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Nueva Época
Número 03
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Investigador Auxiliar y Profesor Asistente
Grupo de África y Medio Oriente del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI)
Numero ORCID: 0000-0001-8533-4234
La lógica neoliberal imperante en África se ha puesto en sintonía ahora con las tendencias de la llamada “economía verde” que pretende incrementar la explotación de los recursos naturales con un enfoque más ecológico. Sin embargo, no existe una correspondencia entre estos enfoques y las conse- cuencias negativas que han estado teniendo la aplicación de dichas políticas de privatización. En este contexto, la autoridad tradicional de los Estados sigue quedado reducido a un simple facilitador y ha abandonado su carácter regulador de la economía. El objetivo central de este artículo es valorar los im- pactos medioambientales y socioeconómicos que han tenido las políticas neoliberales aplicadas a los sectores de la minería, la venta de tierras, los recursos hídricos y la urbanización, sobre todo, teniendo en cuenta las repercusiones sobre las formas tradicionales de vida en la región subsahariana.
Abstract
Theneo-liberal logic prevailing in Africa has now been brought in line with thetrends of the so-called "green economy" which aims to increase theexploitation of natural resources with a more ecological approach. However, there is no correspondence between these approaches and the negative conse- quences that have been occurring as a result of the implementation of suchprivatization policies. In this context, the traditional authority of the Statecontinues to be reduced to a mere facilitator and has abandoned its regulatoryrole in the economy. The main objective of this article is to assess the envi- ronmental and socio-economic impacts of neo-liberal policies applied to themining, land sales, water resources and urbanization sectors, especially inview of the repercussions on traditional ways of life in the sub-Saharan region.
Key words: neoliberalism in Africa, green economy, privatization, environment, mining, urbanization.
El continente africano experimentó a partir de la década de 1980 una fuerte crisis multidimensio- nal en el plano socioeconómico debido a la caída de los ingresos por exportaciones como resulta- do del descenso de los precios de las materias primas y, por ende, del endeudamiento externo. Desde el punto de vista político, se agudizaron las crisis y los golpes de Estado. Todo ello fue expresión de las debilidades del Estado poscolonial a veinte años de haberse logrado la mayoría de las independencias. Este nuevo contexto fue aprovechado para la im- plementación de las políticas neoliberales, las cua- les se generalizaron a partir de 1990.
Los países se vieron obligados a modificar las constituciones para adoptar el multipartidismo,1 se incrementó el proceso de privatizaciones y se redujo el papel del Estado sobre el control de la economía y prácticamente se eliminó la inversión social. De esta manera, se profundizaron y genera- lizaron los conflictos y las crisis políticas durante toda la década de 1990 y algunas incluso estallaron ya en los primeros años del siglo XXI, mientras otras se han mantenido desde entonces. Por lo ge- neral, se ha prestado atención a las consecuencias socioeconómicas derivadas de dichos conflictos y sus implicaciones políticas. Sin embargo, otros problemas también se han generado como resul- tado del neoliberalismo.
El incremento de la privatización de los recur- sos naturales y la comercialización de la tierra, con la creación de áreas protegidas en manos de acto- res privados, así como la venta de terrenos desti- nados al agronegocio, la minería y otras obras de infraestructuras, han tenido un fuerte impacto no solo sobre el medio ambiente sino también sobre las comunidades locales. Las poblaciones rurales se han visto afectadas por el desplazamiento for- zado de sus tierras de cultivo o han sido excluidas de las áreas declaradas como protegidas o reservas naturales. Se ha fomentado así la migración ha- cia los centros urbanos y por ende un crecimiento desproporcionado de las ciudades. Al mismo tiem-
po, se han aumentado las contradicciones inter- comunitarias: pueblos pastoriles y ganaderos se enfrentan por el acceso a zonas comunes de pasti- zales y por las fuentes de agua.
La falta de políticas estatales coherentes, la des- regulación de la actividad minera y la sobreex- plotación de los recursos naturales, han tenido impactos negativos sobre las formas tradiciona- les de vida de dichas comunidades, así como un deterioro del medio ambiente. El objetivo central de este artículo es precisamente valorar los impactos medioambientales y socioeconómicos que han te- nido las políticas neoliberales aplicadas a los sec- tores de la minería, la venta de tierras, los recursos hídricos y la urbanización en un contexto marca- do por el enfoque de la “economía verde”. Todos estos elementos están interrelacionados y son una expresión de los problemas causados por los pro- gramas de ajustes estructurales.
Las problemáticas en torno al crecimiento econó- mico y el desarrollo centradas en el medio ambien- te, determinaron la adopción de nuevos enfoques ante la crisis ambiental generada por los niveles de explotación capitalista. Los costos ambientales aso- ciados con el desarrollo comenzaban a ser altos y por ende se intentó incorporar las cuestiones am- bientales en la planificación económica. Fue así que, en la misma década de 1980 —en pleno auge del neoliberalismo— se adoptó el concepto de “de- sarrollo sostenible”, introduciendo la perspectiva ecológica en la agenda internacional.
Sin embargo, la cuestión ecológica atrajo poco la atención hasta finales de la década de 2000. Con la agudización de la crisis climática y ambiental, junto con el aumento de los precios de los alimen- tos y la recesión financiera mundial, se produjo una mayor “comprensión” entre los gobiernos y la sociedad civil sobre la urgencia de trazar una nue- va estrategia económica que atendiera los proble- mas ambientales. Fue así que surgió el enfoque de
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1 Tanto los países proclives a las potencias occidentales, por ejemplo, Costa de Marfil o el entonces Zaire, y los gobiernos de tradición progresista —minoritarios en la región— funcionaban con el sistema de partido único.
la llamada “economía verde” (Bergius y Buseth, 2019), el cual tomó auge a partir de la Conferen- cia de Río +20 (2012).
Los autores Bergius y Buseth (2019) analizan las problemáticas relacionadas con el auge de la lla- mada “economía verde” como parte de los discur- sos contemporáneos referidos al desarrollo y la modernización. Estos estarían ahora bajo una mi- rada epistemológica centrada en la protección al medio ambiente y la ecología. Para ello se imple- mentarían políticas e iniciativas tanto por la parte gubernamental como por el sector privado, con una visión del desarrollo sostenible a largo plazo (Bergius y Buseth, 2019: 59)
Sin embargo, dichas narrativas sobre la moder- nización adoptando un giro “verde”, solo se refiere a la necesidad de mantener los niveles de explo- tación de los recursos naturales en una relación ahora “amigable” con los ecosistemas: capitalis- mo verde. En el marco de la economía verde se busca crear nuevas zonas de interacción entre el capital financiero y las diversas formas de la natu- raleza para su explotación “sostenible”. Para ello, los autores señalan tres componentes que están intervinculados: acceso a la tecnología y mayores niveles de productividad; un creciente rol de la inversión de capitales y de los recursos “subutiliza- dos”; y la movilidad de las personas y de la tierra (Bergius y Buseth, 2019: 60). Es decir, se busca una combinación de la aplicación de la tecnología con el crecimiento continuo de la productividad y del capital privado para poner en marcha el desarro- llo verde.
En esencia, se trata de la necesidad de invertir para llevar al capitalismo y el desarrollo hacia una dirección más medioambiental. Es decir, transi- tar hacia un nuevo modelo de gestión económica capitalista con un enfoque responsable del medio- ambiente y que combine la protección ambiental con la modernización. Sin embargo, la aplicación de dichos enfoques solo queda en la retórica dis- cursiva. Como se podrá observar a través de los diferentes ejemplos —Burkina Faso, Ghana, Ca- merún, República Democrática del Congo (RDC), República del Congo y Zimbabwe— las privati- zaciones de tierras generan desplazamientos de
personas y modificaciones en sus estilos de vida, mientras que el supuesto incremento de la pro- ducción —en este caso de la minería— no ha te- nido en cuenta el medio ambiente.
