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Nueva Época
Número 03
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Máster en Relaciones Económicas Internacionales y
Profesora Auxiliar del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI) y Doctorante del CIEI, UH.
ail: ginanemeth75@gmail.com Número ORCID:0000-0001-6754-0608
La tendencia de la migración cubana irregular hacia Estados Unidos de América —pese a la relati- va y puntual contención de los flujos migratorios entre los años 2020-2021 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19— ha ido aumentándose desde la asunción de la presidencia de ese país por el mandatario demócrata Joe Biden. La campaña electoral de este Presidente avizoraba expectativas de una política más moderada hacia Cuba en comparación con su antecesor: Donald Trump. No obs- tante, en lo que va de su mandato, su gobierno no ha cesado de ejercer las tradicionales políticas de su país que incitan a la población cubana a la emigración. Por el contrario: se ha intensificado el uso de los más variados —y cada vez más sofisticados— instrumentos del extremismo anticubano de Esta- dos Unidos por promover cambios en Cuba que conduzcan al derrocamiento del gobierno y sistema político y socioeconómico legítimos del país caribeño. El presente trabajo analiza los variados instru- mentos y medidas del obsesivo extremismo anticubano de Estados Unidos y su interrelación con la migración cubana hacia el exterior.
Abstract
The trend of irregular Cuban migration to the United States of America —despite the relative and spe- cific containment of migratory flows between the years 2020-2021 as a consequence of the COVID-19 pandemic— has been increasing since the assumption of the presidency in that country by Democrat Joe Biden. The electoral campaign of this President envisioned expectations of a more moderate policy towards Cuba, compared to his predecessor: Donald Trump. However, so far in his mandate, his govern- ment has not ceased to exercise the traditional policies of his country that incite the Cuban population to
emigrate. On the contrary: the use of the most varied —and increasingly sophisticated— instruments of anti-Cuban extremism in the United States has intensified to promote changes in Cuba that lead to the overthrow of the legitimate government and political and socioeconomic system of the Caribbean country. This paper analyzes the various instruments and measures of the obsessive anti-Cuban extremism of the United States and its interrelation with Cuban migration abroad.
Κey words: Cuba, United States of America, cuban migration, irregular, embargo, Biden, ciber-war, cuban spring.
Las migraciones humanas constituyen un fenó- meno multicausal. No obstante, los mecanismos del modo de producción del actual orden mundial hegemónico —el capitalismo globalizado, prepon- derantemente neoliberal y en plena fase imperia- lista— han provocado el incremento de los flujos migratorios a nivel global. Como consecuencia de dicho sistema hegemónico, unida a los impac- tos de la pandemia de la COVID-19, los principales destinos de los flujos migratorios en la actualidad siguen siendo los países más desarrollados del mun- do, especialmente, Estados Unidos de América.
En dicho contexto, la emigración hacia el exte- rior es un fenómeno endémico de la sociedad cu- bana (CEDEM&UH, 2016). Desde la década 1930, Cuba es un país de emigración. Sus cifras se han mantenido más o menos estables a lo largo del tiempo transcurrido desde la referida época (Bel- trán Álvarez, 2019). Los migrantes cubanos ha- cia el exterior más recientes responden a patrones migratorios y de inserción cada vez más cercanos al comportamiento migratorio regional y global, con una tendencia a los desplazamientos tempo- rales, a la incorporación al mercado laboral en los sectores de los servicios, la construcción y el comer- cio, así como está dirigido hacia grandes ciudades, especialmente de Estados Unidos, pero también de Europa y otras regiones, incluida América Lati- na. En su mayor parte, el flujo migratorio cubano está dirigido hacia Estados Unidos, donde existe una política selectiva que los favorece, además de la cercanía y de mayores oportunidades de inser- ción en el mercado laboral. Asimismo, existen re- des sociales desarrolladas durante más de medio siglo, las que también facilitan el establecimiento de los migrantes en ese país y devienen un atrac- tivo para la continuidad del proceso migratorio. No obstante, otros destinos también se diversifi- can y fortalecen, como resultado de la calidad del emigrante cubano y las facilidades que brinda la política migratoria cubana a la migración regular. Todo lo cual, ha contribuido a un mayor grado de circularidad de estos flujos. Se ratifican como principales países receptores de la emigración cu- bana a nivel mundial: Estados Unidos, España,
Italia, Canadá, México, Venezuela, Alemania, Re- pública Dominicana, Uruguay, Ecuador, Brasil, Argentina, Costa Rica y Perú.
Como muestra del compromiso de Cuba con la migración regular y la normalización de sus rela- ciones con los cubanos residentes en el exterior, a partir de la puesta en vigor del Decreto-Ley No. 302, modificativo de la Ley No. 1312 o “Ley de Migra- ción”, del 20 de septiembre de 1976, prácticamen- te toda la emigración posterior a enero de 2013 asume un carácter temporal. De acuerdo con ello, el migrante no pierde sus derechos en el país y puede regresar cuando así lo desee, si cumple con las normas establecidas al efecto. Esto se ajusta a la práctica internacional respecto a los derechos de los migrantes (CEDEM&UH, 2016). Desde su apli- cación, se registra una alta movilidad internacio- nal de la población cubana iniciando salidas por asuntos particulares. En dicho contexto, “entre 2013-2018, alrededor de 50 000 cubanos han via- jado al exterior, por diversos motivos: para aten- der un negocio propio o para cumplir un contrato de trabajo de interés propio” (Rodríguez Parrilla, 2019). Como muestra de la tendencia de la ante- riormente referida circularidad, entre enero de 2019 y febrero de 2020, los ciudadanos cubanos reali- zaron 1 518 708 viajes por asuntos particulares al exterior, mientras que los residentes en el ex- terior efectuaron 706 508 visitas al país, acogién- dose a las facilidades que la legislación de Cuba ha ido garantizando a sus ciudadanos mediante la gradual flexibilización de su política migratoria, principalmente en el transcurso del último dece- nio. Todo lo cual confirma la existencia de un am- biente político favorable y adecuado que existe en nuestro país para la circularidad de la migración cubana hacia el exterior. Todo lo cual, además del Decreto-Ley No. 302, se fundamenta sobre medi- das adicionales que desde 2018, continuaron pro- fundizando la flexibilización de la política migra- toria cubana (Llamos Infante, 2019).
