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Nueva Época
Número 03
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Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana.
Profesor Auxiliar e investigador. Fundador del Centro de Estudios sobre Estados Unidos. e-mail: cfczanetti@gmail.com
Número ORCID: 0000-0002-2696-7258
Los multimillonarios norteamericanos son los dueños de las grandes multimedias a través de las cuales for- man y moldean los estados de opinión de la gente. De igual forma, a través de los Partidos Demócrata y Republi- cano, los ricos dominan las multimillonarias campañas electorales para la elección de sus gobernantes, tanto a nivel distrital como estadual y federal, garantizando que no acceda al gobierno nadie que represente intereses ajenos a los suyos, y que en el proceso de gobernar sean sus intereses los que avancen aunque se contrapongan a los de la mayoría. Este hecho determina que en la actualidad no pueda hablarse de un sistema democrático en Estados Unidos, pues no son los intereses del pueblo los que el sistema toma en cuenta, sino el de los ricos y millonarios, por lo que el sistema en realidad es una plutocracia. A este problema de carácter estructural se une ahora otro de carácter coyuntural como la extrema polarización política que tiene prácticamente paralizado el proceso de gobernar y dividido al país. Finalmente se analizan los peligros que acechan actualmente al sistema. Palabras clave: Pueblo, ricos, opinión pública, elecciones, bipartidismo, sistema, gobierno, democracia, plu-
tocracia, estructurales, coyunturales, peligros.
Abstract
The americans multimillonaires are the owners of the greatests multimedias that shape the people´s public opi- nion. Through the Democratic and the Republican parties they also control the elections of government officers at all levels; districts, states and federal, securing that not any officer with interests contrary to theirs accede to the government, and that in the government process, their interests move forward no matter if they aren´t also those of the majority. Those facts determine that the present system in the U.S. is not a democracy, because there are the interests of the wealthiest and not those of the people. For that reason instead of a democracy what the US have now is a plutocracy. Besides those structural problems the system is suffering of an occasional problem, an extreme political polarization that makes very difficult the process of govern and divided the country. Finally the current danger that threaten the system are being analyzed.
Key words: People, rich, public opinion, elections, two party system, system, government, democracy, plutocracy, structural, occasional, dangers “dangers”.
La democracia tiene su origen en dos palabras del griego: “demos”, pueblo, y “kratos”, gobierno. Podría traducirse entonces como “el gobierno del pueblo”. Esta frase refleja la idea fundamental de la democracia: un modo de gobierno en el cual to- das las personas pueden participar en el proceso de toma de decisiones para generar el bien común.
El presidente de los Estados Unidos de Améri- ca, Abraham Lincoln, la definió como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
El 16 de abril de 1961, un día antes de la inva- sión mercenaria por Playa Girón, Fidel Castro ha- blando en el entierro de las víctimas de los ataques aéreos del día anterior llevados a cabo con el pro- pósito de destruir en tierra los pocos aviones de la fuerza aérea cubana, expresó: “Compañeros obre- ros y campesinos, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes.” Y dijo más adelante: “Nos di- ferenciamos de Estados Unidos en que Estados Unidos es un país que explota a otros pueblos, en que Estados Unidos es un país que se ha apodera- do de una gran parte de los recursos naturales del mundo, y que hace trabajar en beneficio de su cas- ta de millonarios a decenas y decenas de millones de trabajadores en todo el mundo.” “Nosotros so- mos todo lo contrario: un país que está luchando porque sus obreros no tengan que trabajar para la casta de millonarios norteamericanos (aplausos); nosotros constituimos un país que está luchando por rescatar nuestros recursos naturales, y hemos rescatado nuestros recursos naturales de manos de la casta de millonarios norteamericanos.” “Estados Unidos constituye políticamente hoy un sistema de explotación de otras naciones por una nación, y un sistema de explotación del hombre por otros hombres.”
Con el transcurrir de los años ambas defini-
ciones, la de Lincoln en el siglo XIX y la de Fidel Castro a comienzos de la revolución socialista en Cuba, perdieron vigencia. Con el desarrollo de la revolución en Cuba han desaparecido las clases sociales antagónicas y lo que existe hoy es un go- bierno democrático del pueblo por el pueblo y para el pueblo, mientras Estados Unidos, con el desarro- llo del capitalismo y el nacimiento y posterior
auge del imperialismo, ha devenido en un gobier- no de los ricos, por los ricos y para los ricos.
El Diccionario Enciclopédico Nuevo Océano de- fine la democracia como gobierno en que la sobe- ranía pertenece al pueblo, que ejerce el poder, bien directamente, bien por medio de representantes.
Considerando válida esta definición, debe con- cluirse que ambos procesos, el de elegir los gober- nantes y el de gobernar, habrán de ser democráticos. Veamos como son ambos procesos en Estados
Unidos.
Estados Unidos constituye una república fede- ral constitucional, con un régimen presidencialista como forma de gobierno basado en la separación de poderes en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial.
La Cámara de Representantes la integran 435 re- presentantes, designados proporcionalmente por los estados de acuerdo con la cantidad de pobla- ción. Los miembros de la Cámara de Represen- tantes son elegidos cada dos años, sin límite de mandatos.