Según el PNUMA,2 la principal razón de ser de la economía verde es permitir el crecimiento y la inversión, al tiempo que se aumenta la calidad ambiental y la inclusión social. Este giro del de- sarrollo debería permitir que la iniciativa priva- da tenga un mayor acceso a los “sectores verdes”
—por ejemplo, la agricultura, la silvicultura o la biodiversidad, convirtiéndose estos en una impor- tante salida para el capital privado y una nueva forma de expansión del capitalismo contempo- ráneo, puesto que son mercados, tierras y recur- sos naturales, supuestamente subutilizados y que se pueden explotar (Bergius y Buseth, 2019: 66). Una vez más, el enfoque no se corresponde con la realidad: el capital privado sí ha incrementado su activismo en África, pero no siempre respeta los ecosistemas ni propicia la inclusión social, como se podrá ver en el caso de la minería en Ghana y la RDC, o inclusive en los procesos de expansión urbana en Congo-Brazzaville.
La Revolución Verde en África persigue ade- más el desarrollo sostenible para la reducción de la pobreza y de la inseguridad alimentaria. Sin embargo, en el caso africano, la nueva revolución verde se expande en un contexto de políticas neo- liberales, con la adopción de agendas y enfoques basados en el mercado, y que han sometido a los pequeños agricultores a graves limitaciones. En el continente, estas iniciativas se han hecho más evi- dentes en el sector agrícola, donde se han llevado a cabo inversiones a gran escala para la producción de alimentos. Se busca incrementar la producti- vidad a través de métodos intensivos de produc- ción de las cosechas con inversión de capitales y a veces no se tiene en cuenta la protección ambien- tal. Muchas de esas inversiones en el sector agrí- cola —el llamado agronegocio— no están desti- nadas a la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales y otras veces se utilizan tierras muy fértiles para los bio- combustibles como en el caso de Camerún (Ndi y
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2 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Batterbury, 2017). Sobre este tema, Silvio Baró (2008) señala que además de los ya conocidos efectos del cambio climático en muchas zonas del continen- te, la euforia por la producción de biocombustibles podría ser una causa adicional para el deterioro del medio ambiente (Baró, 2008 a).
En el contexto de los desafíos ambientales y cli- máticos contemporáneos, la nueva “revolución verde” apuesta por el poder de la ciencia y la tec- nología para “alimentar al mundo” en una era de cambio climático. Este proceso estaría acompa- ñado por un mayor control de la naturaleza y de los recursos naturales. Queda claro que el control y gestión de estos recursos no va quedar en ma- nos de los pueblos, sino de las elites políticas y, en lo fundamental, en manos del gran capital inter- nacional. Al mismo tiempo, el incremento de la iniciativa privada genera contradicciones con las comunidades locales, fomenta conflictos de diver- sas índoles y no siempre asume el respeto al medio ambiente y los ecosistemas africanos.
Desde inicio del siglo XXI, África se ha con- vertido una región mucho más atractiva para la inversión extranjera, en particular para la comer- cialización de tierras agrícolas y áreas boscosas. La adquisición de grandes extensiones de tierra se acrecentó debido a las consecuencias negati- vas generadas por el cambio climático. También se produjo en un contexto del aumento de los pre- cios de los alimentos a nivel mundial y, por ende, de una mayor inseguridad alimentaria.
A su vez, se ha generado una creciente deman- da de tierras para la producción de biocombusti- bles. Algunas multinacionales con sede en países occidentales, pero también en Medio Oriente y en Asia, entre ellos China, han reforzado sus intereses en adquirir amplias extensiones de tierra en Áfri-
ca Subsahariana, precisamente para la producción de alimentos y biocombustibles,3 así como para el desarrollo de la minería, la extracción de madera y otros recursos. Este elemento complejiza aún más la situación de los pequeños y medianos produc- tores africanos, así como la de los que dependen de la tierra para su sustento básico.
El incremento de la desertización, los patrones de lluvia cada vez más erráticos y la desforestación, incrementan las contradicciones entre las comu- nidades pastoriles y ganaderas como analiza en su trabajo A. Gonin (2016), quien aborda la pro- blemática de la tierra y el acceso a sus recursos, en la subregión de África Occidental, a través del caso concreto de Burkina Faso. Mientras tanto, Frankline A Ndi y Simon Batterbury se concentran en el tema de la privatización de las tierras para el agronegocio por parte de compañías extranje- ras en el sudoeste de Camerún. Ambos ejemplos, ponen en evidencia cuestiones relacionadas con la estructura agraria de los países subsaharianos, la tenencia, privatización y acaparamiento de tierra, así como las condiciones de vida de los agricul- tores. Dichas problemáticas se han incrementado en los últimos años, al igual que las consecuencias socioeconómicas para las poblaciones locales.
En la subregión de África Occidental, después de las sequías de las décadas de 1970 y 1980, se pro- dujo un incremento de la saturación de los suelos y del avance de la desertización, a la par que cre- cía el número de cabezas de ganado. Ello generó una mayor demanda de espacios de pastoreo, sobre todo en la región del Sahel. Al mismo tiempo, hubo un aumento de la población y, por consiguiente, de la densidad de habitantes por km2. El crecimien- to de la población hizo que la demanda de tierras para el cultivo fuese mayor. Por lo tanto, ante la ampliación de las labores agrícolas, se comenzó a reducir el espacio para las actividades de pastoreo. A todo esto, se sumó el acceso a los recursos hídri- cos en una región con una gran inestabilidad en el
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3 Entre 2004 y 2009 al menos 2,5 millones de hectáreas fueron otorgadas a inversionistas extranjeros en cinco países africanos. Asi- mismo, se aclara que estas cifras no recogen las transacciones relacionadas con superficies menores de 1 000 hectáreas. Entre los países que aparecen como compradores de tierras se encuentran Corea del Sur, Japón, Malasia, Qatar, Bahrein y Suecia, entre otros. Asimismo, empresas de Alemania y Reino Unido son mencionadas como compradoras de tierra en el continente (Baro, 2009: 1).
régimen de precipitaciones. Es comprensible que, ante este escenario, se incrementasen los antago- nismos entre agricultores y criadores de ganado por el acceso a los recursos naturales, en particu- lar el agua.
Un aspecto señalado por Gonin, con respecto a las modificaciones introducidas en la distribución de las tierras, es el relacionado con la transforma- ción del “espacio móvil” por la “territorialización del espacio”. Define dicho proceso de territoriali- zación como una estrategia espacial de control de los recursos, la cual es desplegada por diferentes actores: personas, instituciones o el mismo Esta- do. Están dirigidas a controlar el acceso a los re- cursos, delimitando el espacio geográfico sobre el cual dichos actores buscan implantar su autoridad (Gonin, 2016: 30). Estos cambios ocasionaron una transformación en los sistemas de manejo y ges- tión de los recursos, los cuales se basaban antes en la “reciprocidad del derecho de acceso” (Go- nin, 2016: 29). Ahora se produce la apropiación exclusiva de dichos espacios comunes por parte de varios actores.
Este proceso de “territorialización” se convirtió en un obstáculo para la movilidad de los pueblos pastoriles y sus rebaños —los pastores trashu- mantes—, debido a que los espacios dedicados a su actividad se han reducido por el avance de la agricultura y de la densidad de población. Existen menos posibilidades de movilidad para sortear las afectaciones climáticas. Esta situación ha pro- piciado las contradicciones entre comunidades agrícolas (sedentarias) y pastoriles (que se despla- zan con sus rebaños), por el uso de los espacios que antes eran comunes. Si se le suma a esto el proceso de privatización de grandes extensiones de tierras como ha ocurrido en Camerún y otros países, pues es entendible que dichas contradic- ciones intercomunitarias se agudicen y que pro-
voquen un cambio en las dinámicas productivas de estas comunidades: pueblos ganaderos se con- virtieron en sedentarios y agricultores los han adop- tado la ganadería.