Pese al referido esfuerzo de Cuba de flexibilizar sus regulaciones migratorias, desde el punto de vista económico, los flujos migratorios de Cuba dirigidos hacia el exterior, están condicionados por la contradicción existente entre el desarrollo
de un alto nivel de preparación de su potencial humano —objetivo esencial del socialismo— y la existencia de un mercado laboral nacional que no está en condiciones de absorberlo a pleni- tud. Ello es consecuencia del nivel de desarrollo existente en el país (CEDEM&UH, 2016). Todo lo cual, sin embargo, no es solo resultado de factores endógenos de la economía cubana, ni tampoco emana solo del desfavorable lugar de Cuba en la tradicional División Internacional del Trabajo, producto del sistema económico mundial hege- mónico. Los problemas estructurales de la econo- mía cubana y las dificultades del desarrollo socioeconómico y tecnológico en Cuba, prepon- derantemente son consecuencia del sistema de sanciones del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, ha- ce más de sesenta años. Bajo estas condiciones, la emigración de la población cubana, en gran medida, es una consecuencia de los problemas estructurales ocasionados a la economía cubana, por el bloqueo de EE.UU.
Dicho sistema de sanciones, unilateral y viola- toria del Derecho Internacional (MINREX, 2018), constituye el principal obstáculo de la implemen- tación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba y para el desarrollo en general de todas las potencialidades de la economía y el bienestar del pueblo cubano, así como para las relaciones económicas, comerciales y financie- ras de Cuba con los Estados Unidos y el resto del mundo (Németh Lesznova, 2020). No obstante, de acuerdo con Aja Díaz (2020), a pesar del escena- rio adverso en el orden político en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos —a partir de la política agresiva de este—, el tema migratorio con- tinuará siendo un canal de comunicación entre Cuba y EE.UU., incluyendo los procesos de rela- ciones transnacionales que protagonizan crecien- temente los cubanos residentes en ambas orillas (Aja Díaz, 2020).
La principal motivación de la migración cuba- na hacia el exterior —no obstante a su multicau- salidad— es de carácter económico y motivada por reunificación familiar. Aun así, la cuestión migratoria de Cuba ha sido y es un asunto alta-
mente politizado por los gobiernos de Estados Unidos. Sucesivas administraciones de ese país han incentivado y promovido la migración irregular de cubanos hacia ese país, así como el abando- no de Cuba —y sus misiones en el exterior— por profesionales del sector de la salud, del arte, del deporte y de las ciencias. La tendencia de la migración cubana irregular hacia EE.UU, —pese a la contención de los flujos migratorios entre los años 2019-2021 como consecuencia de la pande- mia de la COVID-19— ha ido in crescendo des- de la asunción de la presidencia de ese país por el demócrata Joe Biden. Según un reporte de la Guardia Costera de Estados Unidos, hasta agos- to de 2021, solo por la vía marítima, fueron inter- ceptados 595 cubanos, una cifra récord si se consideran los 49 de todo 2020 y los 313 de 2019 (Prensa Latina, 2021b).
En lo que va de su mandato, Joe Biden no ha cesado de ejercer las tradicionales políticas de su país hacia Cuba que incitan a la población cubana a la emigración. En el marco de tales políticas, Biden continuó la aplicación y recrudecimiento del sistema de sanciones del bloqueo económico de Estados Unidos impuesto a Cuba. El bloqueo, por excelencia, funciona como un instrumento que incita a la emigración. Asimismo, continuaron y se intensificaron las actividades de subversión político-ideológica contra el sistema constitu- cional de Cuba. Todo lo cual, se encuentra res- paldado por instrumentos jurídicos y políticos estadounidenses. Ello apunta que, la política migratoria no es el único ámbito utilizado por Estados Unidos para incidir sobre los flujos mi- gratorios cubanos hacia el exterior. Por tal motivo, con el presente trabajo se pretende realizar un acercamiento a las concatenaciones existentes entre las distintas acciones e instrumentos de los gobiernos estadunidenses —y, en específico, de la administración de Joe Biden— que inciden so- bre la migración cubana hacia el exterior.
El objetivo general del trabajo, por tanto, es analizar las políticas anticubanas de Estados Unidos y, en particular, las de la administración Biden, relacionadas con el flujo de la migración cubana hacia el exterior. Como objetivos espe-
cíficos, la investigación se propone identificar las acciones e instrumentos de alcance económico, jurídico y político de las políticas de Estados Unidos, como factor promotor de la migración cubana hacia el exterior y caracterizar las políti- cas de la administración de Joe Biden al respecto.
La obsesión de los Estados Unidos de América de apoderarse de Cuba no es reciente, ni surgió con el triunfo de la Revolución Cubana el 1ro de enero de 1959. En temprana fecha, en 1808, Estados Unidos trató de lograr que España le cediera lo que, entonces era su colonia. En abril de 1823, el presidente norteamericano John Quincy Adams instauró para Cuba la “Política de la Fruta Madura” al decir que: “hay leyes de gravitación política, como leyes de gravitación física, y Cuba, separada de España, tiene que gravitar hacia la Unión” (Cobarrubia Gómez , 2015).