El Senado lo integran 100 senadores, dos por cada estado. Los miembros del Senado tienen un mandato de seis años, sin límite en el número de periodos que pueden servir. Un tercio del Senado se renueva cada dos años.
federales de distrito y los tribunales especiales. Los jueces federales son nombrados por el Pre- sidente con la aprobación del Senado, y ejercen el puesto de forma vitalicia excepto que exista un juicio político en la Cámara de Representantes y el Senado apruebe la destitución.
El bipartidismo constituye el fundamento del sistema político norteamericano. Aunque existen partidos alternativos a los partidos Demócrata y Republicano, los estadounidenses en realidad solo tienen dos opciones viables a la hora de elegir a sus representantes, y tanto el Republicano como el Demócrata, son en la práctica instrumentos en ma- nos de las elites adineradas y de grupos organiza- dos que representan intereses empresariales. No existe partido alguno con presencia significativa e influencia que represente a los trabajadores, las minorías o fuerza alguna que se oponga al gran capital.
“El monopolio de dos partidos políticos que se turnan en el gobierno, ha sido una de las bases fundamentales de la estabilidad política nacional. Ambas entidades son elementos esenciales para la repartición de cuotas de poder entre los sectores dominantes, y marco para la solución negociada o el reacomodo de los conflictos y contradicciones de intereses entre dichos grupos. Tanto demó- cratas como republicanos están comprometidos con la preservación de la economía corporativa privada, con los enormes presupuestos militares, con el uso de subsidios, gastos deficitarios, con- cesiones y descuentos impositivos para estimular las ganancias empresariales; están comprometi- dos a canalizar los recursos públicos a través de ca- nales privados, incluyendo el desarrollo de nuevos sectores de negocios a expensas de los recursos públicos; están comprometidos a emplear la repre- sión contra los opositores al sistema y a la defen- sa del sistema corporativo multinacional” (García Bielsa, 2020).
En su libro El espectáculo electoral más costoso del mundo, Ramón Sánchez-Parodi señala al re- ferirse al bipartidismo en Estados Unidos: “Los dos grandes partidos políticos norteamericanos (Demócrata y Republicano) controlan monopó- licamente la escena política de los Estados Uni- dos. Eligen al Presidente y al Vicepresidente de la nación, más del 95% de los cargos del Congreso federal, la totalidad de los gobernadores y la abru- madora mayoría de los integrantes de los órganos legislativos de los estados. Sus líderes son deter- minantes (a través de la Presidencia y del Congre- so Federal) en la designación de los magistrados del Tribunal Supremo y de todos los tribunales subordinados.”
Para Sánchez-Parodi el bipartidismo es como un gran pastel de tres capas: la política distrital de los estados que favorece una polarización entre dos fuerzas y dificulta la consolidación de una terce- ra fuerza política intermedia, formando la base; le sigue la formada por las autoridades estaduales con capacidad de poder autónomo en su territo- rio e influencia en los asuntos en el ámbito nacio- nal; y una tercera constituida por las instituciones federales. Finalmente el pastel queda todo cubier- to por una capa de crema formada por los intereses financieros, industriales y comerciales, dominan- tes en el país.
En Estados Unidos existe el voto popular y el voto electoral. Si bien los miembros del Congre- so Federal y todos los cargos electivos a nivel es- tadual (gobernadores, alcaldes, legisladores, etc.) son elegidos mediante el voto popular directo, el presidente y el vicepresidente del país son elegi- dos por la población pero de manera indirecta a través del llamado Colegio Electoral. Se trata de electores seleccionados en cada estado, postula- dos por los partidos políticos respectivos, según el mecanismo que cada estado determine. El nú- mero de electores de cada estado es equivalente a la cantidad de senadores1 y representantes del
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1 De hecho esta es otra incongruencia del sistema político estadounidense, ya que el mismo status y poder tiene un senador, por ejemplo, del estado de New York, con casi 20 millones de habitantes que uno de Wyoming que representa solamente a poco más de medio millón de habitantes.
estado en cuestión. Cada estado elige tantos elec- tores como el número de senadores (son dos por cada estado),100 en el país y representantes (va- rían en dependencia del número de habitantes del estado). La cifra de representantes en todo el país se fijó en 435. Por lo tanto el número de electores del país llegó a 535. Posteriormente se le otorga- ron tres electores al Distrito Federal y se fijó el número en 538.
Este inusitado mecanismo, donde el pueblo no elige directamente a su presidente en el país que se considera el non plus ultra de democracia mun- dial, trae por consecuencia que no siempre el que resulta electo presidente es por el que la mayoría del pueblo vota.
De hecho en cinco ocasiones el candidato pre- sidencial que menos votos populares ha recibido es quien ha obtenido la presidencia, dos tan sólo en lo que va del presente siglo XXI. En el año 2001 George W. Bush asumió la presidencia de Estados Unidos tras un dudoso recuento de votos en el es- tado de la Florida con el que finalmente consiguió más votos electorales que su rival demócrata Al Gore, quien recibió un mayor número de votos populares en el país.
Lo mismo ocurrió en el 2016 cuando el repu- blicano Donald Trump llegó a la presidencia del país al ganar el voto electoral a pesar de sacar 2.8 millones de votos menos que su rival Hillary Clin- ton. En ambas ocasiones los candidatos demócra- tas obtuvieron mayoría de votos populares y los republicanos llegaron a la presidencia gracias al voto electoral.