En este escenario, el papel del Estado como ente regulador queda muy reducido y es presentado solo como un actor que participa en el proceso de territorialización, en detrimento de la actividad ganadera e incluso de la agricultura de subsisten- cia, al apoyar más a los grandes emprendimientos privados. Este ha sido el caso de Camerún, donde se produce otro tipo de “territorialización del es- pacio”, que sería entendido, en ese contexto, como delimitación de espacios privados. En la región camerunesa de Nguti,4 la adquisición de tierras a gran escala o acaparamiento de tierras por inte- reses extranjeros, se ha convertido en uno de los factores principales en la modificación del régi- men de producción agrícola, lo cual puede hacer- se extensivo a otras áreas africanas donde existan tierras ricas para el cultivo.
El 17 de septiembre de 2009, la empresa Sithe Global Sustainable Ods Cameroon (SGSOC) había firmado un contrato de arrendamiento de 73 086
hectáreas de tierra, con el gobierno de Camerún para establecer plantaciones de palmas de aceite en la Región Suroeste del país,5 así como impulsar el desarrollo de viveros y refinerías para este tipo de producto. También estaría implicada la empre- sa estadounidense Herakles Farms. Sin embargo, debido a la presión interna generada por fuertes protestas en contra de dichos contratos, el gobier- no, en 2013, otorgó un arrendamiento temporal de solo tres años y redujo la concesión de la em- presa a 19 843 hectáreas, aunque se mantuvieron las protestas contra estos acuerdos.
Algunos gobiernos africanos perciben las inver- siones extranjeras en el sector agrícola como una forma para mejorar la productividad, aportando
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4 La subdivisión de Nguti, posee extensos y ricos bosques tropicales. Forma parte de la división de Koupé-Manengouba en la zona anglófona de Camerún del sudoeste. Se encuentra a lo largo de la Carretera Kumba-Mamfe, que da acceso a Nigeria, país con el cual comparte una parte de la frontera. En la región también existen áreas protegidas y reservas forestales de alto valor de conservación, en las cuales se incluyen el Santuario de Vida Silvestre Banyang-Mbo (69 147 ha) y el bosque del consejo de Nguti (11 919 ha) (Ndi y Batterbury, 2017: 38 y 39).
5 La empresa adquirió dichas tierras correspondientes a las subdivisiones de Mundemba, Toko y Nguti.
innovación tecnológica y nueva infraestructura, así como la posibilidad de crear puestos de trabajo, ingresos públicos y desarrollo económico (Ndi y Batterbury, 2017: 35). En este sentido, las empresas prometen proporcionar electricidad e instalacio- nes sanitarias a las comunidades, como estipulan los memorándums de entendimiento. No obstante, no existe una relación directa entre estos elemen- tos y no se tienen en cuenta los efectos negativos sobre las poblaciones más vulnerables, además de que no cumplen con lo pactado.
La adquisición de tierras por parte de entidades privadas, conlleva a un proceso continuo de exclu- sión de sus “usuarios” tradicionales y, por ende, re- presenta una amenaza para los medios de vida y las normas culturales de las comunidades. Los agri- cultores, cuyas tierras han sido asignadas para plantaciones agroindustriales, no son compensa- dos por las cosechas destruidas. Los miembros de las comunidades están sujetos a estrictos contro- les sobre cualquier actividad que pueda poner en peligro los intereses de la empresa —criminaliza- ción de las poblaciones locales— y la mayoría de la población local es marginada de los procesos de asignación de las tierras a las compañías.
A través de este proyecto de agronegocio, los autores examinan las preocupaciones generadas por las comunidades y las implicaciones socioe- conómicas y culturales. Los mayores impactos ne- gativos recaen sobre las personas cuyos hogares dependen de lo que el bosque les puede propor- cionar, y sobre los pastores y los agricultores des- poseídos de medios de subsistencia, ignorados por otras formas de gestión económica (Ndi y Batter- bury, 2017: 35-37). Al mismo tiempo, se potencia el estallido de conflictos, ya sean disputas y con- frontaciones dentro de esas comunidades —inter- comunitarios— como entre ellas y las autoridades estatales o con las empresas privadas involucradas (Ndi y Batterbury, 2017: 43 y 44).
Las autoridades frecuentemente argumentan que las poblaciones locales tienen derecho a usar la tierra, pero no de poseerla como propiedad, por lo que aun teniendo un certificado no tienen derechos sobre los recursos minerales del subsue- lo. Por lo tanto, el acceso a la tierra y los recursos forestales se les restringe cada vez más y las comu- nidades se ven obligadas a intensificar sus cultivos en las parcelas que les quedan o si no, tienen que buscar otras —menos fértiles— para extender los cultivos. Todo ello genera conflictos adicionales por cuestiones de tenencia de la tierra entre comu- nidades y aldeas,6 y también con las agro-empre- sas, que cuentan con el apoyo de las elites locales y del Estado (Ndi y Batterbury, 2017: 46). Otras de las consecuencias socioeconómicas y cultura- les de estos conflictos pueden ser las siguientes: falta de confianza por parte de los aldeanos frente a sus líderes, ya que los primeros se sienten trai- cionados; continuo declive de las redes sociocul- turales, debido a la desconfianza entre los líderes de las aldeas, por lo que importantes eventos so- cioculturales son cancelados; y disminución del valor ancestral de la tierra —lugares sagrados y sus conexiones con sus antepasados—frente a su mercantilización para satisfacer las demandas del mercado neoliberal (Ndi y Batterbury, 2017: 52 y 53).
En lo relacionado con la venta de tierras en África, el investigador Silvio Baró destacaba la “naturaleza multifacética de las amenazas que este proceso tiene para las naciones africanas” (Baro, 2009): la escasa transparencia con la que se nego- cian los contratos; la contradicción que supone que
una nación con problemas de hambruna, emplee sus recursos para producir materias primas para otro Estado; la desconfianza que generan los pagos entregados a gobiernos corruptos y las comisiones que probablemente se han debido pagar; el hecho de que algunas de las tierras cedidas sean utiliza- das por campesinos sin títulos de propiedad, la
6 Por ejemplo, en la Subdivisión de Nguti existen tres clanes patrilineales: el Upper Balung, Mbo y Bassosi. El clan Upper Balung cuenta con 6 000 personas. El Mbo, es el más remoto, está localizado alrededor del Santuario Banyang Mbo con aproximadamente 15 000 individuos. El Bassosi es el clan más grande, con unas 18 000 personas. Estas comunidades se han enfrentado entre sí, por adquirir mayores parcelas de tierra (Ndi y Batterbury, 2017: 38, 41 y 44).
posibilidad de que las adquisiciones de tierras pro- voquen expropiaciones o usos no sustentables.
También Baró apuntaba el riesgo de que los po- bres se vieran desposeídos o se les impidiese el acceso a la tierra, el agua y otros recursos; la po- sibilidad de que las inversiones realizadas por los extranjeros se caractericen por una utilización in- tensiva de fertilizantes y pesticidas químicos que a la larga generen una degradación de los suelos; la eventual modificación de la estructura produc- tiva a favor de producciones para la exportación y la fabricación de biocombustible, lo cual afecta- ría la seguridad alimentaria de las poblaciones de los países anfitriones (Baro, 2009: 1). Por lo tanto, dichas asignaciones de cantidades considerables de tierras conducen así, al desplazamiento for- zado de comunidades agrícolas y forestales, las cuales tienen que reubicarse en otros poblados y ciudades, fomentado la migración campo-ciudad, alterando sus estilos de vida y de trabajo.
Las causas de la movilidad en África son muy variadas. Se puede producir como resultado de conflictos armados, de crisis políticas, del accio- nar terrorista, de una adversa situación econó- mica e incluso por cuestiones relacionadas con la pérdida de los medios tradicionales de vida —des- trucción de las cosechas, muerte del ganado por adversidades climáticas o por los procesos descri- tos anteriormente de privatizaciones de las tierras. Esta multicausalidad de factores contribuye a la movilidad forzada de las poblaciones hacia po- blados y centros urbanos. Como resultado, se es- tá produciendo un crecimiento de los pueblos y ciudades.