No obstante, desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, los gobiernos estadounidenses se han valido de diversos instrumentos jurídicos, así como económicos y políticos específicos, para incidir —de forma directa e indirecta— sobre los flujos de la migración cubana hacia el exterior, como parte de su plan para derrocar al gobierno revolucionario cubano. Uno de esos instrumen- tos es el sistema de sanciones económicas del Bloqueo contra Cuba, impuesto por el Gobierno de los EE.UU. el 3 de febrero de 1962 a través de la Proclama 3447. Mediante esta decisión presi- dencial, amparada en las facultades que la sec- ción 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 concedía al Presidente de los EE.UU., se estableció el embargo total a todo comercio en- tre los EE.UU. y Cuba. Semanas después estas disposiciones fueron enmendadas por la Ley de Comercio con el Enemigo. Otro grupo de norma- tivas fue adoptado en 1963 bajo el nombre de Regulaciones para el Control de los Activos Cu- banos. En 1992 fue aprobado por el Congreso norteamericano un nuevo y sustancial incremento
a la compleja madeja de sanciones que compren- de el bloqueo: la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, que con el mismo objetivo de las regulaciones anteriores, tiene por objetivo el aislamiento político y económico de Cuba. En 1996, quedó promulgada la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton. Esta ley codificó to- das las normas, regulaciones, leyes y órdenes pre- sidenciales adoptadas desde 1962 en relación con el bloqueo. De esta forma toda la legislación en materia de bloqueo fue elevada a rango de ley.
A todo lo anterior se suman las acciones de desestabilización mediante subversión político- ideológica, en sus más diversas y sofisticadas va- riantes, así como actos de terrorismo y sabotaje, o el irrespeto a normas jurídicas internacionales y el incumplimiento de acuerdos gubernamentales bilaterales. Estas acciones fueron y siguen sien- do aplicadas al unísono y profundamente conca- tenados entre sí por las sucesivas administraciones estadounidenses. No obstante, la limitada exten- sión del presente trabajo solo permite un análisis pluridimensional de estas concatenaciones, sin pretender abarcar la totalidad de los referidos instrumentos.
En materia migratoria, existen varios instru- mentos jurídicos bilaterales firmados entre Cuba y Estados Unidos de América. Entre estos se destacan los Acuerdos Migratorios de 1984 y de 1994, además de 2017. Su constante violación por parte de Estados Unidos es un fenómeno ya notorio, ya que ese país, reiteradamente incumple con su compromiso de otorgar a favor de los ciudadanos cubanos la cantidad de visas —20 000 por año— pactadas en dichos documentos. Ello conduce al aumento de la cifra de ciudadanos cubanos que deciden emigrar —principalmente, hacia ese país— por la vía irregular. Al respecto, conforme expresara el Líder Histórico de la Re- volución Cubana, Fidel Castro Ruz: “La Revo- lución nunca impidió las salidas legales del país hacia Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo. Los gobiernos de Estados Unidos, por su parte, siempre estimularon las salidas ilegales. La visa dejó de ser un trámite necesario para
ser recibido en Estados Unidos, sin excepción alguna, sin importar siquiera los antecedentes penales, o cualquier hecho delictivo que hubiese cometido; jamás uno solo fue devuelto al país. Bastaba la afirmación de que estaban contra la Revolución o contra el socialismo, el comunismo, o que eran perseguidos políticos. La categoría de emigrante también desapareció del vocabulario para los ciudadanos de nuestra patria. Todo cu- bano residente en cualquier país del mundo desde entonces fue calificado de exiliado. Extraño ejemplo de exiliados y perseguidos políticos que apenas sin excepción viajan a Cuba cuantas veces lo desean (Castro Ruz, 1999).
La incitación a la emigración irregular desde Cuba hacia Estados Unidos, constituye una prác- tica de Estados Unidos, desde el triunfo de la Revolución en 1959. Su objetivo ha sido la de- sestabilización interna y, por ende, la provo- cación de una crisis migratoria para fabricar pretexto para un conflicto bilateral y la invasión militar de Cuba por fuerzas extranjeras, con el derrocamiento del gobierno y sistema revolucio- narios de Cuba. En función de ello, además de pretender rendir por hambre al pueblo cubano mediante las sanciones de su bloqueo económico impuesto a Cuba, Estados Unidos de América ha promovido también el sistemático robo de cerebros y talentos desde el triunfo de la Re- volución Cubana en 1959. Esto responde a la intención de dejar al país caribeño desprovisto de médicos, profesores, intelectuales, científicos y artistas, para demostrar el “fracaso” de la políticas económicas y sociales del sistema socialista de Cuba. Si bien otros países desarrollados también han ido ejerciendo prácticas similares, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales artífices del robo de talentos mediante sorteo de visas y la emigración selectiva. Para tales efectos, Estados Unidos estuvo aplicando durante una década, el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos. Dicho programa —aunque actualmente se encuentre fuera de vigor— fue establecido en el año 2006. El referido Programa ofrecía visas a cualquier trabajador del sector de la salud cubano que se encontrara prestando
servicios como voluntario en los programas del Ministerio de Salud Pública de Cuba y que abandonara su puesto de trabajo. Esto no sólo afectó a Cuba, sino también a las personas y los pueblos donde esos profesionales se encontraran trabajando, principalmente en las regiones menos favorecidas de África, del continente americano y de Asia. Sin embargo, no les garantizó el empleo en sus profesiones en los Estados Unidos.
El éxodo de 125 000 cubanos entre abril y septiembre de 1980 por el Puerto del Mariel de Cuba —fenómeno conocido como la Crisis del Mariel— devino en un problema público para el gobierno de Estados Unidos. La admisión de los cubanos en territorio estadounidense contrade- cía la letra y el espíritu de la Ley de Refugiados, aprobada en marzo de 1980 (González Maes- trey, 2020). En un intento de despolitizar el manejo tradicional de la categoría de refugiados, la legislación estadounidense incorporó los pre- ceptos establecidos en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 (González Maestrey, 2020). Como par- te de los esfuerzos del presidente Carter por re- gularizar el estatus de los migrantes, el senador Ted Κennedy propuso la derogación de la Ley de Ajuste Cubano. En su lugar, sin embargo, se aplicó la solución técnica mediante la Sección 202 de la Ley de Control y Reforma de la Inmigra- ción de 1986. En la práctica, la mayor parte de los cubanos ajustó su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, entre 1984 y 1985, con lo que se reafirmó su papel preponderante en el marco regulador de la inmigración cubana en EE.UU.