Para que se comprenda mejor véase el siguiente ejemplo hipotético simplificado:
En California votaron en las presidenciales de 2020: 15´833,397 personas y el estado cuenta con 55 votos electorales (datos reales).
En Colorado votaron 3´130,665 personas y el estado cuenta con nueve votos electorales (datos reales).
Supongamos que el candidato A obtuvo 7 000 000 de votos populares en California y 2 500 000 votos populares en Colorado. Total: 9 500 000.
Supongamos que el candidato B obtuvo 8 833 397 votos populares en California y 630 665 votos po- pulares en Colorado. Total: 9 464 062.
Aquí vemos que aunque el candidato A obtuvo más votos populares, el candidato B obtuvo los 55 votos electorales de California, mientras el candida- to A sólo los nueve votos electorales de Colorado.
Durante años ha habido debates sobre la aboli- ción del colegio electoral, y las elecciones de 2016 hicieron que el debate volviera a la palestra. La idea cuenta con apoyo público, pero enfrenta una división partidista, ya que los republicanos se be- nefician actualmente de la influencia electoral de los estados rurales menos poblados. Una encuesta Gallup arrojó que el 61% de los estadounidenses apoyan la abolición del colegio electoral en favor del voto popular. Sin embargo, ese apoyo difiere ampliamente en función de los partidos políticos, con el apoyo del 89% de los demócratas y sólo el 23% de los republicanos.
Otro tema muy importante y de enorme grave- dad, estrechamente relacionado con el voto electo- ral y la llegada a la presidencia sin el voto popular es el de la composición del Tribunal Supremo, cu- yos nueve jueces son designados por el presiden- te con carácter vitalicio. El Tribunal Supremo ha moldeado la sociedad estadounidense a lo largo de la historia a partir de decisiones trascendentales como las relacionadas con la segregación racial, el aborto y el derecho al voto, entre otras.
En la actualidad este órgano está compuesto por seis jueces conservadores y tres liberales, y está considerado el más conservador en décadas. De estos seis jueces conservadores, tenemos que cinco han sido nombrados por republicanos que no han obtenido la presidencia mediante el voto popular; dos designados por George W. Bush y tres por Donald Trump. Conquistas relevantes, alcanzadas a lo largo de muchos años de lucha, corren hoy el riesgo de ser revertidas, como está ocurriendo en la práctica con el aborto y el de- recho al voto que sectores conservadores de la sociedad, principalmente dentro del Partido Re- publicano, intentan hacer retroceder, y que even- tualmente podrían llegar a decidirse en el Tribu- nal Supremo.
Un Congreso dominado por republicanos tam- bién desempeñó un rol decisivo en perfilar el ca- rácter conservador del máximo órgano de justicia. El presidente Obama, tras la muerte de un juez del Tribunal Supremo, nombró al juez Merrick Gar- land para sustituirlo pero el Senado no lo ratificó argumentando que faltando ocho meses para las elecciones presidenciales, el juez debía ser nom- brado por el que resultara electo en las mismas. Sin embargo, Donald Trump nombró a la muy con- servadora jueza Amy Coney Barret para sustituir a otra que había fallecido, y el Senado la ratificó faltando solamente una semana para las elecciones presidenciales de 2020.
El rol del dinero, tanto en el proceso de elec- ción de los gobernantes como en el de gobernar, resulta factor esencial en su doble carácter de in- fluenciar y corromper. Norman Ornstein y Tomas Mann en su libro It´s Even Worse than it Looks, se refieren al rol del dinero en la política y en el pro- ceso de formulación de política como “insidioso y destructivo”.
Las finanzas, esencialmente el dinero de los ricos y las corporaciones, son el ingrediente fundamen- tal de financiamiento de las campañas electorales. A lo largo de los años se han hecho numerosos in- tentos por regular las contribuciones financieras a las campañas. “La Ley Pública 92-225 de 1971 estableció la obligación de reportar en su totali- dad las contribuciones y los desembolsos de las campañas y limitó los gastos en anuncios en los medios de difusión” (Sánchez-Parodi, 2014). Es- tas y otras regulaciones establecieron las bases para la formación de los comités de acción polí- tica (PACs).
Durante años se emprendió una ofensiva siste- mática contra estas restricciones en tribunales, lle- gando incluso al Tribunal Supremo. Con el pretexto de la libertad de expresión de los norteamericanos, el gran capital logró hacer inefectivas la mayor parte de estas regulaciones.
En 1976 el Congreso eliminó los límites en gas- tos electorales salvo para los candidatos que acep- tasen el financiamiento público. En el año 2010
surgieron los Super Pacs autorizando los des- embolsos independientes, es decir, sin estable- cer coordinación con los candidatos o los parti- dos políticos y sin límites a los montos a donar ni restricción alguna a los donantes. Desde entonces estas contribuciones aumentan escandalosamen- te año tras año.