Los problemas en torno a la aceleración de la ur- banización son analizadas por los autores Förster y Ammann (2018) así como por el profesor suda- fricano, Gabriel Tati (2016) los cuales deconstru- yen la idea de que África sea un continente rural por excelencia. Dichos especialistas coinciden en cuanto a las proyecciones urbanas que han sido elaboradas por las Naciones Unidas y según las cuales más de la mitad de la población de la ma-
yoría de los países africanos vivirá en las ciudades para el 2030 —Tati incluso maneja el escenario de 2025. La tendencia indica que el pronóstico se está cumpliendo, debido a los cambios espaciales acelerados que se están produciendo en las peri- ferias de las ciudades.
Las zonas rurales en los entornos de las ciuda- des están siendo absorbidas por el crecimiento de las mismas. Todo ello genera modificaciones en los estilos de vida tradicionales de las comunidades cercanas, que se van urbanizando paulatinamen- te, ya sea por la migración forzada campo-ciudad, como por la propia expansión de las ciudades. El incremento demográfico y la urbanización de la población africana, a su vez genera otros retos ante la falta de adopción de políticas públicas: la proli- feración de asentamientos periféricos, incremento de la delincuencia, pocas opciones de trabajo para asumir la fuerza laboral y falta de infraestructuras para los servicios básicos. Dichos autores hacen un llamado a replantearse las concepciones tradi- cionales sobre los espacios urbanos, así como las políticas estandarizadas con respecto al desarrollo. Förster y Ammann plantean que existe una gran diversidad en cuanto al progreso urbanístico en la región y de ahí los amplios retos que tienen que enfrentar los actores gubernamentales frente a este problema: vulnerabilidad de los espacios urba- nos, los niveles de inseguridad y pobreza, así como la competencia por el acceso a recursos, el sumi- nistro de servicios sociales básicos y, el control y gestión de dichos entornos sociales (Förster y Ammann, 2018: 6). Otras de las características presentes es el fuerte vínculo entre lo rural y lo urbano, debido a los patrones de migración circu- lar campo-ciudad. Un elemento adicional es la creación de grandes zonas periféricas por la urba- nización informal y la supremacía de los centros
urbanos en la política.
También presentan varios enfoques relacionados con los estudios urbanísticos en África, tales como el que asocia la urbanización con el desarrollo, si- guiendo los patrones occidentales o el enfoque afropesimista que describe necesariamente a las ciudades africanas como violentas, ingobernables y caóticas debido a la falta de infraestructuras,
donde impera la corrupción, la pobreza y el cri- men (Förster y Ammann, 2018: 5). Por esto, los autores proponen separarse de esta visión sim- plista de modernidad y desarrollo para enfocarse en cómo varios actores maniobran y resisten para adaptarse a la vida cotidiana en los ambientes ur- banos africanos.
Al mismo tiempo, critican las políticas de coope- ración y ayuda al desarrollo impulsadas por orga- nizaciones internacionales y sobre todo por parte de algunos países europeos, destinadas solo a los espacios rurales —según la concepción de que África sigue siendo un continente rural— y que buscan “reducir” la pobreza en estas áreas, al “apo- yar” a los agricultores a mejorar sus producciones, “promover” el uso sustentable de la tierra y a “de- sarrollar” estrategias para mitigar los impactos del cambio climático y de esta manera reducir los flu- jos migratorios hacia las ciudades. Mientras tanto, estas políticas de cooperación no tienen en cuenta los problemas presentes en los espacios urbanos (Förster y Ammann, 2018: 7).
Los autores se oponen —al igual que Gabriel Tati— a las visiones estereotipadas que existen sobre los llamados espacios urbanos “informales” para proponer una perspectiva que integre estos asentamientos periféricos con los centros urbanos formales. Ellos analizan las interrelaciones que existen entre estos dos espacios, a pesar de los pro- blemas de exclusión a los que se enfrentan las co- munidades que recién llegan a los grandes centros y plantean que la desregulación de estos procesos no significa necesariamente desorganización. Un enfoque similar se puede constatar en los análi- sis que realiza Gabriel Tati en su estudio de caso
centrado en la ciudad costera de Pointe-Noire en Congo-Brazzaville.7
La expansión urbana es una característica per- manente en Congo-Brazzaville, donde existe una ausencia de planificación estatal en lo que se refiere a las políticas de urbanización, por lo que las ciuda- des crecen sin una regulación establecida. En su es- tudio, Tati analiza el desarrollo de nuevos espacios suburbanos a través de la adquisición de tierras, sin una normativa que regule dicho proceso de creci- miento urbanístico. En el caso específico de Poin- te-Noire8 existen grandes extensiones de tierras que se venden sin control público y donde median la corrupción, la especulación financiera y delitos generados por la compra-venta de propiedades. La reducción del papel de Estado, en la dirección de estos procesos, responde a la lógica neoliberal de la desregulación.
Si bien es cierto que el crecimiento de las ciu- dades en África genera la proliferación de barrios marginales y el asentamiento de personas ilega- les, no todas las zonas periféricas tienen estas ca- racterísticas, debido a que se crean también áreas exclusivas como parte de la política de construc- ción de barrios residenciales de clase media. En estas zonas en particular, los niveles de especu- lación inmobiliaria son muy altos y están en rela- ción con los costosos estándares de vivienda y propiedad que genera un centro residencial para personas de ingresos medios a altos. Por lo gene- ral, van acompañado del fomento de áreas indus- triales y centros de negocio.9 Las pocas escuelas que operan en dichas áreas son privadas. De esta manera, las clases medias y altas contribuyen a la creación de nuevos espacios excluyentes, tanto en
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7 La ciudad de Pointe-Noire es la segunda más grande de Congo-Brazzaville, con una población de aproximadamente de 715 334 habitantes (Tati, 2016: 32).
8 Desde la década de 1990, Pointe-Noire ha experimentado un fuerte crecimiento económico, convirtiéndose en un polo de atracción de migrantes debido al boom de la industria petrolera. En los últimos años, la ciudad ha incrementado su población a razón de una tasa del 7,5% anual (Tati, 2016: 32).
9 Este proceso se puede evidenciar por ejemplo en Dakar, donde el gobierno senegalés ha implementado una serie de proyectos de carreteras como la autopista de peaje que une la capital del país con el aeropuerto internacional Blaise Diagne (AIBD), así como la ejecución de una nueva línea de tren: Regional Express (TER), con una longitud de 55 km desde el centro de Dakar a dicho aero- puerto. Toda esta zona incluye el desarrollo infraestructural de Diamniadio, con la construcción de edificios residenciales, centros de negocio, un estadio y varios conjuntos de hoteles, la mayoría de ellos ya han sido ejecutados y otros están en operaciones.
la producción como en el consumo de bienes y servicios (Tati, 2016: 46 y 47).
Un tema aún más problemático es el de la con- versión de espacios rurales en actividades econó- micas urbanas, según apunta Gabriel Tati. Como se ha analizado en otros contextos, donde la pri- vatización de tierras para el agronegocio (Ndi y Batterbury, 2017) y la minería (Ofosu-Mensah, 2017 y Müller-Koné, 2015), ha generado no solo el desplazamiento de personas sino la destrucción de los medios de subsistencia de las comunidades locales, ahora se estaría en presencia de la pérdida de áreas rurales en los entornos de las ciudades, que pudieran ser utilizados para la agricultura y que se convierte en espacios urbanos (Tati, 2016: 44). De esta forma, se ha alentado la especulación y la comercialización de dichas parcelas con fines urbanísticos, como resultado de las políticas de ajuste estructurales y la mercantilización de la tie- rra (Tati, 2016: 38). Como consecuencia, ciertos terrenos rurales y comunales se transforman en zonas residenciales, no sin antes generar conflic- tos legales por derechos de propiedad.