Pese a reiterados intentos para su derogación, uno de los instrumentos jurídicos de más larga duración de Estados Unidos en materia migratoria hacia Cuba, por tanto, resultó ser la Ley de Ajuste Cubano. Dicha Ley fue adoptada el 2 de noviem- bre de 1966 por el Congreso estadounidense. El referido instrumento “institucionalizó el trata- miento preferencial conferido por EE.UU. a los migrantes provenientes de Cuba, con el objetivo de drenar la nación de valiosos recursos huma- nos, e instalar en Estados Unidos una base social contrarrevolucionaria” (González Maestrey, 2020).
La Ley de Ajuste Cubano permite la entrada auto- mática y subsidia a los cubanos no documentados que llegan a Estados Unidos —y solo a los cuba- nos— a condición de que se declaren “refugiados políticos”. Aun cuando los gobiernos de Esta- dos Unidos y Cuba han alcanzado acuerdos mi- gratorios —lo que ha ocurrido en dos ocasiones, en 1984 y 1994— incide de manera perjudicial sobre la migración pretendidamente regular de Cuba hacia el exterior. Esta ley estimula a quienes quieren abandonar el país a que lleguen a Estados Unidos a través de terceros países o por mar, lo que es peligroso, en lugar de solicitarlo a través del proceso regular de otorgamiento de visas de Estados Unidos.
Tras la crisis económica desatada como con- secuencia del derrumbe del campo socialista, Cuba discontinuó los esfuerzos por detener la emigración desde su territorio. Ello coadyuvó a que la cifra de las salidas por vía marítima ascen- diera a 36 900 personas en el año 1994. Dicho fenómeno fue bautizado con el nombre de “La Crisis de los Balseros”. En dicho contexto, el accionar del gobierno de Clinton condujo a la adopción de la “política de los pies secos-pies mojados” y culminó con los acuerdos migratorios de 1994-1995 entre Cuba y la EE.UU.
Posteriormente, en un intento de armoniza- ción del sistema inmigratorio estadounidense, la administración Clinton se propuso eliminar la Ley de Ajuste Cubano, pero no obtuvo suficiente apoyo para llevar adelante dicha iniciativa. De acuerdo con (González Maestrey, 2020), con la política de pies secos-pies mojados, el Gobierno de William Clinton intentó mitigar la reacción de la Fundación Nacional Cubanoamericana. No obstante, este tuvo el efecto de legitimar la Ley de Ajuste Cubano, ya que ratificó la elegibilidad de todo ciudadano cubano que arribara a territorio estadounidense, por cualquier vía y método. Pos- teriormente, durante el gobierno de George W. Bush, se intensificaron los esfuerzos por legitimar la aplicabilidad de dicho instrumento jurídico e ideológico.
De acuerdo con (Llamos Infante, 2019), la po- lítica migratoria estadounidense hacia Cuba fue
clave en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos de América. Este hecho sin precedentes, a partir del 17 de diciembre de 2014, inició el proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales en- tre ambos países. No obstante, pese al deshielo entre ambos países, a partir del segundo man- dato del Presidente Barack Obama, se incrementó de manera significativa la migración irregular cubana hacia Estados Unidos, tanto por vía ma- rítima como terrestre. El número de cubanos declarados inadmisibles, declarados por las auto- ridades estadounidenses —debido, principalmen- te, a su ingreso irregular a territorio nacional de ese país— creció 441% entre 2021 y 2016, ascen-
diendo de 12 290 a 54 226 personas (Departamento de Seguridad Interna, 2017).
Sin embargo, este período tuvo también algu- nos elementos positivos, incluso, en materia mi- gratoria. Entre estos se destaca la negociación de la Declaración Conjunta, suscrita el 12 de enero de 2017, mediante la cual Estados Unidos elimi- nó la política de “pies secos-pies mojados” y el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos. Asimismo, el gobierno del presidente Obama, durante 2015 y 2016, había puesto en vigor varias medidas dirigidas a modificar la aplicación de algunos elementos del bloqueo. No obstante, pese a dichos avances hacia la normalización de la relación bilateral Cuba-EE.UU., Obama tampoco se abstuvo de aplicar medidas del bloqueo, cuyos efectos, en no pocas ocasiones, trascendieron el marco bilateral, afectando a terceros países. Se inscribe dentro del período de la administración de Obama, la imposición de 56 multas a varias entidades estadounidenses y extranjeras. El valor acumulado de estas penalizaciones ascendió a 14 272 982 610,13 dólares, cifra sin precedentes en la historia de la aplicación del bloqueo contra Cuba hasta entonces (Németh Lesznova, 2020).
La llegada a la presidencia de Donald Trump significó el fin del acuerdo Obama-Castro, en muchos ámbitos. Se derogó la Directiva Presiden- cial de Política “Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”, emitida por el presidente Obama el 14 de octubre de 2016. La
adopción de las nuevas directivas hacia Cuba por la administración Trump, perjudicó los 22 acuer- dos de cooperación firmados entre ambos países a partir del 17 de diciembre de 2014. Dicha direc- tiva fue anunciada y puesta en vigor mediante la firma del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba. Entre los más significativos cambios que dicho Memorando es- tablece (y a los cuales, posteriormente se han ido unido nuevas medidas restrictivas), se encontra- ban las siguientes medidas:
Restricción de los viajes turísticos, dificul- tando la obtención de permisos;
Limitación de los viajes educativos con fines no académicos, que tendrán que ser grupales (pro- hibición de los viajes individuales auto-dirigidos;
Limitación de las actividades económicas con empresas vinculadas a las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (básicamen- te, con el Grupo de Administración de Empresas Gaesa);
Reafirmación del bloqueo económico mul- tidimensional1 estadounidense impuesto a Cuba. La prohibición del aterrizaje de vuelos proce- dentes de Estados Unidos en aeropuertos cuba- nos fuera de La Habana, igualmente, constituyó una medida complementaria de las anteriormen- te reglamentadas por la administración Trump. Asimismo, hubo nuevas restricciones aplicadas contra el envío de remesas, provocando serios
impactos para la familia cubana en ambos lados.