“Según el estimado del Center for Responsive Politics (CRP) en la campaña presidencial de 2016 se gastaron 2 651 millones de dólares” (Bermúdez, 2016). “Según estimado del mencionado CRP, en la campaña presidencial de 2020 se gastaron 5 200 millones de dólares” (casi el doble que cuatro años antes) “y 11 000 millones entre las presidenciales y las congresionales de ese año” (Corona, 2020).
Una encuesta nacional realizada hace pocos años por la firma Bloomberg Politics arrojó que un 78% de los encuestados rechaza la decisión adoptada en el 2010 por la Corte Suprema que au- toriza gastos ilimitados a las corporaciones en las causas políticas, que es lo que ha permitido a los Súper PACs destinar centenares de millones de dólares a las campañas electorales, contra sólo un 17% que la aprueba. Ello sugiere, según el profe- sor David Strauss, de la Universidad de Chicago, que la gente se ha dado cuenta que esto tiene una implicación mayor, que es, la injusta influencia de los ricos en la política.
“Aunque millones de personas hacen donacio- nes a las campañas electorales, la inmensa ma- yoría del dinero que se recauda proviene de los PACs y de personas acaudaladas... En los casos de campañas a la presidencia y vicepresidencia de la nación es necesario que los aspirantes dispongan de cientos de millones de dólares para poder te- ner alguna posibilidad de triunfo. Si se trata de congresistas federales la cifra está en el orden de millones o decenas de millones de dólares” (Sánchez-Parodi, 2014).
La periodista Natalie Allison en un artículo pu- blicado el 24 de enero del presente año, apunta en- tre mucho ejemplos los siguientes: “En Ohio donde un puñado de millonarios aspiran a la nominación en el Partido Republicano, dos aspirantes al Senado ya han desembolsado 10 millones en sus campañas para unas primarias que no serán hasta mayo. En
el vecino Pennsylvania un estratega político in- volucrado en una contienda abierta al Senado ya anticipó de 110 a 130 millones en anuncios televi- sivos solamente en las primarias republicanas. En Ohio están los casos de Josh Mandel y J.D.Vance, apoyados por Super Pac s. Mandel desde ya cuen- ta con seis millones en efectivo a mano, y Vance recibió una donación de diez millones de un mi- llonario a través de un Super Pac” (Allison, 2022). Por su parte Martin Gilens y Benjamin I. Page en su investigación concluyen: “Los procesos elec- torales, son controlados cada vez más por las eli- tes económicas. Desde las elecciones en las bases hasta las de gobernadores, congresistas federales y presidente, todo el sistema está determinado cada vez en mayor medida por el poder del dinero. Los billonarios, las corporaciones, los poderosos lo- bbies, los PACs y los Súper PACs (cuyo rol crece en cada elección) determinan quienes pueden re- sultar elegidos, garantizando que ningún político que no represente los intereses de la clase domi-
nante llegue al poder” (Giles y Page, 2014).
Sobre el rol del dinero en el proceso de gobernar, en el libro de Thomas E. Mann y Norman Ornstein, It´s Even Worse than it Looks, los autores, señalan que “el actual sistema de dinero fuera de control se muestra de muchas maneras excesiva y corrupta en el Congreso... el rol de los lobbys moviendo dinero en función de los intereses de las corporaciones y los grandes negocios corrompe y garantiza que la elite económica dominante sea tomada en cuenta a la hora de legislar” (Mann y Ornstein, 2012).
Y nos dan el siguiente ejemplo que un senador reveló a los autores: “Llegó a mi oficina un lobbista representante de grandes intereses y me dijo: Sa- bes, Americans for a Better America realmente, pero realmente, desea que esta enmienda sea apro- bada. Y ellos tienen mucho más dinero que Dios. No sé qué harán con su dinero si no reciben lo que quieren, pero están dispuestos a gastar una fortuna en hacer que cualquiera que frustre sus deseos lo lamente. Según el senador, al final recibieron lo que querían sin tener que gastar un centavo”.
Otro caso conocido es el de Art Pope un rico hombre de negocios de Carolina del Norte que gastó (con éxito) decenas de millones de dólares
para comprar una legislatura estadual de su inte- rés (Mayer, 2011).
Los resultados de la investigación de Gilens y Page anteriormente señalada, demuestran que la mayoría no gobierna —al menos en el sentido de políticas que se adoptan—. “Cuando la mayoría de los ciudadanos está en desacuerdo con las elites económicas o los grupos de interés, generalmente pierden, incluso cuando las grandes mayorías de norteamericanos favorecen un cambio de políti- ca, por lo general no lo obtienen.” De acuerdo con el estudio, “una política propuesta con poco apo- yo entre la elite estadounidense es adoptada sólo cerca del 18% de las veces, pero una con alto apo- yo de las elites es adoptada un 45% de las veces” (Giles y Page, 2014).
También la opinión pública constituye un ingre- diente fundamental tanto en la fase de la elección de los gobernantes como en la de gobernar.
Un elemento importante a la hora de analizar la democracia en un país determinado es cómo funcionan en este los procesos de formación de las ideas, y más concretamente, las diferentes vías y medios que con mayor o menor equivalencia y autonomía, intervienen en la formación de la opi- nión pública.