Como se ha evidenciado, África se encuentra en un proceso de transición marcado por el paso de entornos rurales a los urbanos.10 Para los retos que supone esta transformación espacial, no están preparados los países de la región. Tendrían que lidiar con la falta de presupuesto para impulsar las infraestructuras necesarias —espacios recrea- tivos, parques infantiles y carreteras— así como servicios básicos —escuelas y centros de salud—, en un contexto neoliberal, donde el gasto público se ha reducido. A pesar de ello, iniciativas locales como las descritas por Förster y Ammann en cuan- to a cómo se organizan los trabajadores del sector informal de la economía dentro de estos espacios periféricos,11 es un ejemplo de la inventiva africana para sobreponerse a problemas estructurales.
Frente al cambio climático, los problemas ambien- tales, la destrucción de los ecosistemas y la conta- minación ambiental, se fueron creando en África los llamados parques nacionales o reservas natu- rales. Muchas de estas zonas habían surgido como parte de los programas de conservación de la vida animal y la fauna. Sin embargo, estas zonas prote- gidas no han escapado tampoco de las dinámicas impuestas por las políticas neoliberales. Con el boom de la mercantilización de las tierras, algunos fueron convertidos en parques privados en ma- nos de actores nacionales y extranjeros. Se planteaba que la iniciativa privada fomentaría la inversión y un mayor dinamismo del turismo ecológico a través de la construcción de hoteles, los safaris fo- tográficos e incluso la llamada caza “deportiva”.
En torno a estos parques ha habido también polémicas por los impactos que han tenido sobre los estilos de vida de las poblaciones locales en las áreas cercanas a ellos. Como resultado, varias co- munidades son forzadas a relocalizarse en otras zonas con menos recursos, lo cual también modi- fica sus estilos de vida. A otras se les ha prohibido realizar la caza tradicional de subsistencia dentro de esos parques o en sus entornos e incluso llegan a ser confundidos con los cazadores furtivos.
Se suele confundir el concepto de caza furtiva con las actividades de caza realizadas por las co- munidades locales para su subsistencia o cuando estas comunidades matan a determinados anima- les como represalia, en especial cuando destruían sus cosechas o cuando algún ser humano resul- taba muerto (Ochieng, Visseren-Hamakers y Van Der Duim, 2020: 342). Mientras tanto, la caza fur- tiva es la que se realiza con motivos comerciales para obtener los cuernos de los rinocerontes o el marfil de los elefantes, destinados a un comercio
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10 Algunos países africanos como Congo-Brazzaville ya han llegado a esa etapa. Según su censo de 1984, 52% de la población de Con- go-Brazzaville ya vivía en ciudades. Para el 2012 ya el 71% de la población estaba urbanizada (Tati, 2016: 30).
11 El sector informal se refiere a los trabajadores no regulados, a veces ilegales y que tiene empleos no oficiales y en pequeña escala, dentro de los centros urbanos. El sector informal es identificado como el que más aporta el PIB de los países y no necesariamente son personas pobres. Estos trabajadores adoptan sus propias estrategias de trabajo, tienen sus propias reglas y se protegen entre ellos (Förster y Ammann, 2018: 9 y 11).
ilícito internacional (Ochieng, Visseren-Hamakers y Van Der Duim, 2020: 351). Aunque, en térmi- nos legales ambas manifestaciones son entendi- das como formas de cacería furtiva. Estos temas son igualmente analizados por K. Carlson, Joanna Wright y Hannah Dönge (2015).12 Una de las me- didas adoptadas para mitigar este fenómeno es la creación de zonas protegidas.
En África oriental los niveles de caza furtiva se habían incrementado en un 50% entre 2010 y 2013, mientras que África austral tenía el menor por- centaje. Las debilidades institucionales de los paí- ses de África occidental y central es un reto para la protección de los elefantes, así como los con- flictos, la proliferación de armas y los grupos cri- minales. A pesar de los esfuerzos por reintroducir rinocerontes en áreas protegidas en Sudáfrica13 y la adopción de acciones locales de grupos de la sociedad civil,14 el ritmo de la caza furtiva sigue creciendo. Debido al incremento de los precios de los cuernos de rinocerontes, los cazadores entran a las áreas protegidas asistidos por colaboradores locales que ayudan a localizarlos.
En la actualidad hay una pérdida de territorios en áreas poco pobladas y un reforzamiento de es- pacios o áreas protegidas en contexto de alta den- sidad poblacional. En este sentido, el incremento de la actividad humana y la densidad de pobla- ción han introducido estos cambios relacionados con la pérdida de espacios verdes. Sobre este te- ma coinciden en sus análisis tanto Bortolamiol, Raymond y Simon (2017) como Carlson, Wright y Dönge (2015). Este es un elemento muy signi- ficativo debido a los impactos que la acción del ser humano y la sociedad industrial tienen sobre los diferentes ecosistemas. La transformación de los hábitats naturales se produce por los efectos de la deforestación y la explotación de los recursos na-
turales (Bortolamiol, Raymond y Simon, 2017: 397) incluido la comercialización ilegal de marfil, con la cual se financian incluso grupos armados pro- gubernamentales como en el este de la República Democrática del Congo (RDC).
Esta problemática de la caza furtiva se exacer- ba en regiones como la de África central donde hay gobiernos débiles, una fuerte inseguridad por presencia de grupos armados, así como altos nive- les de pobreza. En estas zonas, donde la inversión pública y privada es muy baja y las oportunida- des de trabajo son limitadas, la caza furtiva es una forma “atractiva” y alternativa de ganarse el sus- tento (Carlson, Wright and Dönge, 2015: 11). Las modificaciones de los espacios geográficos, ya sea por la intervención directa del hombre o indirecta
—efectos negativos del cambio climático, defores- tación, contaminación ambiental, incremento de la actividad urbana, también introducen cambios en el entorno, que afectan la vida y el comporta- miento de los animales.
Parte de estas problemáticas son analizadas por (Ochieng, Visseren-Hamakers y Van Der Duim, 2020) (caza deportiva en Uganda) y Mushon- ga (2021: 3-12) (la militarización de las políticas de conservación). Todos estos autores tienen en cuenta las políticas gubernamentales dirigidas ha- cia la conservación de la vida silvestre y el medio ambiente, pero con un enfoque crítico, porque la mayoría de ellas no son efectivas o generan otros problemas, como los analizados por Mushonga en lo referido a las condiciones de trabajo de los guar- daparques. También todos abordan los impactos directos e indirectos sobre las poblaciones locales.
A través de dos casos de estudio —el Parque Nacional del Lago Mburo y el área protegida de Kabwoya— ambos en Uganda, Ochieng, Visse- ren-Hamakers y Van Der Duim analizan los im-
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12 La caza furtiva es el asesinato ilegal de la vida silvestre, contrario a las legislaciones nacionales e internacionales. La subregión de África central es la más afectada. Países como Angola, Camerún, RDC, Gabón, Kenia, Nigeria, Tanzania y Uganda desarrollan planes nacionales para hacer frente a al tráfico de marfil y la caza furtiva (Carlson, Wright and Dönge, 2015: 10).
13 Más del 80% de toda la población de rinocerontes de África está en este país.
14 Los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y grupos de conservadores están actuando para apoyar a las comunidades lo- cales en sus esfuerzos contra la caza furtiva, pero al mismo tiempo se está produciendo una militarización de las unidades anti caza furtiva, lo cual ha tenido consecuencias negativas (Carlson, Wright and Dönge, 2015: 22 y 25-26).
pactos que ha tenido, la reintroducción, por parte del gobierno ugandés, de la caza deportiva a par- tir de 2001. Según las autoridades de ese país, la implementación de las políticas que fomentan esta práctica tenía como objetivo reducir los conflictos entre los seres humanos y la vida silvestre, en es- pecial la caza furtiva practicada por los residentes locales. De esta forma, se pretendían cambiar las actitudes “negativas” de dichas poblaciones hacia la vida silvestre y promover programas locales fi- nanciados con los ingresos obtenidos.