No obstante, el principal pilar de la política de la administración de Trump fue el recrudecimiento efectivo del bloqueo económico multidimensional contra Cuba, entre cuyas consecuencias se inscri-
ben las pérdidas ocasionadas a Cuba, desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, en el orden de los 4 000 343, 6 millones de dólares (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2019). La Administración Trump recrudeció el bloqueo con 243 medidas adicionales a las ya existentes. De ellas más de 50, fueron tomadas en plena pandemia de COVID-19- estadounidense contra Cuba. El cerco alrededor de Cuba, sin em- bargo, no se ha limitado a la aplicación efectiva de las acostumbradas medidas del bloqueo: en mayo de 2019, se activó la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton,2 que permite tomar accio- nes judiciales en tribunales de los EE.UU. ante de- mandas presentadas por ciudadanos o entidades estadounidenses contra empresaso individuos cu- banos o de terceros países que se relacionen co- mercialmente con propiedades nacionalizadas en Cuba en la década de 1960. Esta decisión puso fin a la práctica asumida desde 1996 por los gobiernos estadounidenses anteriores, demócratas y repu- blicanos —incluido, el propio Presidente Trump en sus dos primeros años de mandato— quienes habían suspendido cada 6 meses la activación del Título III y IV. El Título III plantea que los de- mandantes de las propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución Cubana, al ocurrir un cambio de régimen en Cuba, pueden obtener tres veces el valor original de la propiedad, más una tasa adicional. En consonancia con ello, el Título IV persigue sancionar a quienes trafiquen con propiedades que fueron nacionalizadas. En este sentido, la reactivación de dichos Títulos per- mite que ahora se puedan someter a demandas entidades cubanas que supuestamente trafican con propiedades nacionalizadas. Estas acciones
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1 Se trata del bloqueo denominado “económico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos contra Cuba. En este trabajo se utiliza el término multidimensional, para hacer referencia a los aspectos comerciales y financieros de dicho bloqueo económico, con el objetivo de reflejar que estas dos dimensiones (comercial y financiero) se incluyen dentro de la categoría “económico”.
2 La Ley Helms-Burton constituye un instrumento jurídico de coerción política que dispone acciones de presión económica lesivas a la soberanía de Cuba y de terceros países, con el propósito de asfixiar a la economía cubana e incrementar las carencias de la población. Busca perpetuar el clima de hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos y negarle a la nación cubana el derecho a la autodeterminación. Sus regulaciones son contrarias al Dere- cho Internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Esta nor- mativa ha suscitado el contundente rechazo de numerosos actores de la comunidad internacional y de representantes de organismos internacionales.
crean un ambiente de incertidumbre para las inversiones extranjeras que Cuba tanto necesita, aun cuando los mencionados Títulos de la Ley Helms-Burton, así como dicha ley, en su totali- dad, se basan en falsas alegaciones, transgreden el derecho internacional, así como la soberanía nacional de Cuba. El referido instrumento afirma, erróneamente, que las nacionalizaciones lleva- das a cabo en Cuba en 1959 fueron indebidas, y expresa, además, que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Con- funde, además, el concepto de confiscación y na- cionalización. Su objetivo es imponer obstáculos al desarrollo de Cuba y de las relaciones regulares entre ambos países. La activación de los Títu- los III y IV de dicha ley, constituyó, por tanto, un instrumento más para el enfriamiento de las re- laciones diplomáticas entre ambos países, pro- movido por el gobierno de Trump.
Entre las acciones del referido mandatario se inscribe, además, la expulsión de dieciséis funcio- narios de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos. Dicha acción se basó en el pretexto de una indemostrada “agresión acústica” contra al- gunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, así como la reducción al mínimo imprescindible de los servicios consulares que les ofrecían en su embajada en La Habana a los ciudadanos cubanos interesados en viajar de ma- nera temporal o permanente hacia los Estados Unidos.
Como resultado del cese de la mayoría de los servicios consulares de Washington en La Haba- na, y la paralización de los programas diseñados para procesar a los solicitantes cubanos, a partir de septiembre de 2017 se ha dejado de cumplir con el otorgamiento de un mínimo de 20 000 visas anuales para migrantes permanentes, tal y como establecen estos acuerdos. Según datos de las autoridades norteamericanas, en 2018 apenas se concedieron 6 504 de estas visas, lo que ha de- jado varadas en Cuba a 22 000 personas que ya habían iniciado sus trámites. Además, los casos aprobados deben viajar a un tercer país a culmi- nar sus gestiones, lo que aumenta los costos, los riesgos y las dificultades del proceso migratorio
hacia Estados Unidos. De acuerdo con Aja Díaz (2020), esta medida no está motivada por razones estrictamente migratorias, sino que forma parte de las acciones destinadas a dañar las relaciones entre los dos países (Aja Díaz, 2020).