En su trabajo, el profesor de filosofía de la Uni- versidad de Granada, José María Rubio Ferreres señala: “Las opiniones no surgen de la nada, sino que son el resultado de uno o varios procesos de formación”. Y apunta más adelante que Walter Lippmann en su obra Opinión Pública trata la formación de la opinión pública dependiendo de los medios de comunicación y demuestra que la opinión pública responde, no al entorno, sino a un seudoentorno construido por los medios infor- mativos (Rubio Ferreres, 2009).
William H. Flanigan de la Universidad de Min- nesota y Nancy H. Zingale de la Universidad St. Thomas, señalan: “El público recibe toda o la ma- yor parte de la información de los medios”... “La información es transmitida desde la “opiniones de las elites” (líderes de la sociedad tales como po- líticos, dirigentes de organizaciones ...) a una mi-
noría de público —los líderes de opinión— y de estos al resto de la población”. Y más adelante: “Casi todos los norteamericanos acceden a la televisión y ven noticias políticas al menos parte del tiem- po. En la actualidad el 54% leen la prensa regular- mente, mientras a principios de los años noventa era el 70%. La televisión es aún el principal medio, pero Internet ha pasado a segundo lugar sobrepa- sando a la radio y la prensa escrita” (Flanigan y Zingale, 2010).
Refiriéndose a las campañas electorales el estu- dio plantea que: “masivas cantidades de dinero se emplean actualmente en saturar las transmisiones televisivas y de radio en un esfuerzo por influen- ciar a los electores”.
Ana Isabel Segovia Alonso, plantea: “Las empre- sas de medios de comunicación de masas ya no son compañías familiares ni pequeños periódicos o radios independientes. Son grandes conglomera- dos multimedia cuyo tamaño ha hecho que lle- guen a aparecer entre las grandes corporaciones del país. Los medios de comunicación sirven a los intereses a gran escala de la elite”. Y más adelante, “Los medios de comunicación se han integrado en la elite” (Segovia Alonso, 2021).
Y continúa Segovia: “Tampoco faltan las gran- des contribuciones a partidos o candidatos polí- ticos hechas por las corporaciones de medios de comunicación de masas y sus lobbies. Entre 1995 y 1996 fueron donados 3 200 000 dólares por las cinco cadenas más importantes: CNN, FOX, ABC, NBC y CBS. Una característica especial de las em- presas de medios de comunicación de masas es su capacidad de presión sobre el gobierno en virtud de su influencia en la formación y mantenimien- to de la opinión pública.”
Un ejemplo de lo que plantea Segovia Alonso podemos verlo en el trabajo de Sergio Picazo: “Los grandes medios de comunicación sufren un pro- ceso de concentraciones y fusiones. Los grandes conglomerados mediáticos transnacionales tienen su sede en Estados Unidos. Si en los años ochen- ta 50 empresas controlaban el 90% del sector en Estados Unidos, hoy son sólo seis: Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom y CBS (Picazo, 2019).
El siguiente párrafo reitera lo anteriormente re- ferido y menciona otro aspecto importante sobre el rol del dinero en la actualidad en Estados Uni- dos: “La mayoría de los supermillonarios controla los medios de comunicación, en especial los elec- trónicos. O sea, fabrican las ideas que pueblan las mentes de mucha gente...” “Tienen también poder para detectar cada uno de nuestros pasos y regis- trar nuestras preferencias. Poseen más poder que casi todos los jefes de estados” (Frei Betto, 2022).
El proceso de gobernar en los Estados Unidos confronta serios problemas que van más allá de los problemas estructurales que caracterizan el sis- tema. Extraordinaria relevancia en la actualidad lo constituye un problema coyuntural, que como tal puede durar un tiempo indeterminado difícil de precisar pero de consecuencias incalculables, al igual que otros que han tenido lugar antes a lo largo de la historia de ese país. Se trata ahora de la aguda polarización política presente en el gobier- no y el propio pueblo norteamericano, y que tiene prácticamente paralizado al primero, y profunda- mente dividido al segundo.
“En el transcurso del siglo XXI, y especialmen- te a partir de 2008, se ha venido acentuando en el seno de la sociedad estadounidense, y particular- mente en su sistema político, un proceso de pola- rización ideológica y política donde en general el espectro político se ha movido más a la derecha. Esta polarización es reflejo de las posiciones y contradicciones entre los exponentes de los pen- samientos liberal y conservador, especialmente en- tre los representantes de estos en el Congreso, así como en las relaciones entre dicha Rama Legisla- tiva, y el Ejecutivo. Como resultado de ello, en la práctica se ha producido una situación crítica de gobernabilidad en la que muchas de las políticas que la Casa Blanca ha pretendido instrumentar han sido bloqueadas y muy pocas leyes han sido aprobadas. Esta incapacidad de gobernar a nivel federal pone en evidencia la disfuncionalidad del sistema” (Ciaño, 2015).
Esta situación ha traído por consecuencia que durante los últimos años, los presidentes del país, para llevar adelante aquellas de sus políticas que no requieren imprescindiblemente la aprobación del Congreso, gobiernen emitiendo grandes can- tidades de órdenes ejecutivas. “Mientras Obama emitió 276 de estas en sus 8 años de presidencia, Trump emitió 220 en 4 años y Biden 21 en tan sólo su primera semana al frente de la actual Adminis- tración” (Lissandy, 2021).