Es decir, estas políticas, tenían como objetivo que, los recursos financieros obtenidos por la caza deportiva fuesen destinados a promover el de- sarrollo socioeconómico de las comunidades lo- cales y el fomento de programas de conservación de la vida silvestre en áreas protegidas (Ochieng, Visseren-Hamakers y Van Der Duim, 2020: 341 y 343). Sin embargo, el estudio demuestra que a pesar de que algunos recursos fueron usados pa- ra promover servicios sociales —muy reducidos— a través de los proyectos de desarrollo local, no hubo ninguna evidencia de que los fondos fueran empleados para fomentar la conservación de la vida animal (Ochieng, Visseren-Hamakers y Van Der Duim, 2020: 352).
Según sus investigaciones, no se demostró la efectividad de esta política destinada a reducir la caza furtiva debido a que el número de caza- dores, detenidos por las autoridades, se mantuvo muy bajo (Ochieng, Visseren-Hamakers y Van Der Duim, 2020: 347). A su vez, los residentes lo- cales cambiaron en cierto modo sus actitudes “ne- gativas” hacia la vida silvestre, pero estaban más preocupados por su bienestar económico que por la conservación de los animales. Los supuestos beneficios económicos que habían recibido las poblaciones locales —ingresos monetarios, gene-
ración de empleo, la distribución de la carne del animal y las infraestructuras construidas— no fueron equitativos (Ochieng, Visseren-Hamakers y Van Der Duim, 2020: 349). La mayoría de los ingresos quedaban en manos de los gobiernos lo- cales, de las empresas privadas a cargo de la caza deportiva y de los propietarios de tierra de mayor prestigio.15
Otra de las polémicas en torno a las áreas pro- tegidas, además de esta que tiene que ver con el fomento institucional y regulado de la caza de- portiva, sería el relacionado con la militarización de dichas zonas.16 Por lo general, esta discusión se ha centrado en la violencia ejercida contra las poblaciones locales que cazan en estas áreas por razones de subsistencia o contra los cazadores furtivos. Sin embargo, se pasa por alto las condi- ciones de trabajo de los guardias forestales —mi- litarizados— y los retos a los que estos tienen que hacer frente, no solo en su accionar diario sino, inclusive, frente a las instituciones que regulan esta labor. Precisamente a este tema se acerca la investigadora Mushonga T. con su estudio de caso sobre las experiencias laborales y de vida del per- sonal paramilitar que labora en la Reserva Fores- tal Sikumi,17 un bosque estatal gestionado por la Comisión Forestal de Zimbabwe.
Las fronteras porosas del bosque han facilitado la realización de actividades ilegales tales como acceso a recursos forestales maderables y no ma- derables por parte de las comunidades locales y así como el comercio de marfil por parte de los cazadores furtivos. Con este ejemplo Mushonga aborda varias de las problemáticas en torno a las políticas de militarización en las áreas protegidas o parques nacionales, pero desde una perspecti- va diferente: la violencia estructural ejercida con- tra los guardias forestales. La lucha contra la caza
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15 De los 2 591 propietarios de tierras, solo 461 habían recibido algún beneficio directo de dichos ingresos (Ochieng, Visseren-Ha- makers y Van Der Duim, 2020: 346).
16 Mushonga denomina “conservación militarizada” al uso de paramilitares por parte del Estado, como uno de los mecanismos para la conservación animal frente a la caza furtiva (Mushonga, 2021: 10 y 11).
17 La Reserva Forestal Sikumi se ubica en el noroeste de Zimbabwe. El Bosque de Sikumi es uno de los 21 bosques reservados en Zimbabwe. Tiene un tamaño de 54.400 ha. En su lado noroeste, comparte una frontera permeable con el Parque Nacional de Hwange (Mushonga, 2021: 4).
furtiva es una de las actividades clave en la ges- tión de la conservación en el Bosque de Sikumi. Sin embargo, la forma en la que esta actividad se organiza no es la más adecuada. En este sentido, las políticas nacionales con respecto a los recur- sos forestales no son eficientes y las cuestiones medioambientales han recibido una baja priori- dad. Se descuidan las políticas de conservación mientras se ha fomentado una militarización de estas zonas.
Otra de las aristas vinculadas directamente con la necesidad de adoptar políticas coherentes de conservación y con los principios de la llamada “economía verde” en un contexto neoliberal se- ría el relacionado con la gestión de los recursos hídricos: tanto para el desarrollo agrícola como para la producción de energía. Los recursos hídri- cos constituyen una fuente vital para el desarrollo económico de los países ya sea como fuente de alimentos, como vías para el comercio interior o para la generación de electricidad. En África se encuentran varios sistemas fluviales —el río Ní- ger, el río Congo y el río Nilo— además de una amplia red de ríos más pequeños, pero igual de transcendentales.
El río Nilo es primordial para el desarrollo so- cioeconómico de los once Estados por los cua- les transita. Su complejo ecosistema presenta un conjunto de retos, amenazas, oportunidades y po- tencialidades de desarrollo económico para los Estados ribereños de este sistema fluvial. Este te- ma es abordado por Kimenyi y Mbaku (2015) sin dejar de lado las implicaciones políticas que pu- diera tener una redistribución de sus aguas, como está a punto de ocurrir cuando se termine el lle- nado de la Gran Presa del Renacimiento Etíope.
La principal actividad económica del área en torno al Nilo sigue siendo la agricultura, la cual suministra empleo a más del 75% de toda la fuer- za de trabajo de esos países. Por lo tanto, la agri- cultura ha sido el sector de mayor diversificación económica. Egipto y Sudán son los que poseen la mayor cantidad de tierras cultivables con amplios
sistemas de irrigación para la explotación de las aguas del Nilo (97%) y los más altos niveles de productividad (Egipto de 7.6 t por hectárea) (Ki- menyi y Mbaku, 2015: 13 y 14). Los autores con- trastan estos datos con los del resto de los Estados ribereños que todavía no contaban con altos ni- veles de desarrollo de estos sistemas de irrigación para la agroindustria, donde las potencialidades de producción de alimentos siguen siendo altas. En este sentido, ponen el ejemplo de cómo Sudán del Sur, con más del 90% de su territorio apto pa- ra la actividad agrícola, solo utiliza el 4% de sus tierras (Kimenyi y Mbaku, 2015: 15).
Aquí los autores identifican una de las potencia- lidades subutilizadas por la falta de políticas pú- blicas que busquen captar recursos financieros e invertir en el desarrollo de sistemas de irrigación para la agricultura a diferentes escalas —desde la local hasta el nivel más industrializado— y lograr la seguridad alimentaria de la región. Con respec- to al Nilo, se identifican un conjunto de variables que inciden negativamente sobre su ecosistema: agricultura intensiva (concentrada en Sudán y Egipto) que es el principal consumidor de los re- cursos hídricos del Nilo, seguido por el incremen- to de la población, la urbanización, la degradación ambiental, la debilidad de algunos de los gobier- nos del área, los niveles de inseguridad por guerras civiles y las consecuencias negativas del cambio climático, que sería uno de los retos más impor- tantes a futuro, por las alteraciones en el régimen de precipitaciones y la evaporación del agua por la elevación de la temperatura.
Un tema primordial para hacer frente a todas estas amenazas en el plano ambiental, social y eco- nómico sería lograr el uso equitativo, justo y ra- zonable de las aguas del sistema fluvial del río Nilo, así como la sustentabilidad del ecosistema, para lo cual se deben reescribir y adoptar nuevos acuerdos, en el marco de los países que integran la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI, por sus siglas en inglés), que busquen una gestión más ra- zonable de este ecosistema. Este tema está siendo el principal motivo de la disputa geopolítica en torno al control de Nilo a raíz de la construcción de la represa en Etiopía.