La práctica de reducir el volumen de las visitas temporales de cubanos a Estados Unidos no es nueva; en 2016 fueron rechazadas el 81,9% de las solicitudes, pero en ese momento la razón era evitar la utilización de estas visas como medio pa- ra establecer residencia permanente en ese país. Coincidiendo con Aja Díaz (2020), en la actua- lidad, tal restricción no se justifica, ya que una vez cancelada la política de “pies seco-pies mojados”, el gobierno norteamericano tiene la opción de devolver a Cuba a aquellos que violen el térmi- no de sus visas y no permitir que se acojan a la Ley de Ajuste Cubano (Aja Díaz, 2020).
El incumplimiento de los acuerdos migratorios por parte de EE.UU., por tanto, continuó poten- ciando la migración irregular procedente de Cuba, principalmente hacia ese país. Como resultado, entre enero y septiembre de 2017 las autoridades norteamericanas solo reportaron la entrada irre- gular de 2 057 cubanos a Estados Unidos. En el año fiscal 2018 (octubre-septiembre), la cifra ascendió a 7 079 y desde esta fecha hasta mayo de 2019 se registraron 10 910, no llegando a más de 15 000 al cierre de 2019 e inicios del 2020, donde la crisis mundial de la COVID-19 irrumpió bruscamente este flujo (Aja Díaz, 2020).
Adicionalmente, en septiembre de 2019, Estados Unidos expulsó de su territorio a dos diplomáti- cos cubanos quienes cumplían misión en la Orga- nización de las Naciones Unidas. Esta última medida fue parte del intento estadounidense por seguir deteriorando unilateralmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, ya que, desde junio de 2018, ya se había procedido al cierre de la Oficina Local de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. en Cuba, transfiriendo una parte de sus servicios a México, además de mantenerse la reducción anteriormente impuesta al personal en ambas Embajadas. Esas decisiones
—unidas a la prohibición de que funcionarios oficiales estadounidenses viajen a Cuba— han
afectado el cabal cumplimiento por parte de la administración estadounidense de buena parte de los 22 acuerdos en diferentes áreas de mutuo interés suscriptos entre los gobiernos de Cuba y los Estados entre mediados de 2015 y enero de 2017 (Suárez Salazar, 2018), por la administración Obama.
En 2019, a las medidas de asfixia económica del gobierno Trump contra Cuba, se sumó la intensifi- cación del fomento a la subversión y las campañas difamatorias en el plano político y mediático, así como otras, en materia migratoria. Entre dichas acciones se inscribe la creación de una Fuerza de Tarea en Internet3 con el objetivo de promover el flujo de información libre y no regulada en Cuba, para difundir mensajes desestabilizadores, apo- yar a los llamados sitios independientes cubanos. Sumado a la creación de la referida Fuerza-Tarea y al recrudecimiento de la política anticubana de EE.UU., en marzo de 2018, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aprobó 20 millones de dó- lares en fondos para la subversión en Cuba, como parte del presupuesto estadounidense para ese año. En el referido contexto enrarecido, no se efectuaron las reuniones de la Comisión Bilateral, la Ronda Migratoria y el Diálogo de Aplicación y Cumpli- miento de la Ley, debido también a la negativa del Departamento de Estado. Como consecuencia de las medidas del gobierno Trump contra Cuba, en el año 2019 se ha producido una disminución del 20,3% de visitantes estadounidenses en compara- ción con el año anterior, afectando considerable- mente los ingresos de Cuba (Németh Lesznova, 2020). Todo lo cual, tiene inevitables implicaciones en el corto, mediano y largo plazo sobre el poten- cial migratorio de Cuba, ya que, al dificultar aún más la vida de la población cubana, afectada por sanciones injerencistas hace más de sesenta años, propicia que muchos cubanos —principalmente jóvenes y profesionales— no visualicen a Cuba como escenario de su proyecto de vida.
En los meses transcurridos desde la toma de posesión del Presidente Joe Biden, se han agrava- do las tensiones impuestas desde Estados Unidos que provocan descontento en la población cuba- na, principalmente, debido al desabastecimien- to de mercancías y medicamentos, en adición a los perjuicios ocasionados a su economía por la pandemia de la COVID-19. En materia migrato- ria, dichas tensiones emanan de la continuidad por Biden de las políticas de Donald Trump. Aun- que el gobierno de Biden mantiene la cancelación
—decretada por la administración Obama— de la política “pies secos/pies mojados”, se dejan inva- riables los instrumentos jurídicos relacionados con las políticas de EE.UU. hacia Cuba. Tal es la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano. Asimismo, se mantiene el incumplimiento por parte de Esta- dos Unidos de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países, ya que no se ha otorgado —ni de lejos— la cantidad de visas pactada en dichos instrumentos. El número reducido al mínimo del personal en ambas Embajadas —provocado por Estados Unidos— no fue restablecido a las cifras anteriores a su reducción efectuada por la Admi- nistración de Donald Trump, a cuya causa se acu- mulan afectaciones también en el ámbito de otros servicios consulares que no son los estrictamente los migratorios. Todo lo cual no solo limita la mi- gración legal, sino incide sobre los flujos migra- torios irregulares, además de afectar a la familia cubana en ambas orillas. Al respecto, el Canciller de Cuba, Compañero Bruno Rodríguez Parrilla (2021a), en fecha de 10/11/2021, denunció en su presentación a la Prensa Extranjera acreditada en Cuba: “Estados Unidos continúa aplicando medi- das que impiden la reunificación familiar, los viajes familiares y el otorgamiento de visados. Impiden a los ciudadanos de doble ciudadanía acceder a su
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3 Este grupo lo integran organizaciones no gubernamentales y representantes del Gobierno estadounidenses que han sido responsables de progra- mas subversivos que han buscado a través de los años socavar el orden interno de la Isla. Entre esas entidades se encuentran la USAID, Freedom House y el Buró de Transmisiones hacia Cuba, principales impulsores de proyectos como Zunzuneo, Piramideo o los mal llamados Radio y TV Martí —programas creados para promover el “cambio de régimen” en Cuba.
territorio (…)”. Con estas prácticas alientan a la emigración irregular que crea situaciones críticas para los países por los que transitan los ciudadanos cubanos por llegar a EE.UU. (Rodríguez Parrilla, 2021 b). La exigencia de vacunación a ciudada- nos cubanos con vacunas reconocidas por OMS o EE.UU., como requisito para su entrada a territorio estadounidense, igualmente constituye una medi- da de la Administración de Biden y obstaculiza la migración efectiva. Sin embargo, garantizan becas para cubanos en programas de entrenamiento para la desestabilización en Cuba, sin exigirles los soli- citados certificados de vacunación.