“La polarización partidista es, sin lugar a dudas, el problema político contemporáneo más crítico en los Estados Unidos. Los partidos políticos están hoy más internamente unidos e ideológicamente distantes que lo que lo han estado en más de un siglo... Por primera vez en la historia moderna, tanto en el Senado como en la Cámara de Repre- sentantes, el más conservador de los demócratas es un poco más liberal que el más liberal de los republicanos. Desde finales de los años setenta el Partido Republicano se ha movido mucho más enérgicamente en una dirección conservadora que los demócratas en una dirección liberal” (Mann y Ornstein, 2012).
Pero, por supuesto, son los problemas estructu- rales los que caracterizan el sistema, y estos han estado y estarán presentes siempre, mientras Esta- dos Unidos mantenga el mismo sistema político.
Un estudio de la prestigiosa Universidad Prince- ton “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, de los pro- fesores Martin Gilens, de Princeton University y Benjamin I. Page de Northwestern University, con- cluyó que “EE.UU. ya no puede considerarse una democracia, ya que las decisiones políticas no se toman de acuerdo con la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos, sino únicamente para promo- ver los intereses de la elite económica y los grupos organizados”.
Señalan los autores que William Domhoff deta- lla en sus investigaciones como las elites (traba- jando a través de fundaciones, tanques pensantes y aparatos de formación de la opinión pública, así como a través de los lobbystas y los políticos que ellos financian) dominan los asuntos esenciales
de la formulación y ejecución de la política, lo que indica claramente que la mayoría de los grupos de interés y lobbystas representan a los grandes ne- gocios, y muy pocos los intereses económicos del trabajador común.
El estudio de Gilens y Page pone de relieve que las elites económicas y los grupos organizados que buscan sólo sus intereses, tienen una influen- cia sustancial sobre la política del país, mientras los ciudadanos comunes tienen poca o ninguna. Argumenta que, aunque los estadounidenses dis- frutan de muchas características centrales de la democracia, como elecciones regulares y libertad de expresión y asociación, en realidad la formula- ción de políticas está dominada por organizacio- nes empresariales de alto alcance y por un pequeño número de estadounidenses ricos.
“Consideramos”, dicen los autores, “que si el pro- ceso de hacer política está dominado por pode- rosas organizaciones de negocios y un reducido grupo de norteamericanos poderosos, entonces el reclamo de Estados Unidos de ser una sociedad democrática está seriamente amenazado.”
Pero hay casos más abarcadores de connotación nacional que los que probablemente investigaron Gilens y Page, que cuentan con amplio apoyo en- tre la población norteamericana, y llevan años sin poder resolverse, atenazados por impedimentos tanto de carácter estructural (los poderosos inte- reses de los más ricos que se oponen) como co- yunturales (la polarización). Algunos incluso son objeto de fuertes luchas en los momentos actuales en el Congreso y entre este y la Administración.
Destacan en este sentido: el aumento del sala- rio mínimo para todos los trabajadores del país, que los sectores más progresistas del Partido De- mócrata pretenden elevar a $15 la hora y los más moderados a $12, pero no acaba de aprobarse en el Congreso a pesar de que la medida cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los estadouni- denses. Algo similar ocurre con el aumento de los impuestos a los más ricos, que Trump rebajo del 35% al 21% y Biden pretende elevar al 28%, pro- puesta que cuenta con el apoyo mayoritario de la población, pero que el Congreso no le aprueba.2
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2 Encuestas de AP/GfK de febrero de 2015, que son las últimas de que disponemos sobre estos temas, arrojaban apoyo del 73% y 68% de la población al aumento del salario mínimo y a los impuestos a los más ricos, respectivamente.
Lo mismo ocurre con los altos costos de los es- tudios universitarios, enorme carga financiera para los estudiantes que se pretende aliviar a través del presupuesto federal, y que no se resuelve a pesar de contar con el 61% de apoyo entre la opinión pú- blica, según encuesta de la Universidad Quinni- piac de agosto de 2015; los temas relacionados con el cambio climático y la protección del medio am- biente, y otros.
La afirmación expresada en la Introducción en el sentido de que hoy Estados Unidos tiene “un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos” ha quedado confirmada en los argumentos y ejem- plos expuestos en los acápites anteriores.
Los Partidos Demócrata y Republicano dominan completamente el sistema político norteamerica- no, tanto en el proceso de elección de los gober- nantes como en el ejercicio de gobierno. Ambos partidos están controlados por las elites económi- cas y ningún otro partido tiene la menor posibilidad de penetrar el monopolio bipartidista.
Los millonarios y los ricos en general, a través de su dinero, determinan todo el proceso de elec- ción de los gobernantes, mediante campañas mi- llonarias, tanto en primarias como en las elecciones para cargos a todos los niveles: federales, estadua- les y locales, garantizando con ello que ningún candidato que represente intereses ajenos acceda a los cargos. Una vez en los cargos, al ejercer go- bierno, estos funcionarios garantizan que los in- tereses de estos sectores que constituyen la elite económica y política del país resulten satisfechos. Las opiniones, criterios, preferencias, etc. del pueblo es asunto de máxima importancia para can- didatos y gobernantes. Como se reconoce en varias investigaciones realizadas, los medios resultan de- terminantes en la formación de la opinión pública, y en Estados Unidos los principales medios están en poder de grandes corporaciones, integradas en
la elite y al servicio de esta.