Un fenómeno similar al que ocurre en torno a las zonas protegidas se produce cuando se llevan a cabo grandes obras de infraestructuras como las presas, embalses o hidroeléctricas: las comunida- des locales se ven obligadas a desplazarse. Sobre el tema de los recursos hídricos para la obtención de energía, Green, Sovacool y Hancock (2015) anali- zan las problemáticas relacionadas con la seguri- dad energética en el continente africano y en par- ticular en la República Democrática del Congo (RDC) a raíz de la construcción de un megapro- yecto hidroeléctrico en la región de Bajo Congo denominado Gran Inga Dam (Green, Sovacool y Hancock, 2015: 135). Los autores plantean cua- tro dimensiones que estarían relacionadas con la seguridad energética: disponibilidad, eficiencia, rentabilidad y la administración, así como las re- laciones que se producen entre estas variables.
Ante este panorama, la RDC, el Banco Africano de Desarrollo y Sudáfrica, a través de la SADC y otros inversores internacionales, impulsan la cons- trucción de la hidroeléctrica Gran Inga Dam, con el objetivo de fomentar la integración energética de la región mediante la exportación de energía a lo largo de una red de transmisión que conec- taría a varios países del área (Green, Sovacool y Hancock, 2015: 136 y 137). Aunque se plantean puntos positivos como los relacionados con la creación de empleos en el sector de la construcción, la captación de inversión extranjera directa y el incremento de la generación eléctrica, se señalan también los posibles impactos medioambientales de este proyecto: deforestación del área que ocu- pen las infraestructuras que se construyan, afec- taciones a largo plazo de la cuenca del río Congo producto de alteraciones en la calidad y el flujo del agua, así como erosión de los bancos de los ríos que conforman el sistema fluvial y disminución de las poblaciones de peces.
A su vez, todo ello tendría un impacto negativo sobre las poblaciones locales que se verían obliga- das a desplazarse. Como ya se ha visto, esta es una
de las tendencias que se repiten en varios escena- rios. En la práctica, las comunidades no tendrían acceso a energía limpia en un país que tiene solo un 4% de acceso a electricidad en las zonas rurales y un 25% en las zonas urbanas (Green, Sovacool y Hancock, 2015: 135). Por lo tanto, el debate está en torno a quiénes podrían ser los verdaderos benefi- ciarios de este proyecto y sus implicaciones.
No se debe obviar que los Estados africanos tie- nen derecho a impulsar sus propias infraestruc- turas que eventualmente deben tener un impacto en la economía nacional y regional. En el contex- to neoliberal, aunque se apropien de los precep- tos de la “economía verde”, para las elites y el gran capital transnacional, lo importante solo es maxi- mizar las ganancias. Por lo tanto, y por regla gene- ral, estos megaproyectos no tienen en cuenta las repercusiones negativas a corto y largo plazo, ya sea en el plano ambiental como los efectos locales más inmediatos: la posibilidad de contaminación de los recursos hídricos, de por sí ya afectados por los efectos de la actividad minera artesanal.
África Subsahariana posee una gran cantidad y variedad de minerales estratégicos, los cuales han acaparado los principales flujos de inversión extrajera directa para su explotación y comercia- lización.18 Sin embargo, buena parte de dichos mi- nerales son explotados de manera artesanal por productores locales. Las diferentes dimensiones de este tipo de producción artesanal, así como las condiciones de trabajo, las problemáticas socio- económicas de las áreas en las que estas labores se desarrollan, las consecuencias medioambien- tales de su producción y sus repercusiones so- bre las poblaciones locales, son analizadas por Ofosu-Mensah (2017) y Müller-Koné (2015).
Por la subregión de África occidental destaca la producción artesanal de oro y diamante en la región de Akyem Abuakwa en Ghana,19 mientras
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18 Sobre el tema de las inversiones extranjeras en África ver a Silvio Baró Herrera (2006 y 2008b).
19 Ghana se divide en diez regiones, las cuales a su vez se dividen en 130 distritos. La zona de Akyem Abuakwa pertenece a la región Oriental (Eastern) en la zona y es el segundo de los reinos tradicionales más importantes del país después de los Ashanti.
que del África central resalta la conflictiva región del Este del Congo, en particular, la provincia de Kivu Sur. A través de estos dos casos de estudios se pueden constatar elementos comunes de estas problemáticas aplicables a otros contextos afri- canos. Estos autores analizan el fenómeno desde su multidimensionalidad, al estar intervinculado con otras muchas variables —políticas y econó- micas— pero sin perder de vista, la dimensión so- cio-ambiental.
En el caso de Ghana, importante centro de pro- ducción de oro y diamantes desde la época pre- colonial, Emmanuel Ababio Ofosu-Mensah se adentra en los aspectos históricos20 de la pro- ducción de oro en la región de Akyem Abuakwa21 para demostrar las características que aún se mantienen en las formas tradicionales de su ex- plotación. En la década de 1960 su producción entró en una fase de declive motivada por facto- res internos —mala gestión estatal de las minas— y externos —desinversión extrajera y caída de los precios de las materias primas— que obligaron al país a adoptar los programas de ajustes estructu- rales impuestos por el Banco Mundial y el FMI. A partir de 1980, se comenzó un proceso de privati- zación y de desregulación de la actividad minera. Esto propició el incremento de las empresas ex- tranjeras en el país y una ampliación de la minería artesanal.22 Al mismo tiempo, el Estado comenzó a otorgar enormes concesiones a dichas compa- ñías. Dichas tierras pertenecían a comunidades locales y en las cuales los campesinos, a duras pe- nas, se ganaban su sustento diario.
Aquí se produce el mismo proceso de privati- zación de la tierra y desplazamiento de las pobla- ciones locales tal y como explicaban Frankline A. Ndi y Simon Batterbury en el caso de Camerún
o N. Green; B.K. Sovacool y K. Hancock en la re- gión de Bajo Congo en la misma RDC. En Ghana este proceso de privatización se producía por con- cesiones mineras, mientras que en Camerún eran realizadas para desarrollar el agronegocio. En am- bos casos, dicho proceso repercute de manera ne- gativa sobre las comunidades y altera sus formas tradicionales de vida, como se ha analizado.
En Ghana, a partir de 1989, cuando se adopta la Ley de Minería de Oro a Pequeña Escala, el Esta- do inició la regulación de la producción minera, la cual permitió a los ghaneses solicitar una licen- cia para extraer oro en una parcela de tierra no mayor a los 25 acres, sin el uso de explosivos, du- rante tres a cinco años. Con esta ley surgieron dos grupos de mineros: los legalizados o registrados y los llamados galamsey (mineros artesanales ilega-
les en pequeña escala). Los autores plantean que
hasta el 85% de la producción artesanal del país es ilegal (Ofosu-Mensah, 2017: 76 y 77) muchos de ellos incluso trabajan en concesiones extranjeras. Debido a la burocratización existente, estos pro- ductores no pueden formalizarse.
Los métodos tradicionalmente utilizados pa- ra obtener oro en la región ghanesa de Akyem Abuakwa eran extremadamente sencillos. El más popular y rentable de todos era la excavación de pozos, seguido por el de extraer arena de los cau- ces de los ríos. La mayor parte del mineral de Abuakwa se ha producido por la técnica de mi- nería a cielo abierto, conocida en la actualidad como minería artesanal a pequeña escala (Ofosu- Mensah, 2017: 72). Debido la simplicidad de la tecnología y la densidad de población de épocas anteriores, la degradación ambiental fue insigni- ficante. El proceso de lavado de la arena no con- taminó permanentemente el agua porque no
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20 La minería de oro en Ghana tiene una gran tradición que se remonta a la época precolonial cuando se comercializaba a través de las rutas transaharianas desde la región de África occidental a las costas mediterráneas del norte de África y Europa en los siglos IX y X. (Ofosu-Mensah, 2017: 69)
21 Akyem Abuakwa es posiblemente el “estado” tradicional mejor dotado en recursos en Ghana. Su riqueza incluye oro, diamantes, bauxita, plata y otros recursos naturales, pero sin duda alguna, los que abundan en cantidades comerciales son el oro y los diamantes. (Ofosu-Mensah, 2017: 70).
