a la restricción de las relaciones con China. Estados Unidos re- dirige los recursos de ayuda externa hacia el sec- tor privado y organizaciones de la sociedad civil cuando presume que los gobiernos favorecen las relaciones con China.
La competencia estratégica se erige en un factor de fragmentación de la región. Algunos países, en especial de América del Sur, asumen los costos de mantener la relación con China.
Sin embargo, esa fragmentación no debe inter- pretarse como un alineamiento integral: el mayor acercamiento a China tiene lugar en la dimensión económica; en lo político, los países latinoameri- canos intentarán compensar su “osadía” con posi- ciones neutrales o críticas frente a las acusaciones reiteradas de Estados Unidos en temas de dere- chos humanos, democracia, libertades civiles, etc., en las que, con bajo perfil, lo acompañarán.
 América Latina y el Caribe/Image_002.png){kind=small}
Los vínculos de Rusia con la región son de gran importancia, entre otras razones por la cercanía estratégica a su principal enemigo. En términos económicos no ofrece las mismas oportunidades que China o los Estados Unidos debido a la baja competitividad de los productos y servicios ru- sos. Están activas empresas rusas de los sectores de energía, y defensa y seguridad, fundamental- mente por la venta de armamento a precios com- petitivos a Venezuela, Perú, Argentina, Brasil y Nicaragua. En este último, además, opera facili- dades navales, una estación de rastreo de satélites y entrenamiento para la lucha contra el narcotrá- fico. La evaluación de Estados Unidos como una grave amenaza hace previsible que la cooperación con Moscú, en este sector, se incremente. La “di- plomacia sanitaria” posibilita la transferencia de tecnología para fabricar Sputnik V en América Latina.