El sistema del voto electoral para la elección del presidente del país trae por consecuencia que el que resulta electo no siempre es quien recibe la ma- yor cantidad de votos populares; o sea que no es
el elegido por la mayoría del pueblo. Este hecho ha traído como consecuencia, además, que un ór- gano de importancia vital como el Tribunal Su- premo, sea hoy el más conservador de los últimos decenios, con los enormes potenciales peligros que ello podría significar en asuntos vitales para la nación.
Con lo aquí expuesto queda demostrado que el sistema político norteamericano está dominado por el poder del dinero de los sectores más ricos de la sociedad. No es por lo tanto un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es un go- bierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. Dado el caso puede concluirse que el sistema po- lítico en Estados Unidos no es una democracia.
¿Qué es y cómo denominar entonces el siste- ma político de Estados Unidos? En varias inves- tigaciones y trabajos se plantea que lo que hay en ese país es, una oligarquía, y aunque esta defini- ción no es desacertada, tampoco es la más exacta. En los sitios web Stephonsays y Sawakinome se define la oligarquía como “un gobierno o sistema político controlado y gobernado por un grupo pe- queño y selecto de personas. Este grupo no se li- mita solo a personas adineradas, sino que incluye a otras personas privilegiadas o grupos de perso- nas como la realeza, los nobles, los terratenientes,
académicos o filósofos, y los oficiales militares.”
En los mencionados sitios también se define otro término utilizado por algunos investigadores: plu- tocracia. “La plutocracia se refiere al sistema po- lítico o de gobierno guiado y controlado por una minoría rica.”
Y precisan las diferencias: “La diferencia prin- cipal entre la oligarquía y la plutocracia es que la oligarquía es la regla de una minoría privilegia- da, mientras que la plutocracia es la regla de una minoría adinerada. Por lo tanto, la plutocracia es una forma de oligarquía, pero la plutocracia dis- tingue a la minoría gobernante particular por su gran ingreso o riqueza.”
Podemos concluir entonces que en la actuali- dad el sistema político en Estados Unidos es una plutocracia.
En el transcurso de este último año se han escri- to numerosos artículos que coinciden en aseverar que la democracia en Estados Unidos está en peli- gro. Así lo han planteado también el propio pre- sidente Biden, los ex presidentes Obama y Carter, y un sin número de políticos e investigadores.
El origen de esta situación que algunos deno- minan “crisis” podemos encontrarla en el auge del conservadurismo en el país, que comienza en los años 80 del siglo pasado y continúa creciendo y evolucionando hacia las posiciones más radicales, hasta constituirse en mayoría en el Partido Repu- blicano a partir del segundo decenio del presente siglo, y lograr que sus criterios ultraconservado- res se hagan predominantes en el mismo.
Paralelamente el Partido Republicano va per- diendo fuerzas ante el Partido Demócrata en el contexto electoral del país a nivel nacional, algo que se evidencia claramente en las elecciones pre- sidenciales, como prueba el hecho de que en las seis elecciones presidenciales que han tenido lugar en el transcurso de este siglo, los republicanos sólo han obtenido mayoría de votos populares en una. Esta situación que da inicio a los sucesos que ahora para muchos pone en peligro la democracia estadounidense comienza a manifestarse con ma- yor claridad con la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Este hombre de pensamiento racista, xenófobo, machista, que en el ámbito político linda con el fas- cismo, llegó a convertirse en el líder de una amplia mayoría de los miembros del Partido Republicano, que le siguen con obcecado fanatismo abrazando sus ideas más extremas. Sin embargo, las señales más evidentes del peligro empiezan cuando me- ses antes de las elecciones de 2020 Trump comien- za a sembrar en la mente de sus partidarios la idea de que él sólo puede perder las elecciones de ese
año si se produce fraude en las mismas.
En las elecciones Joe Biden obtuvo más de siete millones de votos más que Trump y 306 votos elec- torales por 232 Trump. Sin embargo, a pesar de la gran diferencia, el sistema del voto electoral estu-
vo a punto de jugarle una mala pasada a la mayo- ría y darle nuevamente la presidencia al magnate republicano cuando en tres estados: Georgia, Ari- zona y Wisconsin sumados, la diferencia de votos a favor de Biden fue de sólo 43 000.
Tan pronto se conocieron los resultados Trump declaró que se había cometido fraude y le habían ro- bado las elecciones. Sus seguidores le respaldaron de manera casi unánime. Comenzó entonces una feroz batalla por parte de Trump y algunos de sus más íntimos colaboradores para cambiar los re- sultados en esos tres estados, y también en algu- nos otros que el magnate aseguraba haber ganado. Existe incluso constancia de una llamada telefónica de Trump al Secretario de Estado y máxima autori- dad electoral de Georgia conminándolo a que en- contrara los 11 780 votos que necesitaba para ganar el estado.
Atendiendo a las solicitudes del presidente Trump varios estados se dieron a la tarea de volver a contar los votos y ni una sola evidencia de fraude apareció. A pesar de ello Trump continuó con sus exigencias, y sus millones de seguidores, cegados por el fanatismo y convencidos de la veracidad de sus planteamientos, comenzaron con creciente fu- ror a demandar que se revertiesen los resultados.