22 Para 1998, el número de empresas que buscaban oro en el país había ascendido a 237, de ellas 154 ghanesas y 83 extranjeras (Ofo- su-Mensah, 2017: 76).
utilizaban productos químicos, como mercurio y cianuro, para extraer el oro. La minería artesanal actual, además de incorporar estas nuevas técni- cas más dañinas al medio ambiente, comenzó a utilizar los explosivos.
El incremento de los niveles de producción,23 las nuevas dinámicas de la minería a pequeña es- cala y las transformaciones de la tecnología em- pleada para ello, introdujeron efectos negativos sobre el medio ambiente. Se produjo la contami- nación de las fuentes de agua potable y la degra- dación de la tierra, por el uso de químicos tóxicos como el mercurio, que ha tenido implicaciones para la salud a largo plazo en las comunidades. Otro problema ambiental que persiste es la de- gradación excesiva de la tierra.
La búsqueda de nuevos terrenos conlleva a la deforestación, afectando negativamente la produc- ción agrícola. Los cambios en el uso de las tierras agrícolas han reducido la biodiversidad y ha dis- minuido la disponibilidad de plantas medicinales. Por lo tanto, hay tres temas vitales que el autor identifica: los temas de la salud, la seguridad y la degradación ambiental como resultado de la ac- tividad minera descontrolada, y concluye que las políticas gubernamentales han sido ineficientes en el enfoque medioambiental del problema.
Problemas similares a los experimentados en Ghana fueron identificados por Müller-Koné (2015) con su trabajo centrado en la provincia de Kivu Sur, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), con el agravante de que, a diferen- cia de Ghana, en esta región operan grupos arma- dos de las más diversas características. Müller-Koné se enfoca en analizar las políticas de gestión y con- trol del sector minero en esta área en particular, a raíz de un conjunto de iniciativas transnacionales
—de gobiernos, organizaciones intergubernamen- tales, organismos internacionales y ONG— que demandan la certificación de los minerales pro- ducidos en el país, como no provenientes de zonas
de conflicto (Müller-Koné, 2015: 146). Aquí se in- troduce un nuevo concepto en la problemática de la minera en África Subsahariana.
La implementación de esta normativa ha gene- rado contradicciones internas en la gestión de los recursos mineros en el país. La realidad sobre el terreno hace muy difícil poder aplicar, de manera íntegra, dichos presupuestos internacionales. En este sentido, la autora analiza las dinámicas po- líticas y económicas que intervienen en toda la cadena de producción minera, desde la forma en la que se asignan las licencias de explotación mi- nera, hasta cómo se organiza el control local de la producción y las formas de comercialización (Müller-Koné, 2015: 149). En todo este proceso interviene un conjunto de actores, estatales (au- toridades nacionales, provinciales y locales, así como las fuerzas armadas nacionales) y no esta- les (grupos militares, autoridades tradicionales y empresas transnacionales) que dificultan poder homogenizar o estandarizar las políticas guber- namentales en este sentido (Müller-Koné, 2015: 157 y 158).
Las cambiantes relaciones de poder en el terre- no, ya sea por el avance o retroceso de los grupos armados locales que controlan buena parte de la producción minera artesanal, en alianza con je- fes tradicionales e incluso con militares guberna- mentales, hacen muy difícil poder certificar de manera legal la producción minera y controlar las redes de comercialización transnacional de esta producción. Aunque se trate de regular y garanti- zar que los minerales no provengan de “zonas de conflicto” o que en su producción no participen niños o mujeres, las condiciones de subsistencia locales hacen muy difícil que esta situación pueda cambiar, debido a que la población local depende de la economía informal.24
Un aspecto a profundizar en esta temática de la producción minera artesanal en las regiones del este de la RDC sería el papel de las empresas
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23 La producción de oro aumentó significativamente. Pasó de 285 291 onzas en 1983 (con cuatro minas) a 1,7 millones de onzas en 1995 (con 10 minas y pequeños productores), lo que convirtió a Ghana en el segundo productor más grande del continente después de Sudáfrica y el oro se convirtió en la mayor fuente de divisas del país, desplazando al cacao (Ofosu-Mensah, 2017: 76).
24 Sobre el concepto de economía informal (Förster y Ammann, 2018: 9).
transnacionales, en la producción y comercializa- ción de dichos recursos. Son evidentes las contra- dicciones que se generan entre estas y los actores locales, sobre todo, los mineros artesanales que son desplazados de sus áreas de producción por las licencias otorgadas por el gobierno a dichas empresas. Tampoco hay una garantía de que en las zonas explotadas por estas compañías se cum- plan también todas las regulaciones internacio- nales relacionadas con la actividad minera ni que cumplan con las disposiciones medioambientales como promueve la “economía verde”. Estas inves- tigaciones realizadas tanto por Emmanuel Aba- bio Ofosu-Mensah (2017) como por Müller-Koné (2015) corroboran cómo el funcionamiento de la minería ilegal ha provocado una mayor vulne- rabilidad de las poblaciones locales, infringien- do los derechos fundamentales de los pueblos y modificando sus formas tradicionales de vida, no sin antes generar problemas socioeconómicos y medioambientales.
La lógica neoliberal imperante en África desde mediados de la década de 1980 se ha puesto en sintonía ahora con las nuevas tendencias de la lla- mada “economía verde” que pretende incremen- tar la explotación de los recursos naturales con un enfoque más ecológico. En este contexto, la auto- ridad tradicional de los Estados sigue quedado re- ducido a un simple facilitador, pero no regulador de estas políticas económicas. El Estado abando- na parcialmente su función de inversión social y esta es traspasada a la iniciativa privada. El Estado aparece como facilitador de entornos empresaria- les propicios para permitir que el sector privado y las grandes empresas —tanto nacionales como extranjeras— asuman el liderazgo a través de las inversiones, ya sea en el formato de las corpora- ciones mineras, las del agronegocio, las del sector inmobiliario, que incide en las políticas de urba-
nización, o inclusive hasta en la privatización de algunas de las zonas protegidas.
Sin embargo, este proceso no siempre genera el tan anhelado desarrollo económico, no crea ne- cesariamente un beneficio para las comunidades locales y tampoco se garantiza la disminución del impacto real sobre el medioambiente y sobre los pequeños productores. Por lo tanto, en la reali- dad, no existe una correspondencia entre estos enfoques de la economía verde y las consecuen- cias de las políticas de privatización de la tierra, de las políticas de urbanización y conservación de la vida silvestre ni las relacionadas con el sector de la minería.
Parte de estas dinámicas se han podido cons- tatar en los casos de estudios aquí analizados: la minería artesanal en Ghana y la RDC, la privatiza- ción de las tierras agrícolas en Camerún, la terri- torialización de las áreas dedicadas al cultivo y la ganadería por parte de actores privados y estatales en el Sahel, y las contradicciones que estos procesos han generado con las poblaciones locales. Las elites políticas y los gobiernos locales, por lo general, no responden a los intereses de las comunidades, las cuales quedan marginadas de los procesos de toma de decisión y cuyas formas de vida tradicional son modificadas, ya sea por la actividad minera, el des- plazamiento forzado de personas, los conflictos in- tercomunitarios y las migraciones que se producen del campo a la ciudad.
Al abordar estas problemáticas, no se trata de tener un enfoque afro-pesimista o afro-optimista, sino objetivo, sobre la realidad africana y la forma en la que se llevan a cabo la implementación de las políticas y sus consecuencias sobre las poblaciones. Aunque falta mucho para que se adopte un supues- to “cambio” dentro del paradigma económico, hay que reconocer que aún en este contexto marcado por el neoliberalismo y sus consecuencias, los paí- ses africanos, como tendencia general, han avanza- do en sus indicadores socioeconómicos.
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