En materia de política y subversión, es notorio que tan solo entre el 22 de septiembre y 10 de no- viembre de 2021, se han pronunciado 29 decla- raciones del gobierno de los Estados Unidos y de figuras influyentes del Congreso de esa nación, dirigidas a alentar, orientar, instigar a acciones de desestabilización en Cuba (Rodríguez Parrilla, 2021 b). A ello se suma el paquete de financiamien- to de la United States International Development
Agency (USAID) cuyo importe, solo en septiem-
bre de 2021, ascendió a 6 millones de dólares pa- ra promover actos de desestabilización en Cuba (Rodríguez Parrilla, 2021b), además de la mani- pulación del algoritmo de la Red Social Twitter, de mensajes con contenidos referentes al finan- ciamiento por Estados Unidos de tales actos.
Como parte de la ciberguerra contra Cuba, des- de Estados Unidos se origina la mayor parte de los contenidos tóxicos que acompañan la etique- ta con la que se promueve la desestabilización en Cuba. La plataforma online secure VPN, una apli- cación ultrarrápida, posee un servicio que se sos- tiene con 19 servidores ubicados en EE.UU. Esta plataforma realiza una campaña comunicacional gratuita en Cuba, beneficiando solo los usuarios de este país, mientras el resto del mundo tiene que pagar por promocionar sus productos en ese sitio. Todo ello es parte de la guerra no convencional impuesta a Cuba por Estados Unidos.
Coherentemente con lo anterior, bajo el manda- to de Biden ocurrieron los disturbios en Cuba del 11 de julio de 2021, causados por una operación comunicacional a la cual la Casa Blanca y sus agen-
cias destinan fondos millonarios y así manipulan las noticias e imágenes sobre realidad cubana.
Si bien, los problemas sociales acumulados como consecuencia de la difícil situación económica causada por el bloqueo estadounidense —y agra- vados por la desfavorable coyuntura económica mundial y la pandemia— urgían soluciones rápi- das y eficaces por parte del gobierno cubano, no cabe duda de que el 11 de julio fue una típica ope- ración subversiva dirigida secretamente por la CIA y la comunidad de inteligencia norteameri- cana. Dicha operación fue promovida a través de programas subversivos millonarios desde años re- cientes, subvencionados por la USAID y la Natio-
nal Endowment for Democracy (NED) que actúan
con el beneplácito de su gobierno y la complicidad de la derecha cubano-americana (Hevia Frasquie- ri, 2021). La causa fundamental del descontento que dio lugar a dichos disturbios —financiados, orquestados y manipulados por agencias del Go- bierno de Estados Unidos y organizaciones de la ultraderecha de Miami— fue la situación econó- mica que afecta a la población de Cuba. El desa- bastecimiento de alimentos y medicinas en el país, máxime, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, sin embargo, es esencialmente con- secuencia directa del bloqueo y las sanciones im- puestas por Trump y mantenidas por Biden. Las acciones desestabilizadoras que coadyuvaron los referidos sucesos, son promovidas desde el exte- rior y ejecutadas por mercenarios y asalariados que utilizan las carencias provocadas en Cuba por Estados Unidos, para incitar el caos. Dichas accio- nes tienen la finalidad de crear pretexto para jus- tificar una intervención “humanitaria” en Cuba. La administración Biden es cómplice de dichas acciones, ya que, los actores políticos y entidades en su territorio que protagonizan la referida de- sestabilización, reciben financiamiento del Depar- tamento de Estado y la USAID como parte de “la guerra de información” (Rodríguez Parrilla, 2021a). En el marco de dichas acciones, la CIA y sus mer- cenarios, aprovechan el complejo entorno econó- mico de Cuba e insisten, mediante una guerra mediática, en provocar tensiones dentro de la po- blación, así como promover nuevas plataformas
de grupos y sucesos de calle, estimulando la emi- gración ilegal y otras provocaciones. Culpan al gobierno cubano como causante de la difícil si- tuación económica, cuando, en realidad, la razón principal de la escasez material y de la restricción financiera de Cuba radica, precisamente, en la aplicación de las medidas del bloqueo unilateral y extraterritorial de Estados Unidos contra ese país. Dichas medidas, independientemente de la desfavorable coyuntura de la economía mundial agravada con la pandemia de la COVID-19, cons- tituyen el principal obstáculo del desarrollo de Cuba hace más de sesenta años.