Así las cosas se llegó al 6 de enero, fecha en que se reunía el Congreso para certificar la victoria de Biden. Ese mismo día, pocas horas antes, Trump se reunió por más de una hora con miles de sim- patizantes en el Monumento a Washington. En su arenga, arremetió contra los republicanos “paté- ticos y débiles” que no apoyaron su exigencia de detener la certificación de los resultados oficiales. “Es increíble por lo que tenemos que pasar, y tener que hacer que tu gente luche. Si ellos no luchan, te- nemos que eliminar a los que no luchan. Camina- remos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas”, y les pidió”lu- char como demonios porque si no, ya no van a te- ner país”.
Entonces ocurrió lo que parecía inconcebible en un país como Estados Unidos donde nada se- mejante había ocurrido antes. Una turba de apro-
ximadamente 2 500 partidarios de Trump prove- nientes de todos los estados de la Unión, algunos miembros de organizaciones racistas de extrema derecha,3 invadieron el Capitolio cuando los con- gresistas se disponían a certificar la victoria de Biden, rompieron las barreras, arrasaron con los guardias que custodiaban el recinto y entraron hasta algunas de las oficinas destruyendo lo que encontraban a su paso y pretendiendo castigar ejemplarmente a los legisladores que no denun- ciaron el supuesto fraude (incluyendo al vicepre- sidente Pence), quienes aterrorizados y temiendo por sus vidas debieron correr a esconderse. Cinco muertos y más de 140 guardias y policías heridos fue el resultado.
El asalto al Capitolio ha sido considerado por ex-
pertos un intento de golpe de Estado, debido a que el objetivo era impedir la certificación del triun- fo del candidato demócrata. David Brooks, en su artículo plantea que “politólogos, especialistas en violencia extrema y hasta ex generales y almiran- tes, advierten que el ataque a la democracia el 6 de enero no ha acabado y que fue apenas un ensayo para algo peor que ya se está preparando para las próximas elecciones” (Brooks, 2022).
Un año después de aquellos acontecimientos una encuesta de The Washington Post y la Univer- sidad de Maryland arrojó que el 70% de los vo- tantes republicanos continúa considerando que si Trump tuvo algo que ver en el asalto al Capitolio fue “en pequeña medida”, mientras el 92% de los demócratas le achacan toda la responsabilidad. Según la misma encuesta, el 62% de los votantes republicanos sostiene que hay evidencias de que se produjo fraude electoral y cuatro de cada diez afirma que la violencia contra el gobierno está justificada. Por su parte, una nueva encuesta de National Public Radio/Ipsos sobre el tema, difun- dida el lunes 3 de enero, registra que el 64% de los estadunidenses considera que su democracia está en crisis y en riesgo de fracasar.
Noam Chomsky, para quien el Partido Republi- cano es hoy un partido neofascista, planteó en en- trevista de prensa el 16 de enero del presente año que “ese intento de golpe de estado violento ha ve- nido seguido ahora por un golpe blando, que está ocurriendo cada día ante nuestros ojos. Los repu- blicanos están planeándolo de forma cuidadosa para que la próxima vez tenga éxito. A través de reformas electorales en diferentes estados conservadores es- tán asegurándose de que la gente que gestiona las elecciones tenga poder para anular votos y están aprobando decenas de leyes para impedir el voto de minorías y pobres a través del endurecimien- to de requisitos para votar. Si triunfan con el actual golpe en marcha, el de controlar y modificar el sis- tema electoral, pueden conseguir ganar.”
Larry Diamond en su artículo “Un mundo sin democracia? Las consecuencias globales del retro- ceso democrático en Estados Unidos” plantea: “Los politólogos pueden diferir sobre las condiciones mínimas para una democracia, pero coinciden en que un país no puede ser considerado democracia si no ofrece amplias garantías para un funciona- miento justo y neutral de elecciones. Si los resulta- dos de una elección nacional en los Estados Unidos resultasen determinados por la exclusión fraudu- lenta o la manipulación de votos, el país dejaría de ser una democracia, aunque sobreviva (por algún tiempo) la libertad de expresión.”
Puede concluirse que aunque por las razones an- teriormente expuestas no resulta apropiado hablar de “democracia en peligro”, el extremo conservadu- rismo arropado en el Partido Republicano, en sus intentos por prevalecer, ya sea mediante un golpe violento o blando, ha puesto en peligro, y amenaza con demoler, las bases del sistema que garantiza la legalidad e igualdad de oportunidades a los dife- rentes grupos de la elite económica del país que se sostiene a través de las reglas y prácticas estableci- das en el funcionamiento del bipartidismo y el sis- tema electoral.
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3 Entre los que asaltaron el Capitolio había miembros de organizaciones como QAnon, trumpistas que denuncian la existencia de una presunta elite compuesta por pedófilos y adoradores de Satán; Proud Boys, organización neofascista que aboga por la suprema- cía blanca y cuyo líder es de origen cubano; y Oath Keepers, grupo paramilitar ultraderechista, muchos de cuyos componentes son miembros activos y retirados del ejército y la policía.
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