Algunas operaciones encubiertas patrocinadas por la USAID y la NED, visiblemente relaciona- das con los servicios especiales norteamericanos, venían ejecutándose desde tres años antes de los sucesos del 11 de julio de 2021, para instigar lo que los propios norteamericanos denominaron como una “Primavera Cubana” al estilo del Medio Oriente (Hevia Frasquieri, 2021a). Coincidiendo con Hevia Frasquieri (2021b), lo ocurrido el 11 de julio mostró que el diseño del programa sub- versivo que se aplica contra Cuba en los últimos años posee intrínsecamente, entre otros compo- nentes, un basamento psicológico, moral, subje- tivo, indirecto y retardado en el tiempo, difícil de medir durante su etapa de implementación (Hevia Frasquieri, 2021 a). Todo esto forma par- te de una estrategia política bien articulada por el Gobierno de Estados Unidos, que tiene un ante- cedente cercano en el “Programa de Apoyo a la
sociedad civil cubana”, que se extendió contra
Cuba desde el año 2008 por intermedio de dece- nas de ONG extranjeras, promocionadas por la Oficina para Iniciativas de Transición (OTI) “Office for Transition Initiatives”, una de las de- pendencias principales de la USAID. El texto de un resumen de este programa secreto de la USAID, involucra directamente al Gobierno nor- teamericano. Este documento evidencia una me- todología operacional de inteligencia sujeta a estrictos protocolos de seguridad y revela que el programa cuenta con más de 400 programas mi-
llonarios ejecutados contra Cuba desde el año 2008 hasta el presente, dentro y fuera del país (Hevia Frasquieri, 2021 b)
Todo lo anterior —incluido la fallida intentona de golpe de Estado, promovido el 11 de julio— constituye el complemento del fracasado objetivo de Estados Unidos de rendir por hambre al pue- blo cubano y provocar desesperación mediante medidas de índole económica que, igualmente, influencian los flujos de la migración cubana hacia el exterior. En este marco se destaca la continuidad de las tradicionales políticas de administraciones estadounidenses anteriores, con especial énfasis en la línea dura que ejerciera Donald Trump. De acuerdo con ello, se ha mantenido el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba: el 8 de septiembre de 2021, se efectuó mediante la firma por Joe Biden, la prórroga, por un año más, del instru- mento jurídico “Ley de Comercio con el Enemi- go” —uno de los estatutos de la Casa Blanca— que sostiene el bloqueo económico multidimensio- nal contra Cuba. Durante su campaña electoral, Biden prometió revertir las más de 240 sancio- nes impuestas a Cuba por su antecesor Donald Trump. Sin embargo, esto no ocurrió: luego de nueve meses en la Casa Blanca, Biden mantie- ne el bloqueo, agravado con las 243 acciones que Trump (2017-2021) tomó respecto a Cuba, pese a que durante su campaña electoral prometió un cambio al respecto (Prensa Latina, 2021 a). Asi- mismo, en noviembre de 2021, el Presidente Joe Biden, rechazó algunas de las propuestas sobre la autorización y las vías para enviar remesas a Cuba. Con ello mantiene una prohibición adicional que afecta la economía de Cuba a las familias cuba- nas. Todo ello estimula la migración cubana hacia el exterior.
En resumen, las acciones de la administración Joe Biden, en relación con la migración cubana hacia el exterior, en lo que va de su mandato, con- taron con los siguientes instrumentos y medidas:
La continuidad de la aplicación del bloqueo económico y la persecución económico-fi- nanciera de Cuba para obstaculizar el ingreso al país de remesas desde el exterior.
Mantenimiento del reducido número de per- sonal de la embajada de Estados Unidos en La Habana e incumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales vigentes.
Vigencia de la Ley de Ajuste Cubano.
Prórroga de la vigencia de la Ley de Comer- cio con el enemigo.
Intensificación de la desestabilización de Cu- ba y su financiamiento.
Recorte de períodos de visados outorgados a cubanos.
Obstaculización de los servicios consulares y la reunificación familiar.
Exigencia de vacunación a ciudadanos cu- banos con vacunas reconocidas por OMS o EE.UU. como requisito para entrar a territo- rio estadounidense.
Todo lo cual nos permite concluir que las políti- cas de la Administración Biden carecen de carac- terísticas propias que la distingan del tradicional extremismo anticubano de las políticas de sucesi- vos gobiernos estadounidenses, en función de su obsesión por derrocar al gobierno revolucionario de Cuba. En dichas políticas, la incitación a la mi- gración de los cubanos hacia el exterior, ha sido un fin, y a su vez, un medio.
Bloqueo y desestabilización —incluido el inten- to de fabricación de una “primavera cubana”—, son acciones complementarias entre sí que fueron y están siendo implementadas inseparablemen- te y al unísono, para juntos lograr el derrocamien- to del gobierno revolucionario de Cuba. En función de dicho objetivo, el gobierno de Biden —siguien- do la tradición de las sucesivas administraciones estadounidenses anteriores desde el triunfo de la Revolución Cubana— se vale del empleo simultáneo de numerosos instrumentos, de índole política y económica. Todo lo cual, está respaldado, además,
por instrumentos jurídicos y mediáticos. Median- te ellos alienta a la migración de cubanos hacia el exterior e, incluso, en gran medida, la migración irregular. Por todo lo anterior, podemos afirmar que el fenómeno de la migración de cubanos ha- cia el exterior, constituye un aspecto transversal en las relaciones bilaterales entre Cuba y Esta- dos Unidos de América. A su vez, representa un importante instrumento de las políticas desesta- bilizadoras de EE.UU., a las cuales la Administra- ción Biden se sumó con el mismo extremismo an- ticubano de sus antecesores.
La aplicación de dichos instrumentos, eviden- cian el desconocimiento de la capacidad del pue- blo cubano para decidir su propio futuro y llevar adelante los cambios socioeconómicos que necesi- ta. La aprobación mayoritaria de su nueva Cons- titución de la República es apenas una evidencia de ello. Así como la superación de la pandemia por Cuba, mediante medidas acertadas y la va- cunación del casi 90% de su población contra la COVID-19 para finales de 2021, efectuada con vacunas desarrolladas por su propia industria bio- tecnológica. El retorno en noviembre de 2021 de los estudiantes a las escuelas y, del país, a la nueva normalidad, parece desmentir a tantos intentos de aniquilación de esa digna nación y los logros de su Revolución. Los resultados económicos, socia- les, científicos, así como en materia de salud, de cooperación internacional y de justicia social de Cuba —y su mera resistencia— pese a más de 60 años de bloqueo y terrorismo multidimen- sionales son la prueba del fracaso de las políticas colonialistas obsesivas de las sucesivas adminis- traciones del Imperio estadounidense.
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